Antes de que se concretara la salida de Harvey Colchado de la jefatura de la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), existía una buena relación entre él y el Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Esto llevó a que se reuniera con algunos representantes de su Gabinete, especialmente con la ministra Hania Pérez de Cuellar, quien le habría solicitado que los encuentros se realizaran en estricto privado, según informó el abogado del policía.
De acuerdo con un reportaje de 'Cuarto Poder', los primeros contactos con Harvey Colchado se dieron tras la caída de Pedro Castillo y la asunción al mando de Dina Boluarte. Es así como en diciembre de 2022, el entonces primer ministro Pedro Ángulo Arana recibió la orden de la jefa de Estado para encontrar un jefe para la DINI. Él tuvo la idea de asesorarse con el policía: 'En esos momentos me pareció que una persona adecuada podía ser Colchado porque tenía entendido que había trabajado algo en esos temas y quería que me refiriera algunos nombres, ese fue el tema'.
Según Miguel Pérez Arroyo, abogado de Colchado, su defendido pensó que ese sería el único llamado del Gobierno, pero se equivocó. A los pocos días, un amigo del policía le dijo que la ministra de Vivienda, Hannia Pérez de Cuellar, quería reunirse con él, pero de forma discreta. Según el letrado, ella pidió que la cita fuera reservada y se realizó en una casa de seguridad de DIVIAC, en Surco. Las casas de seguridad son viviendas que la policía alquila para usarlas como una suerte de guarida secreta.Ir a Publicar
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"Normalmente, en la administración pública, el lugar de la reunión lo define la persona de mayor jerarquía. Este fue el caso, ya que es una ministra la que convoca la reunión y es ella quien define el espacio donde se llevará a cabo", comentó el abogado.
La primera reunión tuvo lugar durante la tercera semana de diciembre de 2022, ya con Pedro Angulo fuera de la PCM y con Alberto Otárola como su reemplazo. Según Pérez Arroyo, en dicho encuentro la ministra se mostró preocupada por la futura designación del jefe de SEDAPAL, quien había sido una recomendación de Nicanor Boluarte. Ella habría mostrado su desconfianza con la persona sugerida y requería que lo investigaran. Se trataba de Héctor Piscoya Vera, quien finalmente se quedó con el cargo.
"No confiaba en esa recomendación. Por tanto, si no confiaba en esa recomendación, consultaba a un policía honesto sobre investigaciones antecedentes. O algún tipo de investigación abierta o lo que sea", agrega el letrado, quien dijo que la reunión acabó con la promesa de que se volverían a juntar. Pérez de Cuellar le habría dicho que le llevaría más información de otros funcionarios.
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La segunda reunión ocurrió a fines de enero. La integrante del Gabinete Otárola llevó una lista de currículums de varios funcionarios del Ministerio de Vivienda de los cuales tenía sospechas y quería que fueran investigados. Entre marzo y julio del 2023, la ministra y el policía se reunieron cerca de tres veces, siempre en secreto y en la casa de seguridad de Surco.
En aquel momento, la relación entre el Gobierno y el entonces jefe de la Diviac era buena. El 31 de julio de 2023, la presidenta firmó esta resolución suprema en la que felicitó a los policías que apoyaban al equipo especial de fiscales, con mención especial al coronel Harvey Colchado. Ya en agosto, los generales Carlos Chong Campana (entonces jefe del Estado Mayor de la Policía), Raúl Silva Olivera (jefe de Recursos Humanos de la Policía) y Juan José Serrano Herrera (director de Asesoría Jurídica de la PNP) citaron a Colchado para ofrecerle ser agregado policial en la embajada de nuestro país en Estados Unidos.Ir a Publicar
Se calcula que el ofrecimiento incluía todos los gastos pagados y aproximadamente US$200 mil en sueldo por dos años. El jefe de la Diviac rechazó el ofrecimiento pensando que habría más oportunidades, pero meses después la relación con el Gobierno se debilitó hasta que fue suspendido del cargo.
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El fin de la buena relación entre Hania Pérez y Harvey Colchado se dio luego de que se emitiera un reportaje donde se mostraba cómo Nicanor Boluarte se reunió en su casa con alcaldes de pequeños distritos cajamarquinos, quienes luego de visitarlo recibieron presupuestos millonarios de parte del Estado. Ante ello, el equipo especial de fiscales, a los que Colchado apoyaba, tomó el caso y las reuniones con representantes del Gobierno se acabaron.
Finalmente, una última reunión se produjo el 24 de enero de este año. Ese día, la ministra le dijo a Colchado que la denuncia periodística no tenía sustento y que ella le haría llegar información que demostraba que el dinero entregado a los alcaldes fue aprobado por el Congreso y que ni el Ejecutivo ni el hermano de la presidenta estaban involucrados en un acto ilegal.Ir a Publicar
