El Gobierno se plantea, previsiblemente, una reforma constitucional encubierta para asumir el control del Poder Judicial. El plan que adelanto Pedro Sánchez en forma de ultimátum al PP, de momento un esbozo sin concreción alguna, para quitar al CGPJ la potestad de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia choca con el artículo 122 de la Constitución, pero Moncloa se amparará en la "excepcionalidad" y el "interés general". Ambos preceptos, políticos pero convertidos en jurídicos, aparecen en el preámbulo de la ley de amnistía sobre la que ...