Dieciséis años después de que agentes de la Policía irrumpieran en el ayuntamiento de Estepona y se llevara esposados al alcalde, concejales y técnicos, el Caso Astapa espera sentencia convertido en una versión muy reducida de lo que un día se creyó que era. El fiscal ha empequeñecido su acusación hasta dejar el caso varios órdenes de magnitud por debajo del que tenía en enero de 2023, cuando comenzó el juicio.
Ahora, para Antonio Barrientos, alcalde de Estepona en 2007 (PSOE), el fiscal pide un año y seis meses de prisión y 40.000 euros de multa por presuntos delitos de falsedad, fraude, malversación y cohecho, según el informe de conclusiones que ha presentado este lunes al juzgado, al que ha tenido acceso elDiario.es en Andalucía; pedía diez años y nueve meses y un millón de multa en el escrito de acusación con el que comenzó el juicio, además de 28 millones en concepto de responsabilidad civil.
Del medio centenar de acusados, inicialmente por falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, a nueve se les retira la acusación y sólo dos se enfrentan ahora a más de dos años y medio de prisión, el límite bajo el cual los tribunales suelen suspender la pena si no hay otros antecedentes. En cambio, en el escrito de acusación con el que se abrió el juicio había 33 acusados que superaban ese horizonte penal, con una veintena para quienes Fiscalía pedía seis años de prisión. Todos los acusados han visto reducida drásticamente la petición de penas para ellos.
Estas rebajas se unen al hecho de que hace apenas una semana el ayuntamiento de Estepona anunciara que se retira del procedimiento y renuncia a exigir posibles compensaciones económicas a los culpables, si es que finalmente existen, dejando así a la Fiscalía como única acusación.
Sobre la investigación de este caso ha planeado, cada vez más nítida, la sombra del comisario retirado José Manuel Villarejo, que tenía (y mantiene) intereses inmobiliarios en Estepona.
Villarejo se reunió con los denunciantes del caso, los exconcejales socialistas David Valadez y Cristina Rodríguez, y nunca ha quedado muy claro por qué estos presentaron su denuncia ante la UDEF en Madrid, en aquel tiempo dirigida por el comisario José Luis Olivera, amigo de Villarejo.
En aquel momento, comienzos de 2006, Valadez y Rodríguez llevaron a Madrid un supuesto informe, sin firma ni autor conocido, que acreditaría la infravaloración de convenios urbanísticos, y que sirvió como punto de partida de la investigación policial. Sin embargo, ese documento ha quedado luego reducido a la categoría de “papeles” sin consistencia para la propia Audiencia Provincial que juzga el caso.
Las conexiones con Villarejo no acaban ahí. Tras asumir la alcaldía sustituyendo a Barrientos, Valadez nombró a Diego de Lucas, un madrileño sin conexión con Estepona, como plenipotenciario para asuntos urbanísticos. Le había recomendado el comisario Olivera, según admitió Valadez en el juicio. De Lucas consta como “socio de segundo nivel” de este en un informe de Asuntos Internos en poder de este medio. También era socio de Villarejo el empresario José Luis Escribano, que prestó una declaración clave para armar la acusación.
En su declaración ante los jueces, Villarejo negó que estuviera detrás de la Operación Astapa y aseguró que se limitó a captar confidentes como agente encubierto. También, que todo su entramado societario en el municipio formaba parte de su cobertura.
Sin embargo, estas sospechas han contaminado todo el juicio, hasta el punto de que las dudas en torno al origen de la investigación motivaron que la Audiencia Provincial de Málaga anulara las escuchas de la causa nada más comenzar, por entender que no había ningún elemento que las justificara cuando fueron autorizadas. Fue el primer estacazo a un relato que ahora se tambalea.
Han sido año y medio de juicio y diez de instrucción. El caso explotó el 17 de junio de 2007, concitando una gran atención mediática que, en parte, venía condicionada por la cercanía espacial y temporal a Marbella y sus escándalos de corrupción. Llegó a compararse con la Operación Malaya.
