Los enemigos estuvieron adormecidos un buen rato, y despertaron. De nuevo, en el Caribe sur, los intereses económicos y políticos se mueven sigilosamente —al amparo de la lejanía geográfica y el abandono estatal— para traficar tierras y convertir humedales y bosques costeros en zonas urbanizables a las que les sacan millones de colones, tal como denunció el coordinador de la Fiscalía Adjunta Agrario-Ambiental del Ministerio Público, Luis Diego Hernández.
El fiscal habló, pública y valientemente, de la existencia de delincuentes ambientales, a los que acusó de cambiar la fisonomía de un bosque de propiedad privada para luego gestionar permisos, aduciendo que se trata de tierras libres de cobertura boscosa. Esa matráfula consiste en cambiar el uso del suelo, pese a que la Ley Forestal (7575), en el artículo 19, lo prohíbe.
Lo grave es que esto no se hace en soledad. Entre los sospechosos aparecen la Municipalidad de Talamanca y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) por concesiones de permisos, y hasta el mismo Ministerio de Ambiente (Minae) por presunta omisión al no vigilar y evitar lo que ocurre en el Caribe sur. “Estamos viendo cómo 188 hectáreas de humedales y bosques desaparecerán por arte de magia, y el Minae parece que no lo comprende”, reclamó Hernández.
En la desaparición de esas 188 hectáreas hay que señalar también a la Asamblea Legislativa, a los diputados que en el 2014 aprobaron una ley para cercenar esas tierras del refugio silvestre Gandoca-Manzanillo. Era claramente inconstitucional, y así lo demostró la Asociación de Desarrollo para la Ecología, liderada con valentía por Marco Levy Virgo, quien logró que la Sala IV ordenara al Sinac restituir esa zona protegida al refugio. Eso fue en el 2019, hace cinco años, y esta es la hora en que el Sinac está con los brazos cruzados y el Minae también.
Esa negligencia para acatar una orden judicial, la desidia para proteger los bosques y los humedales, refleja la necesidad de cambios legales en el Sinac y el Minae con el fin de que cumplan la misión que les asignó la ley con un millonario presupuesto. Lamentablemente, la tarea de resguardo se la recargaron a grupos vecinales, como el de Marco Levy, o hasta el Ministerio Público, convertidos en los únicos y reales guardianes.
amayorga@nacion.com
El autor es jefe de Redacción de La Nación.
“Costa Rica ha caído en un retroceso ambiental y ahora las autoridades nos dicen que no se lo van a dejar a los monitos; eso es declararle la guerra a la fauna silvestre. A nivel internacional nos deja muy mal”.
Luis Diego Hernández, fiscal ambiental
“No se han recuperado los bosques. Hemos presentado escritos de incumplimiento y desobediencia a la Sala Constitucional, pero todo sigue igual”.
Marco Levy Virgo, Asociación de Desarrollo para la Ecología
“Hemos visto una destrucción total en el refugio con el paso de los años. De Cocles a Manzanillo, todo era refugio y bosques costeros impenetrables. Pero lo que ahora se ve son construcciones y hoteles”.
Marta Castro Bolaños, vecina de Cocles y presidenta del Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales (Covirena)
