El Ministerio del Interior ha dado este miércoles su primera explicación a la infiltración de policías nacionales en movimientos sociales. Después de que los medios de comunicación hayan desvelado la actuación de nueve agentes de las Fuerzas de Seguridad en distintos puntos de España, el número dos del departamento, Rafael Pérez, ha asegurado en el Congreso que la la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de 1986, ampara este tipo de actuaciones. Hasta ahora, Interior declinaba hacer ningún comentario sobre las revelaciones periodísticas y se limitaba a negar que se persiguieran “ideologías”.
Según el secretario de Estado de Seguridad es el apartado H del punto 11 de la Ley 2/1986 la que ampara la actuación de lo que él ha llamado “agentes de inteligencia”. Ese punto establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen “la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño” de una serie de funciones. Y que dentro de estas está “captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia”.
La pregunta que surgió desde el primer caso de infiltración, descubierto por La Directa en febrero de 2023, es qué delito combatían los policías infiltrados, hombres y mujeres dedicados 24 horas al día a vivir una vida impostada dentro de colectivos sociales, incluso manteniendo “relaciones sexoafectivas” con personas de esos entornos, tal y como ha recordado el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, autor de la pregunta que ha motivado la respuesta del número dos de Interior.
Cuando surgió el escándalo, elDiario.es pudo recabar el testimonio de una mando policial directamente vinculado a los policías descubiertos en Barcelona y Valencia. “Los movimientos sociales no son un objetivo. Son un estadio intermedio para llegar donde queremos”, aseguró. Aludía a la infiltración en movimientos sociales desde los que poder dar el salto a otros grupos que empleen la violencia política, si bien no existe movimiento terrorista local desde el fin de ETA.
Cabe recordar que los agentes descubiertos pertenecían a la Comisaría General de Información, la estructura central antiterrorista de la Policía, y la Brigada Provincial de Información de Madrid, con los mismos cometidos pero a nivel de la comunidad autónoma. Entre estos últimos está el caso de la joven policía que estuvo infiltrada tres años en dos colectivos sociales de Madrid y que desveló elDiario.es el pasado mes de mayo. Ninguno de los dos grupos parecen representar amenaza alguna a la seguridad pública, tal y como explicaba la información publicada.
Rafael Pérez ha distinguido en su intervención ante la comisión de Interior entre los agentes encubiertos, que regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que tienen, por tanto, control judicial, y la figura a la que se refería el diputado Iñarritu, que escapan de cualquier fiscalización más allá de los superiores policiales. Sin embargo, para el secretario de Estado, juez conservador en excedencia, “el agente encubierto, por tener que estar sometido a este control judicial, tiene muchas más facultades que el agente de inteligencia”.
Como ya hiciera en otras intervenciones el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su segundo ha negado que esa captación de información que hacen los agentes infiltrados respondan a objetivos “ideológicos”. Todos los movimientos sociales donde se han detectado los nueve policías infiltrados están ubicados en el marco de la izquierda o el anarquismo.
