La sentencia del Tribunal Constitucional en los ERE ha empezado, otra vez, a poner fin a un largo camino judicial pero dando una importante vuelta de tuerca a un caso que se alarga más de 15 años. El TC, de acuerdo con lo sostenido por la Fiscalía, ha estimado ahora que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación. Pero el caso viene de muy atrás. En concreto tiene su origen en una grabación de comienzos de 2009, cuando la Fiscalía de Sevilla empezó a investigar una conversación grabada en la que dos directivos de Mercasevilla, condenados por cohecho, pedían a dos empresarios una comisión de 450.000 euros como condición para adjudicarles una escuela de hostelería subvencionada por la Junta.
De ahí al amparo a la exconsejera y exministra del PSOE se ha decidido y escrito mucho, muchísimo. Fue el portavoz del PP en el ayuntamiento hispalense, Juan Ignacio Zoido, luego ministro del Interior, quien presentó en abril de aquel año 2009 una denuncia contra el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y el teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), a la sazón presidente y vicepresidente de Mercasevilla. El caso recayó en el Juzgado de Intrucción número 6, dirigido por Mercedes Alaya. Se empezaba a fraguar el caso de los ERE.
La jueza Alaya, que conocía a Zoido de cuando fue decano de los jueces de Sevilla entre 1992 y 1996, empezó entonces a tirar del hilo de la controvertida gestión de la lonja sevillana al advertir que en los expedientes de regulación de empleo de 2003 y 2007 había 'intrusos', es decir, personas que aparecían en los ERE pero que nunca habían trabajado para las mismas. Alaya imputó en el 'caso Mercasevilla' a Rodrigo Torrijos en abril de 2011 por la venta de los suelos del mercado de abastos, apenas mes y medio antes de las elecciones municipales, que ganó Zoido por mayoría absoluta. Años después, Torrijos fue absuelto en aquel caso y tanto el CGPJ como el Consejo de Estado han puesto en duda aquella instrucción judicial de Alaya que, en parte, también rechaza ahora el TC.
A comienzos de aquel año, en enero de 2011, Alaya había incoado ya las famosas Diligencias Previas 174/2011. El sábado 10 de marzo de 2012, tras 14 meses de investigación, la jueza ordenó el ingreso en prisión del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de 1999 a 2008, Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020 y que había calificado de “fondo de reptiles” el dinero que se destinaba a empresas en crisis durante nueve años en Andalucía. Guerrero fue el primero de los imputados que pisaba la cárcel, ya que había autorizado la mayor parte de las ayudas, desgajadas en casi 200 piezas separadas tras la decisión en julio de 2015 de la sustituta de Alaya, la jueza María Núñez, en contra del criterio de su antecesora. Algunas de esas piezas ya han sido sentenciadas en primera instancia, como las ayudas autonómicas a empresas vinculadas al sector del corcho o las ayudas a la empresa Acyco.
El ingreso en la cárcel de aquel exalto cargo, a dos semanas de las elecciones autonómicas del 22 de marzo de 2012, empañó el debate puramente político de propuestas programáticas, como ha ido ocurriendo en posteriores convocatorias, sin ir más lejos estas recientes Europeas del 9J, cuando la Junta cuestionó cuestiona la neutralidad del TC al anunciarse que se le rebajaría la pena a Magdalena Álvarez tras “homenajearla” Pedro Sánchez en un mitin en Málaga.
Volviendo a aquella época, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández fue enviado a prisión preventiva en abril de 2012, apenas unos días después de que PSOE e IU alcanzaran un acuerdo para un gobierno de coalición en Andalucía. Paralelamente, casi seis meses (junio-noviembre 2012) separaron la aprobación de la comisión parlamentaria de investigación de los ERE de sus conclusiones inconclusas, sin que pudieran materializarse responsabilidades políticas. El PP había perdido la ocasión de arrebatar el poder del PSOE en la Junta y el camino judicial de los ERE seguiría su curso.
