La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, protagoniza un nuevo capítulo del caso Audios, y esta vez involucra también a su pareja, Gonzalo Migueles. Los chats encontrados en el celular del abogado Luis Hermosilla destaparon una nueva arista de la investigación, en medio de cuestionamientos al Poder Judicial por el proceso de nombramiento de jueces.
Ciper dio a conocer que Migueles le habría ofrecido al fiscal Carlos Palma -en su momento postulante a la jefatura del Ministerio Público- un doctorado y reemplazar a Xavier Armendáriz en la Fiscalía Centro Norte. Oferta que ocurrió en medio del proceso de elección del fiscal nacional que terminó con Ángel Valencia en el cargo. La idea de Migueles era contar con el apoyo de Palma al candidato que ya había sido designado por La Moneda y que requería la ratificación del Senado.
Este no es el único conflicto en el que Gonzalo Migueles se habría visto involucrado. Además, habría intentado interferir en la nominación del conservador de Viña del Mar, llamando a uno de los postulantes (Carlos Swett) para que desistiera en favor de quién sí logró el nombramiento.
Durante esta jornada fueron diversas las reacciones en el mundo político en torno a este caso. El diputado Luis Cuello (PC) aseguró que se trata de una “Caja de Pandora”.
“Nos parece bastante delicado que se estén ofreciendo favores para obtener ciertas nominaciones. Esto tiene que abrir un debate nuevo respecto a cuál es el mejor mecanismo para nombrar los ministros de la Corte Suprema”, señaló el parlamentario.
En tanto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado del Partido Socialista y presidente de la Comisión Investigadora del caso Hermosilla, Daniel Manouchehri, concordó con Cuello respecto a que esta sería “la punta del iceberg” de una “posible red de corrupción”.
El socialista fue tajante al indicar que esto “no es solo un lobby respecto a un nombramiento”. “En nuestra legislación y en cualquier legislación mundial se llama soborno”, aseveró.
“Son hechos extremadamente graves por cuanto este tipo de definiciones tienen que ser independientes. Un funcionario público no debería estar involucrado en este tipo de situaciones”, declaró.
Si bien hay voces que ya han puesto en entredicho la designación del actual fiscal nacional, Manouchehri descartó aquello. “En el caso específico de este ofrecimiento era respecto del candidato que competía con Ángel Valencia en ese momento. La principal responsabilidad que tiene justamente el fiscal nacional y todo el Ministerio Público es que estos casos no terminen en impunidad”, aseguró.
La discusión de fondo sobre este caso es la manera en que se nombran los cargos en el Poder Judicial. Aspecto que fue abordado por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quién reconoció que hay un consenso entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional para impulsar un cambio al sistema.
“La Corte Suprema desde el año 2015 viene sosteniendo que el régimen de nombramientos en general, no me estoy refiriendo solo a jueces, sino que también a auxiliares de la administración de justicia como notarios y conservadores es un régimen que debe cambiar”, mencionó el secretario de Estado.
Según recoge el ministro Cordero, la Corte Suprema ha señalado que las funciones de gobierno judicial deben separarse de la función jurisdiccional y deben estar en una institución distinta. En las dos propuestas constitucionales fallidas se instaló esta idea, diferenciándose solamente en si la separación debía ser en una institución adicional o tres.
Propuesta que reflotó en el informe de la Comisión Investigadora del caso Hermosilla y que mencionó a nuestro medio el diputado Manouchehri. “Hay modelos que se han estudiado como el Consejo para la Magistratura. Poder dividir la administración jurisdiccional de la parte administrativa. Eso debe estudiarse en el debate parlamentario”, afirmó.
Sin embargo, también fue enfático al señalar que: “Ninguna medida va a ser suficiente mientras exista corrupción en las altas esferas del Estado. Podemos tomar todas las medidas, pero si no tenemos la capacidad de dar un estándar ético y moral a las personas que ocupan estos cargos, no habrá movida que permita evitar estos casos en el futuro”.
A través de un comunicado de prensa, Ángela Vivanco descartó tener conocimiento de los hechos por los que se acusa a su marido. “Son mensajes personales de él. Aquí ha habido un exceso de buena fe, por una parte, que desgraciadamente no fue considerado de la misma manera por la otra parte”, señaló en su carta.
La ministra de la Corte Suprema afirmó que en conversaciones familiares “no tengo ninguna noticia”. Una postura similar adoptada por Migueles en declaraciones a Ciper, donde señala que al no ser un funcionario público ni ningún tipo de autoridad: “Cualquier opinión o consejo que haya dado a terceros solo me representa a mí”.
No obstante, el citado reportaje también detalla una reunión en casa de Vivanco y Migueles con participación del fiscal Carlos Palma, relación que este último catalogó como esporádica.
Para el diputado Manouchehri, los argumentos de los implicados son “escandalosos”. “Ella dice que el desprestigio del Poder Judicial estaría dado porque se hubiese filtrado este supuesto intento de soborno y no por el supuesto intento de soborno propiamente tal”, indicó.
El legislador del Partido Socialista abordó la afectación a las instituciones del Estado, consecuencia de los casos de corrupción destapados en el último tiempo. “Hoy día está en juego la credibilidad de todo el sistema judicial y la credibilidad de nuestro sistema democrático. La única manera de poder reparar el daño hecho es que los responsables paguen con cárcel”, sentenció Manouchehri.
