No obstante su complejidad, el sector público sigue creciendo sin llevar a cabo una evaluación de cuáles instituciones deben reformarse, cuáles eliminarse y cuáles fusionarse con vistas al ahorro y el incremento de la productividad.
Mucho se habla de la reforma del Estado, pero las posibilidades de establecer alianzas público-privadas (APP) para mejorar los servicios públicos se ven cada vez más lejanas. Se equiparan las APP con privatización, y se prefiere seguir el modelo de endeudamiento, aunque la calidad decaiga y el costo de los servicios sea mayor.
El país está empantanado en un modelo estatal gigante e ineficiente, propio de la década de los 70, que se vuelve improductivo e ingobernable a medida que pasa el tiempo. La corrupción es incontrolable donde existe un archipiélago de instituciones, aunque se apliquen los controles y las leyes.
Es prácticamente imposible brindar mejores servicios de salud, seguridad, educación, infraestructura y conectividad, y reducir las brechas sociales sin cambios radicales. Se requiere un acuerdo nacional y avanzar por la vía democrática de pesos y contrapesos, bien definida, con mediciones de resultados sociales y económicos.
El Estado lo componen 322 instituciones, en un país de apenas 5,3 millones, donde crece la desigualdad y la inseguridad se apodera de los cantones.
Pareciera que estamos atrapados por políticos que piensan que creando instituciones saldremos de la crisis. Los diputados y gobernantes, desde hace por lo menos unos 30 años, creen en más gobierno y deudas como la solución.
Hablamos de un gobierno digital, pero seguimos enredados en sistemas cada vez más complejos de operar. Estamos atrapados y los problemas centrales siguen igual.
Es necesario reducir gastos y volver la administración eficiente, fomentar la producción y una fuerza de trabajo ágil, responsable y capaz.
Por ejemplo, tenemos 18 ministerios que muchos costarricenses ni siquiera conocen, cuyos ministros difícilmente se pueden reunir física o digitalmente para alcanzar acuerdos y aunar esfuerzos. Ministerios con todos sus cuadros ejecutivos y una estructura administrativamente alambicada, cara y sin mística.
Aparte de la estructura ministerial enrevesada, a los legisladores en los últimos años se les ocurrió crear 77 órganos adscritos con el errado propósito de imprimirle “eficiencia, eficacia y democratización”. Muchos de ellos reciben presupuesto y gozan de autonomía administrativa y patrimonio autónomo.
Las directrices operativas y funcionales, en ciertos casos, no obedecen a un plan central, y la mayoría trabaja como pequeñas y costosas islas. Las 34 instituciones autónomas y semiautónomas, además, dictan sus propias normas.
Pero la “innovación” va más allá. Se creó la figura de entes públicos no estatales y administradores de fondos estatales, instituciones que alcanzan en total 46.
Un pequeño país de 7 provincias está dividido en 85 municipios y 489 distritos, cada uno con su gobierno y estructura administrativa. Cantones y distritos de diferentes tamaños. Además, tenemos 8 consejos municipales de distrito y una empresa pública.
Los municipios operan con sus propias autonomías salariales, distintos criterios en el diseño de los planes reguladores, divorciados de los vecinos inmediatos, con diferentes formas de concebir el desarrollo, la infraestructura, los problemas de salud, la administración del agua, los riesgos sociales, la vivienda, los parques, la educación, las áreas de protección y la sostenibilidad ambiental.
Municipios, ante todo, carentes de recursos, que llevan a cabo mal la gestión de cobro, su burocracia crece y la productividad baja.
Es necesario hacer un alto en el camino. El sector público debe simplificarse para destrabarlo. Ministerios e instituciones gigantes sin rumbo son insostenibles.
En 1950, la Administración Pública empleaba al 6 % de la población económicamente activa; hoy, al 15 %, y paga salarios que duplican los del sector privado. Hay que profesionalizar a todo el personal y acabar con la inamovilidad, que debería aplicarse excepcionalmente.
Requerimos mediciones de cada trabajador e institución, no simple retórica en cada elección gubernamental. Hay que dejar de hacer política basada en culpar a otros. Tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos en el gobierno, para lo cual debemos exigir resolver los problemas esenciales.
Tenemos que revisar la caja de herramientas y no seguir fustigando a las instituciones esenciales para el bienestar común y la transparencia. Exijamos responsabilidad y que los partidos abandonen los discursos populistas y asuman su responsabilidad. Los diagnósticos son abundantes, pero los compromisos serios son raquíticos. Dialoguemos con respeto y busquemos acuerdos.
El autor es ingeniero.
