La Comisión Europea emitirá en las próximas semanas su informe anual sobre el Estado de derecho en la Unión, y en el Partido Popular cuentan con que criticará duramente la ley de amnistía y la situación del Consejo General del Poder Judicial. “Les preocupa lo que va a decir Bruselas”, afirman fuentes de la cúpula popular sobre Ferraz. En las filas del PP esperan que el Ejecutivo europeo vierta críticas contundentes a la norma que busca eliminar todas las causas judiciales derivadas del procès independentista y también arremeta contra el modelo de renovación del órgano de gobierno de los jueces así como la imposibilidad que tiene de hacer nombramientos.
Los socialistas llevan años reclamando a los populares renovar “cumplir con el mandato constitucional” que obliga a la renovación de los 20 vocales cada cinco años. Un periodo que acabó en 2018 y que acumula seis años de retraso. El PP se mantiene firme y condiciona el acuerdo a cambiar la forma en que se eligen los miembros del CGPJ para que sean los propios magistrados los que seleccionen a la veintena de vocales del Consejo; pero los socialistas no se comprometen y exigen primero cambiar “cumplir con la Constitución”.
Tras el espaldarazo de las elecciones europeas el pasado 9 de junio, el Partido Popular espera ahora una novedad trascendental: que Europa se posicione sobre la amnistía en su informe sobre el Estado de derecho. Un documento que fija la opinión de Bruselas sobre la situación democrática de cada estado miembro. Si se confirma, será la primera vez que el Gobierno comunitario se pronuncie sobre la norma más importante en lo que va de legislatura.
En Ferraz no contaban con que Bruselas criticara una ley que ya consideran amortizada por los ciudadanos tras la victoria del PSC en los comicios catalanes del pasado 12 de mayo. En la dirección socialista eran conscientes de que impulsar una norma que dejase sin efecto los hechos judicializados a raíz del 1 de octubre de 2017 tendría un alto coste electoral que se pondría a prueba, especialmente, en las europeas. Los socialistas perdieron un escaño respecto a 2019 y se quedaron a dos del PP, una caída que consideran más que asumible.
Fuentes de la dirección del PP consultadas por ECD dan por hecho que Bruselas pondrá el foco en esta norma. Los populares han recurrido la medida al Tribunal Constitucional, mientras que los jueces decidirán en los próximos días si la aplican, esperan a que se pronuncie el alto tribunal o elevan la cuestión a la justicia europea.
En Génova mantienen que la ley es “inconstitucional” porque atenta contra la igualdad de todos los españoles, uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. El propio Gobierno aseguró en la pasada legislatura que no cumplía con la Carta Magna e incluso el ministro de Justicia que redactó los indultos dejó por escrito esta consideración en el texto que concedió la medida de gracia a los líderes separatistas.
El otro asunto que preocupa especialmente en Bruselas es la no renovación del CGPJ. A diferencia de la amnistía, la Comisión Europea sí ha mostrado en reiteradas ocasiones su inquietud por la situación del órgano de gobierno de los jueces en España. El comisario de Justicia hasta la convocatoria electoral, Didier Reynders, ha ejercido como mediador a petición del PP entre el PSOE y los populares.
Sin embargo, la intervención del responsable comunitario no ha aportado avances importantes a la negociación sobre el tema central: sustituir a los vocales del órgano. Los socialistas sí han aceptado algunas exigencias del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero el asunto mollar sigue enquistado. Fuentes de la cúpula socialistas aseguran que su posición sigue inamovible: no aceptarán ninguna condición para renovar el CGPJ, tampoco cambiar el modelo de elección. “La ley se cumple sin condiciones”, aseguran desde la dirección del PSOE.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó un ultimátum al PP el pasado 12 de junio para renovarlo este mes, o cambiará la norma para hacerlo sin los populares. El Ejecutivo de coalición ya planteó una reforma de la mano de Unidas Podemos en la pasada legislatura que cambiaba la mayoría necesaria para elegir a los vocales de tres quintos —210 diputados— a mayoría absoluta. Esta fórmula permitiría al PSOE renovar el órgano sin necesidad de contar con el PP, y bastaría con la mayoría parlamentaria que invistió al jefe del Ejecutivo en noviembre.
En Bruselas han priorizado que se elija cuanto antes a los nuevos magistrados, alineándose con la posición de Ferraz. Pero también ven con buenos ojos que se cambie el modelo de elección de los jueces para que sean ellos mismos los que se elijan entre sí y no haya intervención del Parlamento —un modelo poco usual en las democracias europeas—.
Una crítica al modelo de elección del CGPJ en el documento sobre el Estado de derecho en España supondría la primera vez que Bruselas pone el foco en la exigencia del PP. Los populares también han criticado la ley que impulsó el PSOE que impide que el CGPJ haga nuevos nombramientos si su mandato está caducado. La medida se aprobó en la Cámara Baja en marzo de 2021, por lo que el órgano no puede designar jueces en plazas vacantes desde hace más de tres años. La medida, pensada desde Moncloa para forzar al PP a renovar el órgano, ha tensado la situación de la Justicia española y ha llevado a Bruselas a ahondar en su petición de desbloquear la situación.
