Los precios públicos por alumno más elevados entre las universidades españolas corresponden a Madrid y Cataluña, y los más reducidos a Galicia, Andalucía y Canarias, mientras en Navarra se registra la mayor tasa de ocupación de plazas universitarias (98,8%) y en Canarias la menor (71,2%).
Estos datos aparecen en el informe de la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo) «Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2024», que también indica que los mayores porcentajes de alumnas se dan en Baleares, Canarias y Murcia (57-59%) o que los estudiantes más jóvenes se encuentran en País Vasco, Navarra y Aragón (64-69% en la edad típica universitaria).
Esta radiografía del sistema de educación superior recoge que en el curso 2021-2022 se graduó en Madrid el 24,3% del total de egresados de las universidades presenciales españolas, en Cataluña lo hizo el 16,8%, en Andalucía el 15,6% y en la Comunidad Valenciana el 10,9%. Señala las comunidades donde hay más alumnos internacionales respecto al total de estudiantes son Navarra (20,4%), Cantabria (13,5%), Castilla y León (12,8 %) y Cataluña (12,7%).
El análisis de la Fundación CYD muestra la diversidad de preferencias a la hora de cursas estudios universitarios. Por ramas de enseñanza, las titulaciones de ciencias sociales y jurídicas superan el 40% en Madrid y Castilla y León; las de Ingeniería y Arquitectura el 33% en Cantabria y Asturias; las de Artes y Humanidades el 20% en La Rioja; las de Ciencias de la salud el 22,3 % en Murcia; y las de Ciencias el 24,4% en La Rioja. El mayor porcentaje de titulados en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) se registra en Asturias (29,5%), seguida por el País Vasco (29,3 %), Galicia (26,1%) y Cataluña (25,5%).
Las tasas más altas de rendimiento de los alumnos de grado –el porcentaje de créditos aprobados respecto a los matriculados– se dieron en Navarra, Cataluña, Madrid, País Vasco, Castilla y León y Comunidad Valenciana (valores del 81 al 87%).
Y en cuanto a la tasa de idoneidad –el porcentaje de titulados en grados de cuatro cursos en el tiempo teórico estipulado–, se dan en Navarra (54,4%), País Vasco (49,1%) y Cataluña (46,9%), también en este aspecto, como en el anterior, con la mujeres por encima de los hombres.
En cuanto al profesorado, el mayor porcentaje de mujeres se da en Aragón (48,3%), País Vasco (47,8%) y La Rioja (47%); la mayor proporción de extranjeros se registra en Navarra y Cataluña (6-7%); y la edad media más elevada se encuentra en Galicia, Canarias, Asturias y Extremadura.
Los territorios con más gasto en I+D interna en porcentaje del PIB fueron, en 2022, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia y esta última, junto con Madrid y Castilla y León, copaban las tres primeras posiciones en investigadores por habitante.
Los mayores porcentajes de contratados indefinidos se daban en informática, ingeniería, industria y construcción, y negocios, administración y derecho. En trabajo a tiempo completo destacaban informática, ingenierías y sector primario y veterinaria.
Los titulados desempeñando trabajos acordes con su titulación (es decir, no sobrecualificados) eran mayoritariamente de los ámbitos de salud, sector primario y veterinaria e ingenierías.
Los valores más elevados de base media de cotización anual por un trabajo a tiempo completo (superiores a los 30.000 euros brutos anuales) se daban en informática, salud e ingenierías.
Alta temporalidad
El Gobierno y las comunidades autónomas, salvo Baleares, aprobaron ayer incorporar 5.636 nuevas plazas de profesorado ayudantes doctores en las universidades públicas durante los próximos seis años. La Conferencia General de Política Universitaria no logró acordar de qué forma se sumarán las comunidades a este programa, lo que harán después a través de convenios bilaterales. Este curso académico entrante, el Ministerio de Universidades financiará todas las plazas, y los campus tendrán que ofertar estas nuevas contrataciones antes de septiembre, siempre que la comunidad sufrague parte de las mismas. Se trata de un intento de acabar con la alta temporalidad y precariedad laboral del profesorado universitario. Por ejemplo, uno de cada dos tiene contrato temporal. La reforma universitaria obliga a rebajar el número de horas lectivas de los profesores asociados (de 180 a 120 horas) y de los actuales ayudantes doctores (de 240 a 180 horas). Las horas que se quedan sin cubrir son las que ahora deberán ser cubiertas por los nuevos docentes.
