La tesis de la Fiscalía señala que la estructura de la organización habría sido "vertical", con Dina Boluarte en la cima y su hermano Nicanor desde la sombra.
Una nueva investigación realizada por el Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), bajo la dirección de la fiscal Marita Barreto, advierte que la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, habría liderado una presunta organización criminal desde su período como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, cargo que ocupó a partir de julio de 2021, según información publicada por Hildebrandt en sus Trece.
Según fuentes cercanas al caso, Boluarte habría utilizado su posición, cuando era titular del Midis, para favorecer con contratos del programa Qali Warma a empresarios que contribuyeron económicamente a su campaña electoral en 2021, así como a allegados de su hermano, Nicanor Boluarte, también investigado. Este programa es conocido por proporcionar alimentos a los colegios más necesitados del país.
La tesis de la Fiscalía señala que la estructura de la organización habría sido "vertical", con Dina Boluarte en la cima, quien daba órdenes, y su hermano Nicanor, que operaba desde la sombra. El objetivo principal era adquirir poder, influencia en entidades estatales y beneficios económicos mediante la manipulación de contratos y licitaciones públicas.
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Este patrón de conducta se habría extendido durante su presidencia, ampliando las operaciones hacia otras carteras e instituciones estatales. Detalles de la investigación revelan conexiones y favores que involucran a altos ejecutivos del programa Qali Warma y a empresarios como Cluteldo Beltrán Salinas, implicado en transacciones cuestionables por un total de 4,700,000 soles.
Asimismo, una vez en Palacio de Gobierno, esta expansión incluyó la Dirección General del Gobierno Interior del Ministerio del Interior, encargada de designar a los prefectos y subprefectos a nivel nacional, y el Instituto Peruano del Deporte (IPD).
Además, se menciona que Grika Asayag O’Besso, ex asistente personal de Boluarte e involucrada en la falsificación de documentos, realizaba maniobras bajo la influencia de la entonces vicepresidenta para beneficiar a empresas específicas en las licitaciones de Qali Warma, lo que sugiere un uso indebido del poder para beneficios personales y de su círculo cercano.
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La creciente evidencia contra Boluarte y su administración plantea serias preguntas sobre la integridad y la transparencia del gobierno actual, poniendo a la presidenta en una posición cada vez más comprometida frente a la ley y la opinión pública. La Fiscalía continúa su trabajo a pesar de los obstáculos, con el objetivo de desmantelar lo que describen como una extensa red de corrupción y abuso de poder que se extiende a lo largo del gobierno actual.
Dina Boluarte se siente amenazada por lo que su gobierno estaría intentando desintegrar al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), encabezado por la fiscal Marita Barreto. Este equipo, fundamental en la investigación de redes de corrupción que involucran a la alta política peruana, ha sido blanco de una serie de acciones que incluyen intimidaciones y hostigamiento.
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Recientemente, la fiscal Barreto recibió amenazas directas a través de correos electrónicos y fue objeto de reglaje, un acto que ha sido interpretado como un intento por obstaculizar las investigaciones en curso sobre corrupción gubernamental. Cabe resaltar que el pasado 28 de febrero, Barreto recibió un correo electrónico con el siguiente mensaje: "Terminarás destituida y presa".