También influía el tamaño del presunto desfalco a las arcas públicas que habrían operado el alcalde Barrientos, sus concejales y técnicos. Según la acusación inicial, se desviaron decenas de millones de euros públicos en beneficio de particulares, campañas electorales o partidos políticos, a través de una presunta trama para sistematizar el cobro de comisiones a cambio del uso discrecional de las herramientas de ordenación urbanística. Si se solicitaba una licencia o se aspiraba a un convenio, había que pasar por caja.
Fiscalía pedía 205 años de prisión y el abono de 184 millones de euros de fianza entre todos los acusados en su escrito de acusación, firmado en 2018. El volumen que adquirió el caso, al menos en los papeles, era descomunal: el sumario consta de 351.114 folios, 774 tomos (128 principales y 646 piezas documentales), y se previó la declaración de 284 testigos y 48 peritos. Todo eso explica, en parte, el retraso en instruir y juzgar Astapa.
Al otro lado, desde su consulta o el banquillo, Barrientos siempre negó la mayor. Defendió (y defiende) su inocencia y la inexistencia de trama alguna, ciñendo las posibles irregularidades a la actuación de algunos particulares. En estos 15 años ha dado ruedas de prensa, ha subrayado la falsedad de informes de la UDEF que le atribuían un patrimonio millonario y orígenes ilícitos incluso a la casa que heredó de su madre y ha reunido documentación (incluidas grabaciones de Villarejo) que apuntalaría su inocencia. Suele subrayar que él mismo interpuso siete denuncias por supuestas irregularidades ante Fiscalía antes de que la Policía interviniera el consistorio y lo pusiera a él entre rejas, donde pasó tres meses.
Para Barrientos, la influencia de Villarejo condicionó toda la investigación hasta trufarla de irregularidades, omisiones, exageraciones y mentiras. Así lo ha defendido en el juicio, que en algunos tramos ha dejado de ser un juicio sobre la presunta corrupción urbanística en Estepona para convertirse en un examen al excomisario y sus actividades. El propio Villarejo declaró por videoconferencia y De Lucas y Escribano hicieron lo propio presencialmente.
La mayor pena se pide ahora para José Flores, jefe de gabinete de alcaldía, y Manuel Reina, concejal de Hacienda, a quienes el fiscal acusa de obtener gratificaciones y regalos de empresarios locales, por lo que pide para ellos dos años y medio de prisión.
La Fiscalía también apunta al papel de los hermanos Pedro y Juan Jesús López Fernández, por entonces líderes de un partido local, el Partido de Estepona (PES), integrado en el gobierno del PSOE. Pedro, que era gerente de la empresa pública de Urbanismo, habría sabido por razón de su cargo que los suelos de una finca (Santa María) se iban a revalorizar en cuanto se supiera que el ayuntamiento los hacía urbanizables, de modo que avisó a un amigo para comprarlos y se aseguró un buen pellizco, según el fiscal. Los compraron por 12 millones y los vendieron días después por 25, articulando luego una trama para blanquear las ganancias. De ahí, que pida para ellos multas de millonarias y el comiso de la cuenta de 6,5 millones bloqueada en Andorra.
En cambio, la Fiscalía considera que no se ha probado que en la negociación de los convenios de planeamiento se antepusiera el interés de las promotoras al interés público, que las aportaciones económicas para eventos deportivos, musicales o culturales tuviesen una causa ilícita o que se realizaran determinadas contrataciones (de limpieza, obras o publicidad en papeleras) a cambio de dinero. El fiscal sí constata que los expedientes de disciplina urbanística caducaban sin que el ayuntamiento ejecutase las sanciones.
La admisión de que el caso es muy menor a lo que se suponía, o al menos de que no hay pruebas para armar la acusación inicial, es una victoria parcial para Barrientos, que, igual que el resto de acusados, tampoco tendrá que hacer frente a la posible responsabilidad civil del perjuicio causado al consistorio.