Ese 'efecto ERE', salpicado de decisiones de la jueza Alaya en momentos muy puntuales, persiguió desde entonces a José Antonio Griñán y Manuel Chaves, que durante 23 años consecutivos dirigieron la política andaluza. Mercedes Alaya pidió su imputación en septiembre de 2013, una decisión difundida por el PP andaluz en el mismo momento de la toma de posesión del nuevo Gobierno de Susana Díaz (luego anulada por la Audiencia). Solo había pasado mes y medio desde que Griñán anunciara que dejaba la presidencia de la Junta. “Me duele el daño del caso de los ERE a la Junta de Andalucía ,y por eso doy un paso atrás”, había esgrimido.
Tres tribunales (el juzgado instructor de Sevilla, el Supremo y el TSJA en determinados casos de aforados), numerosos jueces y escritos de acusación y defensa de ida y vuelta han marcado muchos años de un marcado uso político de la macrocausa, incluso hasta la llegada al poder de Juan Manuel Moreno, que contó con asesores expertos en la materia para recordárselo al PSOE. Fue en el verano de 2014 cuando Alaya elevó parte del caso ERE al Tribunal Supremo. Unos meses después, en noviembre de 2014, el alto tribunal comenzaba su investigación. Tras declarar los expresidentes el 9 de abril y el 14 de abril de 2015, el Supremo ponía formalmente por primera vez nombre a la acusación que venía rodeando a los exdirigentes socialistas, también a la mano derecha de Chaves, el exconsejero Gaspar Zarrías: prevaricación administrativa. La misma que ahora parece tumbar el Tribunal Constitucional. “Yo no creo que hubiera un gran plan pero hubo un gran fraude”, dijo Griñán para la posteridad a las puertas del tribunal que luego le condenaría.
Ya en noviembre de 2015, de vuelta la causa a los juzgados de Sevilla, la jueza Núñez Bolaños (que más tarde daría un paso al lado tras un lustro asediada por el PP en los ERE y otras macrocausas) unificó la 'pata política' de la causa incoando diligencias previas contra 52 exaltos cargos de la Junta, entre ellos Chaves y Griñán, que el 16 de marzo de 2016 salieron del juzgado sin declarar y se remitieron a lo dicho en el Supremo, facilitando a la prensa unos escuetos comunicados. Fue poco después, el 1 de junio de 2016, cuando el juez Álvaro Martín (el tercer instructor de la macrocausa) transformó definitivamente las diligencias previas en procedimiento abreviado contra los expresidentes de la Junta y otros 24 exaltos cargos del Gobierno andaluz.
Aquel auto de Martín resultaría clave al incluir toda la cuantía presuntamente malversada en esa 'pieza política' del caso de los ERE, así como la imposibilidad de juzgar más de una vez a los responsables públicos, como luego determinó la Audiencia en mayo de 2017, y que dejó la causa bajo un panorama incierto que ha ofrecido circunstancias como la vivida el pasado 5 de abril de 2022, con un exconsejero ya condenado doblemente declarando como testigo en un juicio. En los juicios que vienen y en los que ya se han celebrado de los ERE, algunas defensas siguen planteando una cuestión importante: las ayudas concedidas no fueron objeto del juicio a Chaves, Griñan y los demás dirigentes, ni su concesión, ni su pago, pero se ha sentenciado que proceden de dinero malversado mientras decenas de piezas desgajadas se siguen instruyendo y juzgado dentro de la macrocausa. “¿Cómo se puede condenar por malversación de caudales a mi cliente si no me dicen qué cantidad ha malversado?”, se preguntaba un abogado de las defensas.
