El ministerio del Interior aceptó 11.163 peticiones de protección internacional frente a las 163.220 peticiones recibidas. Esto supone una caída de cuatro puntos en comparación a 2022 (14.235) y convierte a España en el último país de la Unión Europea en reconocer las solicitudes de protección internacional. “Nadie quiere abandonar sus hogares”, reivindica Wafa Ghosien, palestina refugiada durante la presentación del último informe publicado por Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). En contraposición con el número de solicitudes aceptadas, en 2023 España recibió un número de peticiones para la protección internacional histórico, un “aumento sin precedentes” que se traduce en un 37,3 % más que el año anterior.
Wafa, llego junto con sus dos hijas en 2022, tras entender que la vida en Gaza era imposible. “Nos fuimos porque queríamos que nuestros hijos tuvieran un futuro. Nadie puede aguantar lo que se está viviendo en Gaza”. A diferencia de ella, su marido y su madre siguen en la Franja de Gaza. Desde que empezó la destrucción por parte del ejército de Israel, Wafa ha perdido a quince miembros de su familia. “Ellos se mueren del bombardeo, yo me muero de la desesperación”, sintetiza finalmente. Si bien el informe destaca un aumento en el reconocimiento de protección por razones humanitarias (47%) a la mayoría de solicitantes venezolanos, el número de protección subsidiaria y reconocimiento del Estatuto de Refugiado disminuyó un 40% respecto al año anterior. Además, el 19% de las solicitudes fueron presentadas por menores. “Pero la realidad es que estas cifras son incompletas, hay un tapón de solicitudes que no están en trámite, sino pendientes”, señala Manuel Valiente, cordirector de CEAR. Según el informe, más de la mitad de las solicitudes están pendientes de tramitación (56%). En su mayoría, las personas que buscan protección en el territorio español son de nacionalidad venezolana o colombiana, seguidas por personas de procedentes de Perú, Honduras y Cuba. Las personas procedentes de Colombia son las que acumulan más de la mitad de las denegaciones realizadas, seguidas por Marruecos, Perú, Honduras y Senegal.
Frente a ello, CEAR sigue alertando de la diferenciación en cuanto a la concesión de protección temporal que se ofreció ante la emergencia humanitaria de Ucrania. Datos recogidos por la organización señalan que, en 2023, hubo un total de 33.928 de nuevas concesiones para personas desplazadas por la guerra en Ucrania. En ese sentido, Valiente denuncia que actualmente “España se encuentra en una encrucijada. Por una parte el gobierno valora una respuesta solidaria pero, por otra parte apoya el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo [aprobado en abril de 2024] y que supone el mayor retroceso desde su creación”. Junto con la persistencia de conflictos enquistados –Ucrania, Siria, Afganistán o Sudán– y la aparición de las grandes emergencias humanitarias– , CEAR hace un llamamiento a la Unión Europea a “implementar el Nuevo Pacto Europeo de Migración de Asilo de manera solidaria y garantista con los derechos de las personas migrantes y refugiadas” ante el avance de posiciones “racistas y xenófobas”.
A una semana de cumplirse dos años de la Tragedia de Melilla –que terminó con 37 personas muertas, 76 desaparecidas y al menos a 470 personas fueron devueltas a Marruecos de forma sumaria y sin garantías por la policía española devolvió–, la comisión pide que, en consonancia se cree un mecanismo independiente de seguimiento y monitoreo de los derechos humanos en los procedimientos de asilo, con especial atención a los de frontera.
