Montesinos fue condenado a 22 años de prisión por desaparición forzada, un delito considerado de lesa humanidad.
Tras participar en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el último lunes 17 de junio, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, se pronunció sobre la acción del pleno del Congreso de aprobar en primera votación la iniciativa que propone modificar la Ley contra el Crimen Organizado y que beneficiaría a los autores que hayan cometido el delito de violar los derechos humanos.
"En términos legales, la propia norma establece que aquellas sentencias que han sido calificadas como crímenes internacionales de lesa humanidad son declaradas nulas ante una autoridad judicial. Por lo tanto, lo que se está diciendo es que estos casos, al haber sido calificados como lesa humanidad, se les ha otorgado la condición de crímenes imprescriptibles desde el momento de su promulgación, y es probable que sean declarados prescritos", sostuvo en una entrevista con Radio Exitosa.
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En ese sentido, el letrado advirtió que si los integrantes del actual Congreso deciden ratificar en segunda votación la cuestionada propuesta legislativa, ciertos personajes políticos y mediáticos también se verían beneficiados. Entre ellos se encuentra el exasesor presidencial durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos.
"Por lo tanto, los condenados, hablando del señor Montesinos, el señor Martín Rivas, Mori Orzo, José Valdivia Dueñas, y el propio Daniel Urresti, van a salir libres porque eso es lo que ordena la ley. Lo que ordena es anular esa sentencia y probablemente 30 sentencias sean anuladas y de los procesos que actualmente están en juicio oral", manifestó.
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En septiembre de 2016, el Poder Judicial decidió condenar con 22 años de prisión efectiva al exasesor de inteligencia del exjefe de Estado Alberto Fujimori, al considerarlo culpable de la desaparición forzada de tres personas en el año 1993, lo cual correspondería a un delito de lesa humanidad.
En el marco de las investigaciones de los casos del profesor Justiniano Najarro Rúa y de los estudiantes Martín Roca Casas y Kenneth Anzualdo, quienes habían sido reportados como desaparecidos y trasladados al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, un servicio que dirigió el entonces exasesor presidencial entre los años 1990 y 2000.
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La Segunda Sala Penal Liquidadora consideró que estas personas fueron asesinadas para que sus cuerpos fueran incinerados en un horno que había en los sótanos del cuartel general del Ejército.
Montesinos Torres ha enfrentado juicios por más de 60 cargos, entre los cuales se encuentran los delitos de tráfico de drogas y armas, así como violaciones de derechos humanos. Además, cumple una condena de 25 años por los delitos de homicidio calificado, secuestro, desaparición forzada y asociación ilícita.
