La cúpula de la Fiscalía se reúne este martes para unificar su postura en torno a uno de los puntos clave de la amnistía: si el delito de malversación entra o no en el perdón de la ley. Con los cuatro fiscales de la causa del procés convencidos de que esa puerta al regreso de Carles Puigdemont no debe abrirse, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, afronta uno de sus combates más complejos en un momento muy delicado de su mandato: pendiente de una posible imputación por el comunicado que desmentía un bulo sobre pareja de Isabel Díaz Ayuso y tras varios varapalos judiciales por ascender a Dolores Delgado.
La ley de amnistía entró en vigor hace siete días. Según los cálculos de la propia Fiscalía, la norma puede afectar a un total de 82 procesos penales todavía en tramitación con 486 personas encausadas. Causas que, en su mayoría, permanecen abiertas en juzgados de instrucción de Catalunya, pero también en organismos centrales, como es la causa principal del procés en el Supremo. En la que permanece procesado por malversación de caudales públicos el expresident catalán Carles Puigdemont.
La aplicación de la amnistía no depende del Ministerio Público, depende de los tribunales, y gran parte de los jueces que instruyen causas relacionadas con el procés ya han pedido su opinión a las partes. La postura de los cuatro fiscales que han participado en la causa del Tribunal Supremo, en la que defendieron sin éxito la acusación por rebelión, es clara: la malversación de dinero público para financiar la independencia de Catalunya no es amnistiable.
Los fiscales del procés –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Javier Moreno y Fidel Cadena– han activado el mecanismo legalmente establecido para que sea la junta de fiscales de sala la que resuelva la discrepancia de criterios. Pero más allá del formalismo, hay poco de habitual en la situación, con un enfrentamiento directo entre los cuatro fiscales y su superior jerárquico, plasmado incluso por escrito. La última palabra, sea cual sea la decisión que tome la cúpula de la Fiscalía este martes, está en manos de García Ortiz.
La postura de los cuatro encargados del caso es nítida y pública desde pocos minutos después de la publicación de la ley, incluso antes de que el trámite para informar se pusiera en marcha y aludiendo no solo a lo estrictamente jurídico, sino a otras cosas como el rechazo popular “ampliamente mayoritario” a la ley o el “brusco e inesperado cambio de opinión” del PSOE. El fiscal general pidió un informe libre de valoraciones políticas y la respuesta fue similar: la amnistía no abarca la malversación y, en la práctica, Carles Puigdemont no puede volver a España sin arriesgarse a ser detenido.
El criterio de los fiscales del procés choca frontalmente con el del fiscal general. Allí donde ven “beneficio patrimonial” y “ánimo de lucro” para apropiarse de dinero público, Álvaro García Ortiz afirma que no existió ese “propósito de enriquecimiento” que marca la línea roja para aplicar la amnistía. La tesis de los cuatro del procés, dice García Ortiz, “contradice” la voluntad del legislador, que con claridad alude a que se debe amnistiar la distracción de fondos públicos limitándose al referéndum de independencia de 2017.
En los despachos de la calle Fortuny la previsión es la de un debate profundo e igualado entre los que defienden la aplicación total de la amnistía y los que optan por rechazar que la malversación pueda entrar dentro del perdón de la ley. El criterio de la junta de fiscales de sala no es vinculante, pero una votación a favor de los cuatro del procés obligaría al fiscal general a imponer su criterio en contra de la mayoría de la cúpula del Ministerio Público por segunda vez en unos pocos meses.
La última vez fue en febrero, cuando la mayor parte de esta junta apoyó acusar a Carles Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami Democràtic. Una reunión de alto voltaje precedida de días de filtraciones y descalificaciones hacia Álvaro Redondo, el fiscal conservador que rechazaba esta imputación, y que terminó con Ángeles Sánchez-Conde, teniente fiscal del Supremo, optando por pedir sin éxito al Supremo que no recogiera ese guante del juez Manuel García-Castellón.
No está previsto que el debate de este martes sobre la amnistía esté menos astillado. Nuevamente con el procés como telón de fondo y con Carles Puigdemont como protagonista, y en esta ocasión como una meta flotante para la aplicación de la ley de amnistía. La reunión se celebra un día antes de que termine el plazo que dio el juez Pablo Llarena para que las partes informaran sobre los efectos de la norma sobre la causa.
La malversación es el único delito de la causa que ha sobrevivido a la despenalización de la sedición. Es, por tanto, el delito de cuya amnistía depende que Carles Puigdemont pueda volver a España sin tener que enfrentarse a los tribunales por la estrategia independentista de 2017, el referéndum y la Declaración Unilateral de Independencia. Todo en pleno terremoto político en Catalunya con el líder de Junts anunciando que su objetivo es volver a Barcelona y presentarse a la investidura para volver al cargo de president.
El debate en la cúpula de la Fiscalía llega también en un momento delicado del segundo mandato de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Las dos sentencias del Tribunal Supremo que anulan el ascenso y el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala se han solapado con el avance de la investigación por el comunicado con el que la Fiscalía de Madrid intentó desmentir un bulo sobre el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía se encuentra a la espera de saber si el Tribunal Superior de Madrid decide enviar la causa al Tribunal Supremo y si este decidirá abrir una causa contra el propio fiscal general.
