El Senado argentino confirmó esta semana la primera victoria legislativa para el gobierno de Javier Milei con la aprobación de la Ley Bases, una legislación integral que abarca múltiples áreas de la administración pública, la economía y otros sectores estratégicos.
La aprobación de esta ley estuvo marcada por debates intensos y negociaciones que se extendieron hasta altas horas de la madrugada. Finalmente, un empate fue resuelto por la vicepresidenta Victoria Villarruel. La Nación le explica ¿Cuáles son los puntos más relevantes de esta ley y las implicaciones de sus disposiciones?
Uno de los puntos más significativos para el gobierno argentino era la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año. Este punto generó intenso debate y controversia en el Senado, reflejado en un empate 35-35 que fue decidido por el voto de la vicepresidenta argentina Victoria Villarruel.
Esta declaración permitirá al presidente Javier Milei tomar decisiones sobre los mencionados sectores sin depender del Congreso hasta mediados de 2025. No obstante, Milei no tendrá plena libertad para intervenir en estas áreas.
En el artículo 3 se establecen limitaciones a las facultades del Poder Ejecutivo para intervenir en organismos públicos, y se prohíbe la disolución de entidades culturales y científicas como el INTA, INTI y la CNEA. Además, se aseguró el financiamiento de estos organismos, los cuales están incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
Uno de los puntos más controvertidos del paquete legislativo de la Ley Bases es el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Este régimen se centra en sectores considerados clave para el desarrollo del país según el Ejecutivo, tales como la energía, infraestructura, agro y minería.
El título fue aprobado con 38 votos a favor y varias modificaciones, que incluyen restricciones sobre el uso de mercadería importada y la contratación de trabajadores locales.
El diputado del partido macrista, Luciano Laspina, expresó su descontento en su cuenta de redes sociales.
“No se me ocurre algo más arbitrario, dirigista y discriminatorio. Un daño enorme al espíritu de una ley general de protección de inversiones para todos los que quieran invertir en el país”, señaló Laspina.
Los proyectos beneficiados por el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) pueden recibir exenciones o reducciones impositivas, así como facilidades administrativas para la aprobación y ejecución de sus proyectos.
El gobierno argentino considera al RIGI como una herramienta fundamental para atraer capitales que puedan dinamizar la economía del país.
Se realizaron diversos cambios significativos en el marco legislativo recientemente aprobado.
En cuanto al blanqueo de capitales, se eliminaron cláusulas que permitían a residentes extranjeros ingresar al régimen de regularización, y las criptomonedas fueron excluidas del mismo.
El Senado rechazó la reimposición del Impuesto a las Ganancias, dejando esta decisión pendiente de definición por parte de la Cámara de Diputados.
El intento de modificar el Impuesto a los Bienes Personales no prosperó en esta instancia, pero la Cámara de Diputados tendrá la oportunidad de insistir con los cambios.
En relación al Monotributo Social, una categoría tributaria que permite a los contribuyentes de menores ingresos facturar, acceder a una obra social e ingresar al sistema jubilatorio, se mantiene un esquema distinto al anterior. Este esquema incluye un pago mínimo destinado a la jubilación y ofrece la opción de elegir la cobertura de obra social.
Se eliminó la reconfiguración de la Moratoria Previsional, dejando vigente la posibilidad de requerir la moratoria hasta marzo de 2025. También se eliminó la creación de una prestación de retiro proporcional para personas de 65 años sin 30 años de servicio.
Por otra parte, con la modificación del artículo 22 de la Ley Minera (24.196), se aumentó del 3% al 5% el tope de regalías que las provincias pueden percibir, aplicable únicamente a proyectos que no iniciaran la explotación antes de la entrada en vigencia de la nueva norma.
De la versión original que proponía la privatización de 40 empresas, solo 9 fueron incluidas en el texto final tratado por el Senado. Entre las excluidas se encuentran Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina (RTA) y el Correo Argentino.
Únicamente Energía Argentina S.A. (Enarsa) e Intercargo podrían ser privatizadas completamente.
Esta disposición también resultó en un empate, que fue nuevamente desempatado por Villarruel. El Gobierno expresó a través del Vocero Presidencial su intención de persistir con la privatización de las empresas que fueron excluidas.
Además, las Contrataciones del Estado con un avance del 80% o financiamiento internacional ya no serán detenidas.
En cuanto al Empleo Público, se introdujo una modificación que protege a los empleados en licencia por enfermedad, accidente, embarazo o matrimonio. Esta medida evita que sean puestos en situación de disponibilidad hasta que finalice su licencia.
Por otra parte, en el ámbito del Empleo Registrado, se eliminaron las multas para empleadores que no regularicen a sus empleados.
En temas de Modernización Laboral, se eliminó la cláusula que limitaba el cobro de cuotas solidarias por parte de los sindicatos y se estableció que la participación en bloqueos constituye una grave injuria laboral, con la posibilidad de terminación del contrato de trabajo.
