El abogado de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha recurrido la providencia del juez que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, con un escrito en el que señala que se está afectando «gravemente» su derecho de defensa a l no facilitar información, aunque fuese somera, de los hechos por los que sigue imputada una vez la Fiscalía Europea asumió el grueso de la causa. El escrito, al que tuvo acceso ABC, trae cuenta de la providencia que dictó el magistrado Juan Carlos Peinado el pasado domingo. Señalaba que seguía la causa abierta porque además de los contratos públicos bajo la lupa que había asumido el órgano comunitario, constaban «dos bloques de hechos» aún por investigar y «nuevos documentos» aportados por los testigos que no habían sido tenidos en cuenta cuando al inicio, la Audiencia Provincial de Madrid se pronunció sobre el caso. «La providencia objeto del presente recurso para nada aclara un elemento esencial de todo procedimiento penal como es el conjunto de hechos que se imputan a la única persona que estaba sujeta a investigación. Y con ello, reiteramos, afecta gravemente los derechos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Constitución y distintas normas europeas e internacionales atribuyen a mi representada», replica el letrado, Antonio Camacho. Noticia Relacionada estandar Si El juez replica a Begoña Gómez que la investiga por «nuevos documentos» Carmen Lucas-Torres e Isabel Vega La mujer del presidente pidió explicaciones tras asumir parte de la causa la Fiscalía Europea Razona que con esa referencia a «bloques» de investigación, «el Juzgado parece estar dando a entender que esta investigando aquellos bloques que la Audiencia estimo que no reunían los elementos que permitieran en un Estado de Derecho abrir la investigación». «Pero tampoco lo hace con claridad», añade, en referencia a que la Audiencia Provincial de Madrid dijo que la primera parte de la denuncia de Manos Limpias contenía datos erróneos y, la segunda, era una mera conjetura, mientras en los contratos que ahora ha asumido la Fiscalía Europea sí veía materia para investigar. La providencia emplazaba a la defensa de Gómez a leerse el sumario del caso para tener más detalles sobre los hechos que son objeto de las pesquisas, a lo que el letrado contesta que habiéndolo hecho, sigue sin estar claro, pues «son ya varias las Acusaciones Particulares que se han personados y son decenas los escritos que han sido presentados por las mismas intentando ampliar el objeto del procedimiento y denunciando todo tipo de hechos» sin que el juez se haya pronunciado «ampliando la investigación» a los mismos. «En esas condiciones y con grave afectación del derecho a la Tutela Judicial efectiva de mi representada es imposible saber que es lo que el Juzgado estima que es objeto de investigación en la presente causa. Maxime si tenemos en cuenta que esta citada a declarar en unos días sobre unos hechos que desconoce», añade. Recuerda que tanto la Fiscalía General del Estado en sus circulares como la legislación nacional recogen el derecho de todo investigado a conocer los hechos que se le atribuyan, en una información que «podrá ser facilitada mediante una exposición sucinta que resulte suficiente para permitir el ejercicio del derecho a la defensa» y que no aprecia en este caso. Pide que se revoque la providencia y se dicte una nueva aclarando qué se atribuye a Begoña Gómez. Uso «personal» de la cátedra Mientras la defensa y el juez se enzarzan en el juzgado, Vox, que ejerce la acusación popular en esta causa, ha dado un paso más y ha presentado una querella contra la mujer del presidente del Gobierno por otro delito de tráfico de influencias en relación al máster que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Presentada ante los juzgados de instrucción de la capital, podría también recaer en el juzgado del magistrado Juan Carlos Peinado. La querella, a la que tuvo acceso ABC, razona que hay indicios tanto en la información publicada en prensa como en la divulgada por la propia institución, «que acreditan por una parte, la dudosa adecuación a la legalidad de la creación y desarrollo de la cátedra analizada y por otra parte, y en todo caso, la utilización de esta cátedra para fines espurios propios y personales». «Desde la cátedra, y por tanto con fondos públicos, se ha hecho provecho de los contactos, visibilidad e intervenciones desde un ámbito institucional como la Universidad complutense, para facilitar de forma subrepticia la actividad empresarial, encubierta y propia de la sociedad de la querellada», sostiene Vox, que refiere en concreto el registro a su nombre en la Oficina de Patentes y Marcas de una herramienta de gestión (Transforma TSC). Suma a esta presunta «utilización» su «condición de esposa del Presidente del gobierno, Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que de forma indubitada se fomentó por la querellada para la consecución de estas finalidades».
