César Vallejo en Telúrica y magnética expresa una vivencia introspectiva del Perú y el mundo. “¡Mecánica sincera/ la del cerro colorado!/ ¡Suelo teórico y práctico! [...] ¡Auquénidos llorosos, almas mías!/ Sierra de mi Perú, Perú del mundo, y Perú al pie del orbe, yo me adhiero!”. Y al mismo tiempo, una comprensión de su existencia vinculada al exterior. No desde el mundo hacia el Perú, sino del Perú hacia el orbe. Esa mirada, desde lo nacional a lo global, es el fundamento de la política exterior. Especialmente, en el tenso y complejo devenir del sistema internacional unipolar en transición de nuestros días.
La globalización no puede ni debe diluir el Perú. Por el contrario, en su contexto hay que terminar de construir y consolidar el proyecto nacional. Hay que conciliar lo global con lo nacional para realizar la promesa de la vida peruana, como decía Basadre. Para su afirmación como sociedad y Estado, como postulaba Riva Agüero. Para peruanizarlo, como pensaba Mariátegui. O para preservar la peruanidad en el imaginario colectivo, como reclamaba Víctor Andrés Belaunde.
Ese ímpetu y esa responsabilidad de entender la política desde la patria se ha ido perdiendo en las últimas décadas. Viene siendo sustituido por un hiperfactualismo, que promueve intereses inmediatistas de grupos o sectores económicos, sociales o políticos, cobijados en el faccionalismo.
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El “yo” del grupo o la fracción que se autoexcluye del resto de la sociedad o que inconscientemente identifica la patria solo con sus intereses ha ido sustituyendo al “nosotros” de la pluralidad de la Nación que, por definición, debe siempre incluir a los “otros”.
Este proceso de disgregación del referente nacional, hasta hace poco, había impactado solo relativamente en la elaboración y ejecución de la política exterior. Y ello se explica, desde el punto de vista teórico, por el hecho que en las relaciones internacionales la existencia de intereses permanentes del Estado y la sociedad otorgan, en períodos de normalidad del funcionamiento de los regímenes políticos, una cierta autonomía a la política externa respecto de la política interna.
De allí que haya sid posible construir políticas exteriores de Estado; es decir, no enteramente supeditadas a los intereses coyunturales de unos u otros gobiernos.
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Esta continuidad de objetivos y metas está en la base de la identificación de los intereses nacionales permanentes, a los que se entregó históricamente la diplomacia peruana, entre otros, la integridad territorial; la no agresión; la protección de los derechos humanos de la población, incluidos los derechos sociales, económicos y medioambientales; el cumplimiento de las obligaciones internacionales; la preservación de la paz; la solución pacífica de las controversias; el principio de libre determinación de los pueblos, la prioridad latinoamericana y de desarrollo de las zonas fronterizas de la diplomacia nacional (establecidas constitucionalmente); y la protección y promoción de los nacionales y de sus intereses en el exterior.
Cada uno de estos intereses tienen una suerte de realidad espejo en la agenda interna e internacional. De allí que la interacción dialéctica entre política interna y política externa sea decisiva en la elaboración y ejecución de la política exterior. El carácter permanente de ciertos intereses nacionales implica que la política interna no altere sus cimientos de consenso nacional.
Cuando las decisiones de la política interna colisionan con los intereses nacionales permanentes de la política exterior, se produce un debilitamiento, la desorientación o una crisis en el patrón de relacionamiento externo del Estado. Si esos impactos negativos de la política interna afectan instituciones, valores u obligaciones internacionales, pactadas por el Estado, los efectos y las reacciones del sistema internacional pueden ser muy onerosos.
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El Yo de los intereses faccionales está alterando los consensos nacionales de la política exterior del nosotros, de la Nación. La política exterior ha pasado a ser determinada por la evolución de la política interna.
El problema es que esa determinación va a contramano de los intereses nacionales permanentes, las condiciones globales del sistema internacional y las obligaciones asumidas por el Estado peruano a través de los tratados. Este proceso no solo reduce al mínimo el margen de acción de la diplomacia. Afecta gravemente la competitividad internacional del país.
El objetivo nacional –reconocido a nivel constitucional– de garantizar los derechos humanos de la población está siendo vulnerado por la persistencia de la impunidad en el caso de los 59 asesinados en las protestas sociales. Por las violaciones de los derechos a la asociación, a la libertad de expresión, a los derechos de las mujeres, los tratos crueles o degradantes. Documentados internacionalmente. Por la ley de impunidad en casos de crímenes de lesa humanidad, que agrava la disfuncionalidad entre la política interna y los intereses nacionales permanentes del país.
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Lo mismo sucede con la institucionalidad democrática. La constitución establecía un régimen democrático con división de poderes e instituciones esenciales autónomas, la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones. Las reformas constitucionales –política interna–, impulsadas por el Congreso y avaladas por el Ejecutivo, afectan gravemente el Estado de derecho, la división de poderes y la institucionalidad democrática. Para justificar la alteración de la institucionalidad del Estado de derecho se arguye una supuesta interferencia foránea. No se trata de injerencia alguna, se trata de la preservación de la democracia.
El interés nacional de afirmar una diplomacia respetuosa de los tratados y las obligaciones internacionales, esencial para las inversiones, se lesiona con sentencias inconstitucionales del propio Tribunal Constitucional y con el desacato del gobierno a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿El espejo en la política exterior?: un país que no da estabilidad ni previsibilidad a la inversión extranjera y nacional; un Gobierno que asume iniciativas para desproteger los derechos humanos de su población, contraviniendo sus obligaciones internacionales.
La representación de los intereses de la minería ilegal, la cobertura a la deforestación y la lenidad frente a los asesinatos de los defensores ambientales –política interna–, torna inverosímil la política exterior medioambiental y erosiona el objetivo nacional ambientalista. Daña la imagen de un país cuya biodiversidad debería ser una renta estratégica para su diplomacia.
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Igual sucede con las relaciones bilaterales, cuyo buen manejo es un objetivo nacional permanente. Lesionadas por las crisis con Bolivia, Colombia y México. Y, también, con el reciente enfrentamiento con los EEUU y la Unión Europea por la ley –otra vez la política interna– de reforma de la APCI.
Cuando la política interna se vuelve política externa, la diplomacia puede extraviar su razón de ser. Y comprometer intereses nacionales permanentes.
