La hospitalización en nuestro país del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali –que provocó en 2021 la imputación de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y una grave crisis diplomática y migratoria con Marruecos hasta que se produjo el inesperado giro del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al Sáhara–, costó 45.658 euros, una factura que el dirigente polisario aún no ha abonado y que el Gobierno de La Rioja intenta cobrar a través de sus servicios jurídicos desde marzo del pasado año.
El anterior Ejecutivo socialista presidido por Concha Andreu se negó a facilitar el montante de la factura al juez que investigó durante un año una posible prevaricación y falsedad documental en la entrada y posterior ingreso de Ghali en el hospital, una causa que la Audiencia de Zaragoza le obligó finalmente a archivar. La Administración autonómica esgrimió la «intimidad» de Brahim Ghali –cuya hospitalización en España autorizó el Gobierno por razones humanitarias a petición de Argelia, pues sufría una grave neumonía a causa de la Covid-19– y la ley de protección de datos para no dar esos datos al juez Rafael Lasala.
Fuentes del actual Gobierno de La Rioja confirman a este periódico que la cantidad reclamada a Ghali no se ha podido cobrar aún y que, después de que el Ejecutivo de Concha Andreu «decidiera no activar la vía judicial» para reclamar esa cantidad, se está analizando toda la información del expediente y se «decidirá en breve si se recurre a los tribunales para reclamar esa deuda».
Hasta en cuatro ocasiones, el Gobierno de Andreu obvió las peticiones de información cursadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre el coste de la hospitalización de Ghali, que también fue objeto de varios requerimientos en el Parlamento autonómico por parte del PP, todos sin éxito.
Sin embargo, el cambio de guardia en el Ejecutivo riojano, con Gonzalo Capellán (PP) al frente desde junio del pasado año, ha propiciado que el Servicio Riojano de Salud desvele finalmente el coste del ingreso hospitalario del líder del Frente Polisario entre el 18 de abril, cuando aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza, y el 1 de junio de 2021, cuando regresó a Argelia en un avión medicalizado que despegó del aeropuerto de Pamplona. Solo unas horas antes había declarado por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por dos causas que entonces tenía abiertas por delitos de genocidio, torturas y detención ilegal.
En una resolución del pasado 23 de noviembre –a la que ha tenido acceso LA RAZÓN– que responde a una solicitud de acceso a la información de un particular, la presidenta del Servicio Riojano de Salud deja constancia de que el 7 de julio de 2021 se emitió una factura a nombre de Mohamed Benbatouche, el nombre falso que facilitó al formalizar su ingreso en el hospital San Pedro de Logroño (llegó a España con un pasaporte falso expedido ese mismo 18 de abril por las autoridades argelinas), por los referidos 45.658 euros.
Casi dos meses después, el 2 de septiembre, una vez «agotados los trámites administrativos ordinarios» por parte del centro hospitalario «para realizar los cobros por servicios prestados», se remitió por primera vez la factura a los Servicios Jurídicos de la Administración riojana, que constataron que «la persona que fue objeto de atención sanitaria no responde al nombre que consta en la factura». No hubo más remedio que emitir una nueva factura tras conocerse su identidad real, pero «no constando domicilio conocido» de Ghali, se procedió a «recabar dichos datos a través de los organismos estatales competentes», que al final dieron con su paradero.
Superado ese nuevo obstáculo, el 28 de diciembre de 2022 se formalizó una nueva factura a nombre de Brahim Ghali por el citado montante. Tres meses más tarde, en marzo del pasado año, ya con las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo en el horizonte, se vuelve a remitir la factura a la Dirección General de Servicios Jurídicos, pero en esta ocasión «a fin de que se inicien las actuaciones tendentes a reclamar el cobro de la misma».
En ese escrito, la responsable del Servicio de Salud riojano explica que una vez analizada la normativa sobre transparencia y protección de datos, se acordó facilitar la información solicitada tras ponderar «el daño real que pudiera producir la divulgación» de los datos «frente al interés público» por conocer tanto «el coste de la estancia de Brahim Ghali en un hospital público» como si el Gobierno regional había procedido a «realizar los trámites necesarios para obtener el reembolso». Sin embargo, precisa que se ha negado la remisión de la factura al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno porque esa petición «no tiene encaje en las funciones que le corresponden a dicho organismo».
El líder del Frente Polisario llegó al hospital San Pedro de Logroño en una ambulancia desde Zaragoza, acompañado por su hijo, Luali Sid el Mustafa, y su médico personal, y alguno de los dos rellenó en calidad de «representante legal» del líder polisario una solicitud de asistencia sanitaria para pacientes no financiados en el sistema nacional de salud en el que asumía a pagar los gastos de la estancia sanitaria, «abonando la factura que se me remita por los servicios prestados».
El abogado Antonio Urdiales, que ejerció la acusación popular en la causa que instruyó el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, reclamó al juez incluso que investigase la posible comisión de un delito de malversación, pero Lasala replicó que en el caso de que este se hubiese cometido «habría tenido lugar en Logroño», por lo que entendía que debían ser los juzgados de la capital riojana los encargados de investigarlo.
En el marco de la instrucción judicial, el juez Rafael Lasala interrogó como testigo al entonces gerente del Servicio Riojano de Salud, Alberto Lafuente, que sin embargo afirmó desconocer tanto el importe de la factura como si Brahim Ghali la había pagado finalmente.
