Los miembros de la Junta de Fiscales de Sala, uno de los órganos que conforman la cúpula de la carrera fiscal, han apoyado por la mínima el criterio del fiscal general del Estado de pedir que se aplique la amnistía a todos los delitos, incluida la malversación que afecta a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras; así como de levantar la orden de detención contra el expresident.
En la reunión han participado 37 fiscales, de los que 19 han respaldado la tesis de Álvaro García Ortiz —incluido su voto— y 17 se han mostrado de acuerdo con los fiscales del procés, que defienden que el desvío de fondos públicos para la realización del referéndum del 1-O debe quedar fuera del perímetro de la ley y que tampoco deben levantarse las medidas cautelares. Uno de los asistentes se ha abstenido.
La reunión, que se ha alargado durante más de cinco horas, se ha celebrado a instancias de estos cuatro fiscales que ejercieron la acusación en el juicio del procés: Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno. A ellos correspondía ahora pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía tanto a los líderes independentistas que ya fueron condenados —y parcialmente indultados—, como a los que no fueron enjuiciados por haberse marchado a Bélgica tras el referéndum del 1-O. Pero estos elevaron el conflicto a este órgano, del que forman parte los miembros de la máxima categoría de la carrera, al considerar “improcedente” y “contraria a las leyes” la orden recibida del fiscal general, que les conminó a pronunciarse a favor de aplicar la amnistía a todos los delitos.
No obstante, la votación no era en ningún caso vinculante para García Ortiz, que ya ha anunciado en su intervención final ante la Junta que mantendrá su criterio. También ha revelado que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y uno de los fiscales jefe de lo Penal, Joaquín Sánchez Covisa, serán los encargados de hacer el informe que se enviará al Supremo, dado que los cuatro fiscales del procés ya han dejado claro que no firmarán el decreto con una tesis que no comparten. En cualquier caso, la última palabra sobre la aplicación de la amnistía la tendrán los jueces del Alto Tribunal.
El debate lo ha copado el delito de malversación por el que el Supremo condenó a cuatro de los 12 dirigentes independentistas a los que enjuició —Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa— y que atribuye también a Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. La aplicación o no de la amnistía a este tipo penal ha emergido como uno de los grandes obstáculos que debe afrontar la ley para surtir efecto. Y es muy relevante también porque su exclusión de la amnistía haría que se pudieran mantener las órdenes de detención que pesan todavía sobre los investigados que están fuera de España, como Puigdemont.
La votación ha estado precedida de un intenso debate en el que los fiscales del Supremo han defendido que el desvío de fondos públicos para la realización del referéndum del 1-O debe quedar fuera del perímetro de la ley. Por contra, el fiscal general se ha mostrado partidario de que se amnistíen todos los delitos relacionados con esa consulta y sostiene que la interpretación de los cuatro fiscales va contra la voluntad del legislador e incluso pone en cuestión posicionamientos previos del Alto Tribunal.
La reunión ha empezado con la intervención de estos cuatro fiscales, que han explicado el porqué de su rechazo a la orden dada por el fiscal general. Así, han defendido que los líderes independentistas sí gozaron de un “beneficio patrimonial” porque, “con ánimo de lucro”, se apropiaron de dinero público y lo destinaron al pago de quienes ellos mismos habían contratado para llevar a cabo el procés.
En su borrador de informe, ya subrayaron que la ley de amnistía “es aplicable” a la secretaria general, Marta Rovira, que permanece en Suiza, o la exconsellera Clara Ponsatí, ya que están procesadas exclusivamente por el delito de desobediencia. Pero sostuvieron que “no es aplicable” a los procesados Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, ni a los condenados Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa por el delito de malversación de fondos públicos.
Tras las intervenciones de Zaragoza, Madrigal, Cadena y Moreno se ha abierto un debate en el que el fiscal general ha dado el turno de palabra a todos los miembros de la Junta que han solicitado expresar su punto de vista. Una vez concluidas sus intervenciones ha tomado la palabra García Ortiz, que sostiene en su informe que la ley alude claramente a que el desvío de fondos “limitado” al referéndum está comprendido en el ámbito de aplicación de la norma y debe ser amnistiado.
García Ortiz entiende que los cuatro fiscales equiparan el “ánimo de lucro” que exige el delito de malversación con el “enriquecimiento personal de carácter patrimonial” que la ley considera no amnistiable. Y defiende que el perjuicio patrimonial para la Administración no es equiparable al “enriquecimiento personal de carácter patrimonial”. Asimismo, el fiscal general considera que los hechos no afectaron directamente a los intereses financieros de la Unión Europea.
