Una vez que se ha aprobado la ley de amnistía, tras su publicación en el BOE acaba la etapa política y empieza el momento de los jueces. Como decía Disraeli, es mucho más fácil criticar que hacer justicia. Nuestros togados no debieron manifestarse contra la ley, ni atacar el proyecto con rabia partidista en actos públicos, medios de comunicación y redes sociales. Les corresponde aplicarla y ahora es su momento. Aunque la ley tiene presunción de constitucionalidad, es lícito que los jueces que tengan dudas jurídicas (que no políticas) planteen antes cuestiones prejudiciales para que los tribunales competentes se las resuelvan. Quienes sí creemos en el Estado de derecho debemos respetar a los jueces que por fin ejercen sus competencias, sin caer en el mismo desprecio que ellos han mostrado por la división de poderes.
En un sistema democrático parlamentario, las Cortes representan al pueblo, tienen legitimidad democrática directa y les corresponde por ellos dirigir políticamente la sociedad. Sus opciones políticas se plasman en leyes que, una vez aprobadas, obligan a todos y deben ser aplicadas generalmente. La ley de amnistía -como todas- es en principio una expresión legítima de la voluntad general. Quien niegue eso, estará negando el sistema. El poder judicial, que está explícitamente sometido al imperio de la ley, tiene la tarea de convertir esta y el resto de leyes en realidad. El ordenamiento prevé la manera en la que los jueces y tribunales ejercen tal obligación. No sería posible un ordenamiento democrático en el que los jueces aplicaran solamente las leyes con las que coincidan ideológicamente.
En esta ocasión, tras el bochornoso espectáculo de parte de nuestra judicatura que, convertida en actor político, incluso se manifestó públicamente contra la ley, es lícito que la ciudadanía dude de su imparcialidad a la hora de aplicarla. Les corresponde a los tribunales disipar esa duda utilizando argumentos escrupulosamente jurídicos y neutrales y, sobre todo, respetando su marco de competencias constitucional. No puedo imaginar que no vaya a ser así.
Es cierto que algunos jueces, seguramente influenciados por su ideología política y su idea nacional, creen que la ley de amnistía puede ser inconstitucional. Aun así, de cara a su aplicación, toda ley es constitucional hasta que el órgano competente -que no es el poder judicial- diga lo contrario. En nuestro sistema, los jueces sometidos a la ley no pueden no aplicarla. El monopolio del control de constitucionalidad radica en el Tribunal Constitucional que es el único que, en nuestro sistema, puede anular una norma con rango de ley. En el ámbito europeo esa función corresponde al Tribunal de Justicia.
Sí puede suceder que a un juez llamado a usar una ley le surjan dudas acerca de si es constitucional o compatible con el derecho de la Unión Europea. Entonces, una vez que haya constatado que la ley es aplicable a su caso y cuando haya terminado toda la tramitación del asunto, puede plantear una pregunta al órgano correspondiente y suspender el procedimiento hasta que le llegue la respuesta. Si su duda es sobre la constitucionalidad de la ley, la planteará al Tribunal Constitucional. Si es sobre la compatibilidad con el derecho europeo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este último caso, excepcionalmente, también puede llegar a inaplicar la norma estatal porque sea de manera clara e irrefutable contraria al derecho de la Unión y haya ya una sentencia del Tribunal de Justicia en un asunto igual.
Este mecanismo de duda previa busca que los jueces no se vean obligados a aplicar leyes jurídicamente ilegítimas. No es nada excepcional y se usa con cierta frecuencia. Si los tribunales recurren a él ante la ley de amnistía no implica necesariamente que estemos ante un boicot a la ley, sino que sestarán acudiendo a un mecanismo legítimo y necesario. Una vez que el tribunal constitucional o el europeo resuelvan las cuestiones planteadas, si establecen que esta ley no merece reproche alguno, a los jueces no les quedará más remedio que utilizarla en sus decisiones.
