El PP salvará al PSOE de una nueva derrota parlamentaria. El Congreso debatía este martes la toma en consideración de la ley que redactaron los socialistas para recoger las demandas de los trabajadores de las cárceles, que salieron a manifestarse el pasado marzo tras el asesinato de una cocinera de la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona) a manos de un interno. Pero esa ley no cuenta con el apoyo de su principal socio, Sumar, que ha anunciado que se abstendrá, y será el partido de Alberto Núñez Feijóo quien permita finalmente que la tramitación siga su curso.
El texto, registrado en abril por el grupo socialista, propone reconocer a efectos legales el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de las instituciones penitenciarias. Según el grupo, ese reconocimiento “dará seguridad jurídica al trabajo que realizan estos trabajadores públicos y evitará que se dicten decisiones judiciales dispares”. Además, solicitan que sus manifestaciones e informes sean consideradas como pruebas en los procedimientos disciplinarios regulados por esta ley.
Asimismo, piden que se garantice su seguridad cuando ingresen en prisión, a causa de sentencia condenatoria, asegurando su separación de otro tipo de internos e internas. Y proponen garantizar una indemnización por parte de la Administración para resarcir a los funcionarios penitenciarios en los supuestos de daños materiales o personales sufridos como consecuencia del desempeño de su actividad profesional, siempre que no haya mediado negligencia grave.
El principal partido de la oposición ha anunciado su apoyo a esta ley después de registrar en el Senado una muy similar que la Mesa del Congreso todavía no había calificado, como le ha reprochado Ana Vázquez, la portavoz en el Pleno de este martes al PSOE. “Nos toman el pelo porque hay una ley que vino del Senado para aquí y que está en el baúl de la señora [Francina] Armengol [...] bloqueada. Si esa ley se tramitará con las enmiendas que ustedes presentasen con cualquier grupo, entraría en vigor en un mes o después del verano. Y en cambio hoy vuelven a tomarnos el pelo para empezar una nueva tramitación”, se ha quejado.
El PP ha pedido no obstante que extienda el reconocimiento de agentes de autoridad a todos los trabajadores de prisiones y no solo a los funcionarios si quiere que el texto vea finalmente la luz en el Congreso. “Nuria no era funcionaria, era una trabajadora penitenciaria que quedaría excluidas de su proposición de ley”, ha dicho en referencia a la cocinera asesinada en marzo. “Y por Pablo, por su sobrino, por su familia con la que estuvimos: o aceptan que entren todos los trabajadores penitenciarios o no vamos a apoyar esa proposición de ley porque tiene el mismo riesgo una cocinera, un trabajador social que un funcionario de prisiones”, ha dicho.
Sumar ha trasladado este martes que se abstendrá en la votación de esta ley. “Nuestra objeción es que este debate sobre el reconocimiento de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones se ha insertado en una tendencia populista de reforzamiento del autoritarismo como soluciona cualquier problema de convivencia o comportamiento social, ya sea en cárceles o ya sea fuera de ellas”, ha dicho el diputado de Sumar Enrique Santiago, que ha defendido la posición de su grupo en la tribuna.
“Y es un discurso que provoca una sensación de inseguridad que no se ajusta a la realidad y que acaba beneficiando el avance de los discursos de las derechas. Y lo vimos ya la semana pasada en este Pleno con el debate de endurecimiento de penas en materia de multirreincidencia por los delitos de hurto”, ha reprochado.
