Magistrados señalan que informe de comisión investigadora de finanzas electorales contiene recomendaciones que se tomaron sin recibir en audiencia al mandatario.
La Sala Constitucional anuló, este viernes, la recomendación de los diputados de sancionar al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por su participación en un esquema de financiamiento para la campaña electoral que los legisladores calificaron, en su momento, de ilegal.
El alto tribunal resolvió de esta forma un recurso de amparo presentado por la diputada oficialista Ada Acuña Castro, quien alegó que la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales de la Asamblea Legislativa omitió citar al gobernante para escucharlo.
Los magistrados, en una resolución tomada por unanimidad, señalaron que hubo una lesión al derecho a la defensa del presidente Chaves, debido a que no se le otorgó audiencia durante el periodo de vigencia y de labores del órgano investigador.
El informe final de la comisión, aprobado el pasado 26 de febrero en el plenario legislativo, recomienda “considerar solicitud de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos para aquellas personas que, siendo candidatas o parte de las estructuras partidarias, incurrieron en delitos electorales”.
Informe señala a Rodrigo Chaves como autor intelectual de financiamiento ilegal
En ese documento, los diputados concluyeron que Chaves fue el autor intelectual de un esquema de financiamiento ilegal para su campaña como candidato presidencial por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en el que fue partícipe y tomador de decisiones.
Además, el órgano parlamentario concluyó que la campaña del hoy mandatario se benefició de aparentes estructuras paralelas, donaciones ocultas, contribuciones por interposita mano, sedes de campaña no reportadas y mal uso de los bonos de la deuda política.
La resolución emitida este viernes por la Sala IV no hace ninguna referencia a las conclusiones emitidas en el informe. No obstante, los altos jueces señalan que recomendar una sanción contra el gobernante, sin recibirlo en audiencia, resulta contrario a lo contemplado en el artículo 39 de la Constitución Política.
“A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad”, reza dicho artículo.
Estructura paralela financió campaña de Rodrigo Chaves al margen del partido
La Sala IV advirtió de que existe reiterada jurisprudencia sobre casos similares, en particular los votos 592 de 1999 y 10132 del 2018. En este último, se falló contra una comisión investigadora del Congreso que emitió recomendaciones contra un investigado sin que se le diera comparecencia oral.
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“Dicha jurisprudencia ha sostenido que el rigor del debido proceso aplicable a un procedimiento de naturaleza sancionatorio, administrativo o jurisdiccional, no se puede transferir a uno de control político; lo que no significa que se pueda prescindir del derecho de defensa, de cara a que la comparecencia da un mínimo de oportunidad de argumentar lo que el investigado considere necesario, antes de que el plenario legislativo apruebe el informe”, explicaron los magistrados.
En la votación participaron los magistrados Fernando Castillo, presidente de la Sala IV; Luis Fernando Salazar, instructor del caso; Paul Rueda; Ingrid Hess Herrera; y Anamari Garro Vargas, así como los suplentes Roberto Garita Navarro y Alexandra Alvarado Paniagua.
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