Moncloa da la razón a Bildu en su relato de los Sanfermines de 1978. El Ejecutivo reconoce que en estos «terribles» sucesos, que se saldaron con un joven muerto y más de 150 heridos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ejercieron «una violencia sistemática y sistémica» contra aquellos que luchaban a favor de la libertad. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha comprometido este miércoles, en plena sesión de control al Gobierno durante una interpelación del grupo parlamentario abertzale, a esclarecer los hechos acaecidos aquel 8 de julio de hace 46 años y en consecuencia, a hacer avances en materia de reparación y reconocimiento de sus víctimas. La respuesta policial «no se movió —admite Torres— en parámetros precisos y obligados de respeto a los derechos humanos» y víctimas y familiares se merecen ahora un «reconocimiento institucional del Gobierno» para superar este periodo histórico de vulneración manifiesta de los derechos fundamentales «cometida desde las propias estructuras del Estado , por empleados del Estado». En este sentifo, el ministro ha considerado «coherentes, necesarias y absolutamente justas» las reclamaciones de Bildu y «entendido» que pidan al Gobierno concretar medidas. «Valoramos su voluntad para avanzar en la verdad», le ha respondido la diputada Bel Pozueta. El Ministerio, ha dicho Torres, se hará «eco» de las actuaciónes del Ejecutivo navarro (cuya Ley Foral 16/2019 ya regula el «reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos») a la par que avanza en el desarrollo de la ley de Memoria Democrática . Norma en la que tienen «encaje» estos sucesos, al igual que los de Vitoria de marzo de 1976, «para dignificar nuestra democracia honrando a quienes lo sacrificaron todo en su defensa, reparando años de olvido». En este sentido, el ministro ha anunciado que su departamento enviará al Consejo de Estado, de manera «inminente», el real decreto para la creación del Consejo de Memoria Democrática, que acogerá una «Comisión de la Verdad» encargada de «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los Derechos Humanos durante la guerra y la dictadura». Con este real decreto, el Ejecutivo desarrolla lo previsto en el artículo 57 de la citada norma, que entró en vigor en octubre de 2022. Esta comisión de ámbito estatal, de carácter académico, temporal y no judicial, e independiente, podrá recibir testimonios, informaciones y recopilar documentos que le permitan elaborar, ha explicado el ministro, recomendaciones y conclusiones «para la reparación de las víctimas y evitar que tales hechos vuelvan a repetirse en un futuro». A partir de ahí, creará un documento para sistematizar la información existente con el objetivo de «superar la fragmentación y dispersión de información y esfuerzos», a la vez que podrá proponer «un plan ordenado de investigaciones». En definitiva, «hoy se abre un nuevo camino a transitar» , ha finalizado el ministro de Memoria Democrática su intervención en la Cámara Baja. El 8 de julio de 1978 se produjo un tiroteo con víctimas mortales (entre ellas, la del joven estudiante Germán Rodríguez) y más de 150 heridos, once de ellos por disparos de bala, en la Plaza de Toros de Pamplona, en Navarra, en el que estuvo implicada la Policía Armada de la Comunidad Foral. Tras finalizar la corrida, varios jóvenes sacaron una pancarta que clamaba por la amnistía de los presos del franquismo, que suscitó un desencuentro con otras personas de las gradas y la actuación policial. Los altercados se extendieron por toda la ciudad y desencadenaron una huelga general en toda Navarra, además de protestas que se extendieron por Vitoria, San Sebastián y Bilbao.
