El Gobierno de la República omitió registrar gastos por ¢490.641 millones en la liquidación presupuestaria del 2023, lo que impide conocer la situación real de las finanzas públicas.
Este fue el hallazgo más grave encontrado por la Contraloría General de la República (CGR) al auditar la ejecución del Presupuesto Nacional del año pasado.
Los gastos sin registrar aumentaron sustancialmente respecto al 2022, año en que se detectaron ¢266.721 millones no reportados. Es decir, el rubro aumentó un 84%.
Ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, la contralora Marta Acosta indicó que esta práctica deja por fuera información que sería útil para la toma de decisiones.
Del total de ¢490.641 millones, ¢462.394 millones (el 94%) corresponden a facturas emitidas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por concepto de cuotas estatales para financiar la seguridad social.
“Básicamente, fueron facturas de la Caja que no se registraron”, dijo la contralora. Explicó que el Ministerio de Hacienda presupuesta apenas la mitad de lo que la CCSS le cobra y, como no hay contenido presupuestario, entonces no paga la diferencia.
“Eso es lo que ha venido sucediendo con el tema de la Caja, que es estructural, porque es de años y la deuda sigue creciendo y la problemática sigue”, explicó la contralora a los diputados.
Deuda del Estado con la CCSS creció en ¢638.000 millones en un año, reporta auditor
Los otros gastos no registrados corresponden a ¢16.857 millones por aportes patronales y estatales no registrados del Ministerio de Educación Pública (MEP) para la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
Asimismo, se incluyen ¢7.893 millones en remuneraciones del MEP por zonaje, recargos y diferencias salariales; otros ¢2.281 millones de resoluciones administrativas y, finalmente, ¢804 millones corresponden a salarios no pagados en el Ministerio de Salud.
Tomando en cuenta estos y otros factores, la Contraloría General de la República dictaminó de forma adversa la liquidación del presupuesto del año 2023 del Gobierno de la República.
La institución detectó ingresos no registrados, recursos que sí se registraron, pero están pendientes de clasificación y algunos fondos que están clasificados de forma errónea.
Según datos de la CGR, hay ¢10.865 millones no incluidos como ingresos, sino como parte de los pasivos, lo que también afecta la integridad de los saldos y la calidad de la información.
Asimismo, ¢9.856 millones permanecen en cuentas corrientes de instituciones en bancos estatales, no se trasladaron al Fondo General.
Entre los recursos con una clasificación presupuestaria errónea se encuentran ¢25.844 millones que se registraron como ingresos tributarios, pero corresponden en realidad a intereses moratorios.
La Contraloría también alertó de que hay situaciones irregulares que persisten en el Poder Ejecutivo; por ejemplo, hay posibles sumas giradas de más en el MEP por ¢6.046 millones, correspondientes a sobrepagos salariales.
MEP pagó ¢6.000 millones de más en salarios en el 2023
Mientras tanto, funcionarios de esa misma entidad mencionan pagos de salarios incorrectos, lo que generó 68.247 reclamos administrativos pendientes de resolver hasta el 31 de diciembre del 2023.
Solo en este último año se reconocieron ¢15.747 millones en resoluciones administrativas asociadas a este tipo de reclamos en el MEP.
Por otro lado, el órgano contralor encontró inconsistencias en los salarios asignados a empleados públicos pese a la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público.
Muestra de esto es que se realizaron ascensos de funcionarios con base en la escala salarial compuesta (predecesora de la ley), en lugar de la escala salarial global.
Aunado a lo anterior, hay escalas salariales pendientes de definir, funcionarios de nuevo ingreso no trasladados a escala global y pagos de anualidades sin observar la ley.
En lo que respecta a la regla fiscal, la Contraloría determinó que no hay criterios de auditoría fiables que permitan llegar a conclusiones consistentes y razonables.
Debido a esto, no fue posible obtener evidencia para saber si la regla fiscal se encuentra conforme o no con los criterios aplicables a las entidades del Sector Público No Financiero.
Finalmente, la CGR acusó que los efectos de la regla fiscal se han erosionado, lo que provoca el debilitamiento de la confianza en la herramienta y el abandono de la simplicidad, lo que genera altos costos de control.
“El comportamiento fiscal del Gobierno de la República, que había presentado en los dos años previos una senda hacia un eventual equilibrio, se revierte para el 2023.
“La profundización del déficit no se traduce tampoco en mejoras sustanciales en la atención de las necesidades ciudadanas, sino que se relaciona con la atención de gastos ineludibles como los intereses”, dijo la contralora a los diputados.
Datos financieros del Gobierno no son confiables, concluye Contraloría