Evidentemente, la duda sobre la constitucionalidad de una ley ha de ser una inquietud individual de cada juez que tenga que utilizarla en un caso. No puede ser un mecanismo de bloqueo al que grupos de jueces acudan coordinadamente para evitar la efectiva entrada en vigor de una ley. Personalmente considero que la mayoría de nuestros jueces tiene suficiente criterio personal como para no participar en acciones de ese tipo. Es evidente que las leyes con fuerte debate social son más susceptibles de desatar este procedimiento. Anteriormente, ya ha sucedido que en ocasiones ante leyes polémicas se planteen numerosas cuestiones de inconstitucionalidad por parte de numerosos juzgados y tribunales.
En una situación normal lo lógico sería que en las próximas semanas nos encontrásemos con una tipología diversa de reacciones frente a la ley: jueces que interpretan la ley de amnistía y no la ven aplicable a sus casos, jueces que plantean dudas de constitucionalidad o relativa al derecho europeo y jueces que aplican directamente la ley. Las tres posturas son legítimas y entran –más allá de que coincidamos o no con el fondo– dentro del ejercicio de la función jurisdiccional. Se podrá discutir el acierto de cada una de las decisiones, pero no su encaje institucional.
Lo único que rompería con la delimitación de las funciones propias del poder judicial sería que alguno de sus integrantes optara por la mera inaplicación de la ley de amnistía. Como se ha dicho, los jueces no pueden dejar de aplicar una ley sin más, porque a ellos les parezca contraria a normas superiores. Por eso resulta especialmente preocupante estos días que algunos de los magistrados militantes tan hiperactivos en redes sociales estén abocando por esta opción, alegando que lo permite el derecho europeo. Las normas emanadas del parlamento tienen una especial legitimidad democrática que se concreta en su presunción de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional ya ha dejado claro, en la sentencia 37/2019 que el juez que tenga dudas de la compatibilidad entre una ley y el derecho comunitario tiene que plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo. De no hacerlo, a no ser que haya ya una sentencia al respecto o que la cuestión no plantee la mínima duda, el juez estaría lesionando el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos perjudicados. En un tema tan politizado y en el que ninguna posición jurídica parece del todo evidente, esa opción sería una simple desobediencia a la Constitución que situaría a los miembros del poder judicial que lo intentaran fuera del sistema democrático. No creo que llegue a suceder.
Lo previsible es que ahora que les toca a nuestros jueces hacer su trabajo, lo hagan con profesionalidad y respeto a sus competencias, huyendo de cualquier tentación autoritaria. La culpa de tener hoy que recordar esta obviedad y salir a defender la imparcialidad de la justicia es de aquellos magistrados que durante el debate de la ley no se han cortado en lanzarse a la arena política, comprometiendo su propia apariencia de imparcialidad.
En noviembre de 2023 numerosos jueces participaron en concentraciones en las puerta de sus juzgados en las que mostraron su “preocupación” ante el inicio de la tramitación la ley de amnistía. Esos mismos días, las salas de gobierno de numerosos tribunales subscribieron un manifiesto inicialmente dirigido contra el acuerdo entre PSOE y JUNTS pero que se dirigió también contra la proposición de ley. Centenares de jueces han atacado la ley de amnistía mientras se discutía. Bajo alusiones genéricas a la división de poderes o la igualdad, se han pronunciado a favor de la unidad de España y exigiendo dureza contra el independentismo. Estos excesos de jueces metidos a políticos han sembrado entre la población la sospecha de que puedan estar tentados de utilizar su posición jurisdiccional para desarrollar sus ideas políticas. Espero que no suceda.
Personalmente, creo en la justicia como institución y estoy convencido de que son mayoría los jueces que van a intentar abordar este asunto con la máxima imparcialidad, respetando las leyes aprobadas por el parlamento y volviendo al terreno exclusivo de lo jurídico. Espero que lo hagan de tal modo que sean capaces de borrar las sombras de politización que algunos de sus compañeros han extendido irresponsablemente.
