La publicación de la ley de Amnistía en el BOE ha detonado iniciativas judiciales que demuestran que el Estado de derecho tiene vida propia a través de sus instituciones. El magistrado de la Sala Segunda, Pablo Llarena, decidió mantener la orden de detención contra el prófugo Carles Puigdemont y preguntar al fiscal, a la defensa y a las acusaciones si es aplicable la amnistía al expresidente catalán. Otro tanto hizo el magistrado García-Castellón con la causa abierta en la Audiencia Nacional por los indicios de terrorismo atribuidos a Tsunami Democràtic. Y fuera de la jurisdicción, el Tribunal de Cuentas se plantea formular una pregunta o cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los efectos de la ley de Amnistía en la malversación de fondos públicos destinados al proceso ilegal del 1-O. Al mismo tiempo, los fiscales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo resisten las presiones del desacreditado fiscal general, Álvaro García Ortiz, quien, con la expectativa de ser investigado por esa misma Sala, presiona a sus subordinados para que informen a favor de la aplicación de la amnistía a los socios de su superior en La Moncloa. Y aún queda por conocer la respuesta que el tribunal sentenciador del 1-O, presidido por el magistrado Manuel Marchena, dará a la gracia aprobada directamente para dejar sin efecto sus decisiones firmes sobre Junqueras y demás acusados. No ha hecho falta que los abogados de los separatistas condenados, procesados y fugados solicitaran la aplicación de la nueva ley. De oficio, estos jueces y tribunales han tomado la iniciativa y la llevarán hasta las últimas consecuencias de una ley tan forzada a la medida de sus beneficiarios que puede ser autodestructiva. Si jurídicamente la ley de Amnistía es, además de inconstitucional, inútil para sus supuestos destinatarios, en términos políticos es, sencillamente, una estafa a los ciudadanos españoles. Fue ideada al margen del control de los votantes, negada sistemáticamente por los mismos socialistas que ahora defienden sus bondades y difundida con la propaganda absurda de la restauración de la convivencia. Los que iban a convivir y a reencontrarse no lo hacen, como se vio con la constitución de la Mesa del Parlament y las exigencias de investidura a Puigdemont. Decir que la amnistía era necesaria para la reconciliación es una de las mentiras más flagrantes de la historia de la democracia. Solo era necesaria para que Junts votara la investidura de Sánchez. Nada más. A partir de ese momento, el bloque separatista ha vuelto a reagruparse para comprometerse a hacer lo mismo que el 1-O, con otros tiempos o formas, pero lo mismo. Si el Parlament de 2017 comenzó su senda por la ilegalidad desobedeciendo al Tribunal Constitucional, el de 2024 ha hecho lo mismo al permitir los votos delegados de dos fugados de la Justicia, con el silencio cómplice y complaciente de los socialistas catalanes. La apuesta de los separatistas no es reencontrarse con el orden constitucional, sino volver a desafiarlo; no es propiciar la convivencia bajo las reglas de la democracia, sino volver a romperlas con el patrocinio de los socialistas. La democracia, cuando está en buena forma, se sustenta en el principio de responsabilidad política. Pedro Sánchez ha derogado este principio por el de la obsesión por el poder, embarcando a España en una dinámica iliberal cada día más peligrosa y parecida a la de los gobiernos ultras que tanto critican los socialistas. Pero, de nuevo, la Justicia emerge como el contrapeso necesario para frenar las pulsiones totalitarias del poder.