El informe señala algunos de los principales problemas que dificultan el acceso a la protección internacional, haciendo un especial énfasis en las trabas administrativas. “No es posible que el proceso de tramitación se retrase unos tres años”, sostiene Valiente. Según Elena Muñoz, coordinadora estatal de Jurídico de CEAR, esto se debe a la “insuficiencia de recursos humanos y materiales durante los procesos administrativos. Pueden pasar meses hasta que no se consigue una cita para la realización de las entrevistas”. Muñoz destaca que, ya sea por el incremento de solicitudes o por la falta de los recursos personales, estas entrevistas suelen ser “escuetas” y que un 93% de ellas se hacen en territorio español y con la ausencia de letrados. La presencia de los abogados no es una obligación, sino un derecho, pero su ausencia junto con la falta de personal cualificado –como policías e intérpretes con conocimientos de lenguas minoritarias– favorecen a que no se tengan en cuenta el “tratamiento diferenciado en función de las necesidades de los solicitantes”, según acoge el marco europeo. “Si el procedimiento tiene carencias de calidad, las solicitudes no tienen toda la información que necesitan y, consecuentemente, la administración las rechaza”, concluye Muñoz. “Mi marido aún no ha podido terminar de cumplimentar la documentación”. En el caso de Wafa, la reagrupación familiar tampoco es posible porque piden un permiso de residencia permanente que no dispone.
Las dificultades para acceder a la información y a la asistencia necesaria para solicitar protección internacional también se ven en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Datos recogidos por la organización aseguran que hay personas que, tras solicitar protección en territorio y ser internadas en el CIE, no pudieron acceder a los recursos legales necesarios para defender sus derechos. Unas prácticas que “violan los derechos” de las personas internadas y “demuestran la ineficacia” de estos centros para cumplir sus objetivos.
Por otra parte, el retraso de los procesos administrativos “dejan a algunas personas en situación de desprotección y en riesgo de exclusión social”, sostiene la entidad. Ejemplo de ello son las condiciones de los solicitantes que se encuentran en espera de la formalización de la solicitud de asilo en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Con retrasos de 30 días y sin una atención a sus necesidades específicas –como puede ser la detección de posibles víctimas de trata–, en diciembre del año anterior 250 personas estaban hacinadas en condiciones de “insalubridad” en las salas de aeropuerto. Tanto CEAR y El Defensor del Pueblo, tomaron medidas legales contra la administración. Por su parte, Mónica López, codirectora junto a Valiente de CEAR, destaca las consecuencias mentales que se derivan de este tiempo de espera: “el hecho que una persona no pueda manifestar su derecho al asilo, que no puede entrar dentro del proceso de protección ni de tener de acceso a un techo, comida o ni siquiera a una identificación de vulnerabilidades, es algo muy duro y que es una consecuencia de no habilitar una coherencia en procesos de acceso rápidos”.
A consecuencia de la inestabilidad política en el Sahel y Senegal, casi tres cuartas partes de las llegadas al territorio español (70%) se concentraron en la ruta hacia Canarias. Este drástico repunte migratorio desencadenó una situación de emergencia humanitaria sin precedentes desde la llamada ‘crisis de los cayucos’ que tuvo lugar en 2006. 2023 también fue el año más letal para las personas migrantes y se estima que 959 personas fallecieron durante la ruta hacia las Islas Canarias.
CEAR “celebra” la rapidez en la que el gobierno activó medidas extraordinarias como la declaración de emergencia y la apertura de nuevas plazas de acogida en la Península. La activación de Centros de Acogida de Emergencia (CAED) facilitó que se repitieran situaciones de hacinamiento como las que se dieron en 2021 en el muelle de Arguineguín. En ese sentido, López sostiene que estas medidas cortoplacistas “sirven para descongestionar la situación” y que, frente a ello, “España debe contar con una estructura estable de acogida, tanto en las islas como en la Península, que dé respuesta a las, cada vez más frecuentes, situaciones de grandes llegadas”.
La ruta canaria experimentó también un aumento de llegadas de menores no acompañados, lo que sobrepasó la capacidad del sistema de protección en el archipiélago. El informe destaca la respuesta del Gobierno de Canarios en la tramitación de la modificación de la Ley de Extranjería para articular un sistema de reparto de la acogida de menores entre comunidades autónomas. Sin embargo, aún se desconoce cuándo se va empezar a ejercer su aplicación.
