Las protestas del campo que tensionaron el país entre febrero y abril –y que han tenido algunas secuelas más leves en las últimas semanas– tienen nuevas estribaciones. Cuando parece que las aguas se han calmado en la calle, el conflicto se ha desplazado a otro lugar. En el interior de dos ministerios se está librando una pelea por el control de los alimentos en las fronteras.
Para entender la situación hay que hacer una aclaración previa. Las competencias para inspeccionar los alimentos destinados a las personas las tiene el Ministerio de Sanidad. Agricultura también cuenta con funcionarios, pero estos se encargan de todo lo relacionado con los animales vivos y su alimentación.
Públicamente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (PSOE) se comprometió a tener un papel más activo en esos controles. Luis Planas aseguró en el Congreso de los Diputados el pasado 21 de febrero que entre los compromisos que había trasladado el Ejecutivo a las organizaciones profesionales que representan a agricultores y ganaderos estaba el “refuerzo de la sanidad exterior con la centralización de los servicios y la mejora de la coordinación del control fronterizo entre los distintos Estados miembros”. Meses después de aquella promesa, se están produciendo movimientos para que se traspasen las funciones que son responsabilidad del Ministerio de Sanidad (Sumar), a través de la Subdirección General de Sanidad Exterior, al organigrama de Agricultura, según ha podido confirmar elDiario.es.
Uno de los principales reclamos de los agricultores era intensificar los filtros para evitar que lleguen a España (y a la Unión Europea) productos que no han cumplido los mismos requisitos que se exigen dentro del territorio comunitario. Por ejemplo, se quejaban de la llegada de productos agrícolas en los que se han empleado fertilizantes o fitosanitarios que aquí no pueden usarse. En paralelo, cada vez más empresas españolas están abriendo filiales en Marruecos. Hay más de 300 entidades del sector primario que han ampliado o trasladado su producción a Marruecos, según los datos del ICEX.
“Estamos intentando negociar cómo se encaja la protección de la salud con una planificación eficiente en frontera. Nuestra prioridad es la protección de la salud por encima de todo, también del interés económico”, responde una portavoz del Ministerio de Sanidad, preguntada por las negociaciones. El Ministerio de Agricultura, por su parte, ha declinado hacer comentarios.
Fuentes de las organizaciones agrarias sí reconocen este tira y afloja por ver de quién depende la vigilancia y de qué Ministerio cuelgan los veterinarios encargados de esa misión. También, que el sector primario ve con mejores ojos que esa funciones queden en manos de Agricultura.
El conflicto tiene varios vértices. Por un lado, el acuerdo entre el Ministerio con las organizaciones agrarias que contempla el “refuerzo de los controles en frontera a las importaciones de terceros países” solo se firmó con dos organizaciones agrarias, Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y con Unión de Uniones, que hasta ahora no estaba reconocida como un interlocutor oficial del sector, pero que ha ganado peso tras las protestas. Sin embargo, se quedaron fuera la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja).
El cumplimiento de estas medidas se evalúa en una mesa de seguimiento entre los firmantes, donde sí se reconocen “conversaciones interministeriales que están en curso para coordinar los trabajos de los servicios de control en frontera”. Es decir, no se habla de traspaso, sino de coordinación. “El Gobierno reforzará la coordinación de los servicios de inspección en frontera, con el objeto de mejorar la eficacia y la seguridad de los controles, así como la protección en frontera frente a importaciones que no cumplan la normativa comunitaria, aprovechando así mejor las posibilidades que ofrece dicha normativa”, resume el texto de esta mesa de seguimiento.
El asunto también es intrincado porque dos organizaciones de veterinarios han terminado enfrentadas. La Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET) desveló en una nota de prensa hace unas semanas el “Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estaría intentando forzar al Ministerio de Sanidad para que le cediera las competencias de Sanidad Exterior” y que eso “obedecería a un interés mercantilista de Agricultura, tras haber llegado al acuerdo con los agricultores de manejar el control de alimentos en frontera a conveniencia comercial del sector”.
La Asociación del Cuerpo Nacional de Veterinarios, la mayoritaria en el sector, respondió, a través de otro comunicado, que no existe, en ningún caso, riesgo de “conflicto de intereses” por el hecho de que sean estos profesionales, adscritos a Agricultura, quienes realicen tales controles“. ”Los funcionarios del CNV, independientemente de la Administración Pública a la que están adscritos funcionalmente, desempeñan con diligencia las tareas que tengan asignadas velando en todo momento por el interés general con sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico“, añadieron tras deslizar que Fesvet apenas tiene veterinarios asociados que trabajen para el Estado.
En las próximas semanas se dirimirá dónde se colocan finalmente estas competencias, cómo queda este tira y afloja surgido en una capa más profunda de la administración. De ello depende que ambos Ministerios puedan aprobar sus decretos de organización, en vilo a la espera de una decisión.
