Cristina Seguí se ha sentado este miércoles en el banquillo de los acusados. La agitadora ultra se enfrenta a una petición de pena de cuatro años y medio de prisión por parte de la Fiscalía por difundir imágenes de unas menores víctimas de una agresión sexual (cuyos autores fueron condenados en sentencia firme) para cuestionar su testimonio. En las imágenes se reconocía el rostro y datos de las menores. El video —esta vez con las caras pixelados— también se difundió en un programa de Javier Negre, en el que la acusada cuestionó de plano la versión de las menores sobre la agresión sexual. La víctima sufrió graves consecuencias psicológicas e incluso intentó suicidarse, según ha relatado la madre en la vista oral ante el Juzgado de lo Penal número 10 de València. La chica está actualmente internada por razones terapéuticas. Dos menores fueron condenados en régimen cerrado entre tres y cuatro años por la agresión sexual grupal, acaecida el 16 de mayo de 2022 en Burjassot. En el juicio, Cristina Seguí ha estado arropada por el polémico exinspector de la Policía Nacional Ricardo Ferris, cesado por difundir bulos xenófobos.
La acusada, que se ha definido como “periodista”, se ha negado a contestar las preguntas de la fiscal y del letrado que ejerce la acusación particular en representación de la menor; sólo ha respondido a su defensa. Seguí ha declarado que una persona se puso en contacto con ella para facilitarle el video, que supuestamente circulaba en un grupo de WhatsApp formado por padres de alumnos del instituto de las menores y que había “producido escándalo”. La agitadora ultra ha asegurado que había una “disonancia” que le resultó “incomprensible” entre las afirmaciones y los gestos de las menores en el video “con niñas que han sufrido una agresión sexual”.
La psicóloga que atendió a la menor ha enumerado, en condición de perito, las graves consecuencias que ocasionó la publicación de su identidad. La perito confirmó la relación de causalidad entre la divulgación del video y el “agravamiento” del estado psicológico de la víctima. “Cuando yo la veo, estaba francamente mal. (...) Espero y deseo que esté atendida por un profesional”, ha dicho la psicóloga.
El relato de la madre de la víctima ha sido especialmente escalofriante. La mujer ha contado que su hija se encuentra actualmente en tratamiento psicológico y psiquiátrico. La menor ha intentado suicidarse, según ha relatado la testigo. “Delante de mí, se intentó tirar por la ventana”, ha afirmado. La víctima de la agresión seuxal grupal no sufría problemas psicológicos antes de los hechos y, a “consecuencia de la difusión del video”, sufrió acoso escolar y tuvo que cambiarse de centro en dos ocasiones. “Le echaban la culpa [de la agresión sexual]”, ha afirmado.
La estrategia de defensa de Seguí ha consistido en cuestionar que las chicas que aparecen en el vídeo sean las menores víctimas de la agresión sexual grupal en Burjasot. “Yo escuchaba la sentencia [condenatoria de la agresión sexual] y escuchaba a la perito [la psicóloga] y es imposible que sean las niñas, no puede ser”, ha afirmado. El letrado de la defensa también ha alegado que las acusaciones “le tenían ganas” a Seguí.
Juan Ángel C., el abogado que denunció la difusión de las imágenes ante la Fiscalía de Menores, ha recordado que en las imágenes “había datos de las menores donde se podían deducir sus datos personales”. “Como soy abogado, pensé: esto es ilegal”, ha declarado. Por su parte, Rubén Sánchez, secretario general de Facua, denunció los hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos y ha comparecido como testigo en la vista oral. Sánchez también ha declarado que en el video difundido “se las puede identificar por su nombre, su cara, el nick [apodo del usuario]”. “Las convierte en perfectamente identificables para terceros”, ha afirmado el testigo.
La fiscal Susana Gisbert, en la exposición de su informe de conclusiones, ha destacado los “efectos devastadores” que tuvo la divulgación del video por parte de Seguí y la consecuente “exposición pública” de la menor. También ha aludido al “hecho importantísimo de que son menores”. “Ninguna persona puede difundir la imagen de una menor para exponerla públicamente”, ha recordado la representante del Ministerio Público. La fiscal también se ha referido al “efecto multiplicador” de las redes sociales y ha tildado de “noticias falsas” o “fake news” las informaciones divulgadas por Seguí, además “sabiendo desde el primer momento que son menores”.
La acusación particular, que ejerce el letrado Juan Carlos Navarro, ha destacado la “diferencia abismal” entre la agitadora ultra, con cientos de miles de seguidores en redes sociales, y las niñas víctimas de la agresión sexual: “No es un trato de igual a igual”. “Estamos hablando de una persona especialmente vulnerable por tener 12 años”, ha agregado. En la actualidad, ha destacado el abogado, “perdura esa situación especialmente vulnerable”.
La Fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión por los presuntos delitos contra la integridad moral y descubrimiento y revelación de secretos con la circunstancia agravada de género. El Ministerio Público también pide la prohibición de aproximación de 500 metros a la menor durante cinco años así como la prohibición de acceder a la red social X por el mismo periodo y 15.000 euros en concepto de responsabilidad civil. La acusación particular eleva la responsabilidad civil a 50.000 euros por las secuelas que “a día de hoy todavía persisten”.
La agitadora ultra, según la acusación pública, reprodujo en su cuenta de Twitter y en su canal de Telegram el 19 de mayo de 2022 un video de Instagram colgado por una menor víctima de una agresión sexual en Burjassot. Dos menores fueron condenados por la violación en Burjassot a las dos menores de 12 y 13 años el pasado mes de abril.
El video fue publicado por la menor “en su ámbito privado y de duración limitada”, según la Fiscalía. Seguí, por su parte, reprodujo el video insinuando que las menores se habían inventado la violación, con la “intención de menospreciar a las víctimas de una agresión sexual por su condición de tales, por tratarse de adolescentes de sexo femenino con el conocimiento de que podría provocar reacciones encendidas tanto dirigidas a ellas como a las víctimas de delitos sexuales”, tal como efectivamente se produjo, llegando a ser 'trending topic'“, según el Ministerio Fiscal.
El mismo día, Estado de Alarma, el canal en Youtube de Javier Negre, emitió el video bajo el título “Desmontando la falsa manada de Burjassot, con Cristina Seguí”. En su intervención, Cristina Seguí “afirmó que las menores estaban fabricando una prueba falsa y que merecían que sus padres les pegase una hostia”. El programa de Negre, con 6.307 espectadores, pixeló los rostros de las menores “pero se mantuvo íntegro el audio”. Tanto el video difundido por Seguí como su intervención en el programa de Negre han sido reproducidos en el juicio.
Segui sólo eliminó el video a requerimiento de la Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD) aunque salvaguardó sus propios tuits con la herramienta 'Tweetstamp' y volvió a publicar una sucesión de mensajes donde, de nuevo, aparecían las menores, además de la resolución íntegra de AEPD. Actualmente, los enlaces permanecen deshabilitados por haber sido eliminados.
