Magaly Medina no dudó en criticar duramente a la conductora del noticiero matinal de ATV, Mari Calixtro, luego de que ella admitiera que verifica la ubicación de su esposo a través de la aplicación de GPS en medio de un debate sobre las relaciones tóxicas. “¿Qué tiene de malo que uno sepa exactamente dónde está la pareja? Ambos somos iguales Porque es bueno para saber si estás tranquilo, es un tema de seguridad del país, no tiene nada de malo que sepa dónde está”, señaló la periodista.
A través de un comunicado, los diferentes gremios empresariales y sindicatos de trabajadores rechazan los recientes proyectos de ley que se debaten en el Congreso de la República, quienes aseguran que se pone en riesgo la seguridad del país. Principalmente, la propuesta legislativa N.° 5891/2023/CR que ha sido aprobado en primera votación por el Legislativo y establece cambios normativos para definir a las organizaciones criminales, pues deberían tener "mayor capacidad operativa".
En el documento, se enfatizan 5 puntos en los que se hace un llamado al Congreso para que consideren evaluar las modificaciones propuestas contra la Ley del Crimen Organizado. Estos cambios podrían dejar fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción y favorecer a redes criminales. Además, hacen una observación a la propuesta de que los allanamientos se realicen en presencia de los investigados y sus abogados, lo cual podría eliminar el factor sorpresa necesario para estas intervenciones y facilitar el ocultamiento de pruebas en los casos.
"Es grave que se señale como requisito que las organizaciones criminales controlen 'la cadena de valor de un mercado o economía ilegal', con lo cual quedarían fuera quienes cometen delitos de extorsión, secuestro y asalto, que tienen en zozobra a la población", se lee en el comunicado. La Confiep, SNI, ADEX, CCL, Capeco, AGAP y el sindicato de Construcción Civil que suscriben el documento también cuestionan la modificación que estipula se considere como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva.
