En la Corte IDH se presentan las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Los agentes del Estado no pudieron probar la legalidad de la ley del Congreso.
“Que quede claro, este es un proyecto de ley y no pretende ser una norma gemela ni similar a la ley de amnistía que protegió a los señores militares del Grupo Colina”, así argumentó el agente del Estado peruano que hizo la defensa institucional en la audiencia convocada por la Corte IDH.
Se discutían las medidas provisionales presentadas por la defensa legal de las víctimas en los casos Barrios Altos y La Cantuta versus el Gobierno peruano. En representación de los deudos se ha pedido que el Estado se abstenga de aprobar leyes que promuevan la impunidad, como sería el caso del proyecto sobre delitos de lesa humanidad que promueve el Legislativo y que espera segunda votación.
La Corte ha solicitado la suspensión del trámite legislativo del proyecto de ley y ha convocado la audiencia para escuchar a las víctimas, recabar información del Estado peruano y también de la Comisión Interamericana para pronunciarse en fecha próxima. Los efectos de la medida legislativa ya habían sido criticados por el Ministerio Público, porque podían tener efecto en los más de 600 casos en curso y también en los que ya cuentan con sentencias, como correspondería a Barrios Altos y La Cantuta.
Esta tesis ha sido negada por los agentes designados por el Gobierno, los abogados Jorge Luis Cáceres Arce y César Pastor Briceño. No se ha logrado demostrar, sin embargo, que la norma no es una ley de amnistía encubierta. Los abogados solo han querido establecer que no existe ese peligro, aunque no han podido concretar cómo es que no generarían impunidad. La jueza Nancy Hernández, quien condujo la audiencia, demostró profundo conocimiento de lo ocurrido en el Perú, y destacó que el Tribunal cuenta con precedentes de urgencia tales como los ocurridos por la liberación de Alberto Fujimori en marzo del 2022 y diciembre del 2023, y en Guatemala el 2023, por dos proyectos similares, emitidos por el Poder Legislativo. En todos los casos se pudo establecer el incumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos que el Perú tiene la obligación de respetar.
