El pasado 10 de junio, rindió su informe la comisión investigadora de los contratos que diversas instituciones públicas otorgaron al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
La principal conclusión del informe es que el gobierno utilizó a la agencia de publicidad del Sinart para concentrar allí toda la pauta estatal, dando paso a un “método perverso” en el que se conceden recursos a los medios de comunicación que “no ejerzan una crítica al Ejecutivo”. Este ya es un hecho lo suficientemente grave, pues se trata de un ataque del Estado a una de las libertades fundamentales del ser humano: la libertad de expresión.
Sin embargo, al leer el detalle del documento, aflora una segunda conclusión igualmente grave: la politización de las contrataciones públicas.
Con base en testimonios, documentos e intercambios de mensajes facilitados por los testigos, la comisión concluyó que:
-El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) permitió que la presión política influyera en el uso de los fondos publicitarios de Kölbi, poniendo en riesgo comercial a la marca frente a sus competidores.
-Sometidos a una fuerte presión, altos funcionarios del ICE instruyeron la contratación de proveedores en contra de las recomendaciones técnicas de la dirección de Estrategia Comercial de Kölbi.
-La contratación de la agencia de publicidad del Sinart, por parte del ICE, se fraguó en tiempo récord, antes de que entrara en vigor la Ley de Contratación Pública en diciembre de 2022, para “saltarse los controles” de la nueva normativa.
-Se repitió el patrón de persecución hacia una funcionaria que defendió los criterios técnicos y rechazó hacer contrataciones injustificadas.
-En el caso de la Junta de Protección Social (JPS), el informe dice que la presidenta de la institución, Esmeralda Britton, se apartó de los criterios técnicos para conceder millonarios contratos al Sinart por órdenes directas del presidente de la República, Rodrigo Chaves. Promovió un contrato de ¢2.310 millones para que la Agencia de Publicidad del Sinart manejara la publicidad de la JPS, así como el traslado del programa La Rueda de la Fortuna a canal 13, en donde la audiencia era mucho menor.
En ambos casos, los departamentos internos de la Junta de Protección Social advirtieron de que la institución saldría perdiendo.
-Un audio suministrado por la exgerenta de la JPS, Marilyn Solano, muestra a Esmeralda Britton diciendo que, si no se concretaba la contratación de la agencia del Sinart, iban a “rodar cabezas”.
-El departamento de Mercadeo sostuvo que resultaba un 77% más barato continuar ejecutando las labores publicitarias de forma interna, en la Junta de Protección Social, en vez de contratar al Sinart.
El informe lo aprobaron cinco diputados: Dinorah Barquero y Danny Vargas, del PLN; Ariel Robles, del FA; Vanessa Castro, del PUSC, y Johana Obando, del PLP.
El presidente Rodrigo Chaves respondió con ataques individualizados para Barquero, Robles, Castro y Obando. No firmaron el documento Ada Acuña, del PPSD, y José Pablo Sibaja, del PNR.
Los hechos citados en el informe de mayoría encienden las alertas sobre el peligro de la discrecionalidad y la politización en las compras públicas.
Aun así, una parte de los diputados evalúa dar los votos al gobierno para convocar a referéndum un proyecto de ley que debilitaría el sistema de control sobre las compras públicas, permitiendo que el Poder Ejecutivo diseñe un débil sistema de fiscalización para un órgano auxiliar del Poder Legislativo: la Contraloría General de la República.
La fracción legislativa del PUSC anunció que consultará el criterio de sus bases, incluidos los alcaldes, sobre el referéndum. Este es un planteamiento cuestionable. Los alcaldes y las municipalidades son objetos recurrentes de la fiscalización de la Contraloría. ¿Cuántos casos de malas contrataciones o abusos ha tenido que frenar y sancionar la Contraloría en los ayuntamientos? ¿Quién ganaría con la eliminación del sistema de control?
Esta semana, también trascendió que uno de los miembros del comité asesor del presidente para el referendo, el exdiputado y excontralor Alex Solís, dejó por escrito su oposición a la idea de someter la “ley jaguar” a consulta popular, por considerarla una propuesta inconstitucional y de poca jerarquía para el costo económico que conlleva un proceso de este tipo (cerca de ¢3.000 millones).
Por su parte, el abogado constitucionalista, Manrique Jiménez, declinó ser parte del grupo asesor por considerar que el plan es inviable jurídicamente.
Los diputados se aprestan a votar la convocatoria a referéndum. Por ahora, solo Andrea Álvarez ha anunciado su voto en contra al argumentar que “abre paso a corrupción”.
Le saluda Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación. Nos contactamos de nuevo, el próximo fin de semana.