Algunas de los letrados también plantearon en el juicio del 'procedimiento específico' que no podía enjuiciarse a los acusados por malversación porque no habían sido llamados al caso los “partícipes a título lucrativo”, es decir, los reales beneficiarios de las prejubilaciones acordadas por la Junta de Andalucía, en torno a unas 6.000 personas. En mayo de 2015 ya lo planteó una empresa afectada por un ERE pero aún nadie ha sabido concretar cuánto de ese dinero han cobrado ya aquellos trabajadores que, de buena fe, al margen de los 'intrusos', se acogieron al ERE de su empresa. Los prejubilados de Mercasevilla, sin ir más lejos, siguen buscando a estas alturas una solución extrajudicial con el Ayuntamiento de Sevilla, sin conseguir cerrar el círculo que, involuntariamente, abrieron una vez. La Junta, aunque tardó, adopto el criterio de la jueza Bolaños en los ERE: fueron ayudas a trabajadores, no a empresas.
Todo eso pasó antes del juicio, que arrancó el 13 de diciembre de 2017 y que quedó visto para sentencia el 17 de diciembre de 2018, apenas quince días después de las elecciones que, por primera vez en la historia, daban el poder al PP en Andalucía. También un poco antes, aquel mes de noviembre, tanto Chaves como Griñán guardaron silencio en el Senado sobre los ERE para “preservar” su “derecho de defensa” en el juicio. Susana Díaz compareció el 8 de noviembre, y argumentó que aquello era “un juicio político” y que su presencia en dicha comisión obedecía a que era la candidata del PSOE. Otra vez la causa de los ERE y unas elecciones discurrían de manera casi paralela.
El juicio de los ERE, finalmente, supuso todo un rosario de sesiones, inundadas principalmente de conceptos técnicos, que trató de dirimir responsabilidades penales en la acción o inacción de una veintena de dirigentes de la Junta de Andalucía. No exento de anécdotas, fue un auténtico máster para propios y extraños en contabilidad presupuestaria y hacienda pública, leyes y normativa, con innumerables detalles en muchas ocasiones exclusivos para expertos en la materia. Una “experiencia vital”, llegó a decir el expresidente Chaves el último día de la vista oral, que acabó con bastante menor relevancia mediática que con la que se inició.
La rutinaria presencia de los acusados en la sala, de la que se pudieron ausentar durante varios meses con permiso del tribunal, dejó de ser noticia. Por muy graves que fueran las acusaciones y las consecuencias que pudieran tener para muchas personas, más allá de las cuestiones políticas, la tecnicidad del juicio y el paso del tiempo provocaron que el juicio de los ERE se desinflara con los meses, salvo en algunos picos informativos de interés. La Fiscalía Anticorrupción, PP y Manos Limpias (salvo en el momento en que retiró los cargos por malversación contra los 15 acusados por ese delito) se mantuvieron más o menos firmes en sus argumentos de acusación. Los populares, que en su informe final en el juicio 'resucitaron' a la jueza Alaya aludiendo a que Chaves y Griñán eran “la cúspide de la pirámide” de los ERE, habían dado por amortizados el caso, según han mantenido a nivel interno durante la anterior legislatura.
Otro año después llegaría la esperada y conocida sentencia de la Audiencia de Sevilla, el 19 de noviembre de 2019. El uso de modificaciones presupuestarias y transferencias de financiación, el aval de los presupuestos autonómicos y las advertencias obviadas de la Intervención de la Junta figuraban entre los hechos probados que fueron revisados por el Tribunal Supremo.
Desde la sentencia del Supremo, los condenados a pena de cárcel fueron entrando en prisión a finales de 2022 y comienzos de 2023, mientras paralelamente solicitaban un indulto. Dos de ellos disfrutan del tercer grado penitenciario, la última Carmen Martínez Aguayo, la mano derecha de José Antonio Griñán, quien más ha protagonizado las noticias relacionadas con el caso en el último año y medio. Con la pena de cárcel suspendida por un cáncer, el expresidente confiaba en febrero en el cambio de criterio de la Fiscalía para reducir su condena y empujar ese posible indulto.
