Con la ‘ley jaguar’, habría sido imposible efectuar una auditoría sobre los bonos Proteger, en donde la Contraloría detectó que ¢7.500 millones se habrían girado a personas que no calificaban.
La Contraloría General de la República (CGR) expuso los seis principales efectos que, según su análisis legal, provocaría la “ley jaguar” que el gobierno quiere llevar a referéndum:
La “ley jaguar” eliminaría la potestad de la Contraloría General y de las auditorías internas de fiscalizar la legalidad y la eficiencia en el uso de de los fondos públicos. Estas potestades actualmente se encuentran en los artículos 11 y 17 de la Ley Orgánica de la CGR.
El gobierno y las instituciones podrían ignorar los controles exigidos en el marco legal a cualquier costo, pues ya no se requeriría garantizar la eficiencia de los fondos públicos.
Con la “ley jaguar”, habría sido imposible efectuar una auditoría sobre los bonos Proteger, en donde la Contraloría detectó que ¢7.500 millones se habrían girado a personas que no calificaban, cifra que equivale al 16,4% de los subsidios.
La Contraloría no podría tomar acciones preventivas, correctivas o sancionadoras al atender denuncias en donde encuentre irregularidades o mal manejo de fondos públicos.
El proyecto del presidente Rodrigo Chaves modificaría el artículo 12 y 17 de la Ley Orgánica de la CGR, limitando la capacidad de la institución para actuar de manera efectiva frente a posibles actos de corrupción o mala gestión.
El proyecto de ley eliminaría los controles preventivos, incluyendo aquellos relacionados con la aprobación de presupuestos y la resolución de recursos de apelación de oferentes en procesos de contratación pública.
Esta modificación impediría que la Contraloría actúe de manera preventiva para evitar afectaciones; solo podría intervenir una vez que los daños ya están hechos, lo cual reduciría la capacidad de proteger los recursos del Estado.
Para esto, la ley jaguar reforma los artículos 12 y 22 de la Ley Orgánica de la CGR, así como el 9 de la Ley General de Contratación Pública.
Se daría luz verde al gobierno para realizar contrataciones y arrendamientos de inmuebles sin concurso público, “a dedo”, impidiendo la participación de más oferentes. La propuesta transformaría el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública.
La Contraloría concluyó que se abre la puerta a contrataciones directas, sin invitaciones públicas ni evaluaciones transparentes. Además, se permitiría al Estado asumir deudas sin los controles y aprobaciones legales necesarios, lo que aumentaría los riesgos fiscales y la incertidumbre económica.
El plan modificaría la definición de alianzas estratégicas en la Ley General de Contratación Pública, permitiendo a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) seleccionar socios estratégicos “a dedo” sin seguir los procedimientos de contratación pública.
La Contraloría advirtió de que los acuerdos serían menos transparentes y potencialmente desfavorables para el interés público.
La Contraloría indicó que las reformas a los artículos 4 y 38 de la Ley Orgánica de la CGR son innecesarias, dado que el ámbito de fiscalización y las funciones del subcontralor están bien definidas actualmente.
