En España se da por hecho que la única salida posible para una persona que necesita grandes apoyos en su día a día es vivir en una residencia. Ya sea porque es mayor, porque es un menor protegido o porque tiene alguna discapacidad. Eso sucede en gran parte porque no existen recursos públicos suficientes para que la vida en casa sea algo viable en esas circunstancias. El Gobierno acaba de aprobar una estrategia para cambiar el modelo de cuidados. El objetivo muy ambicioso: que todas las personas, no importa cuáles sean sus necesidades de apoyo, puedan elegir dónde, cómo y con quién vivir. Integradas en su barrio y no aisladas en una institución.
“El futuro no pasa por construir más residencias, sino por poner los recursos necesarios para que la gente pueda vivir en su barrio o en su pueblo con sus seres queridos todo el tiempo que sea necesario”, ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El plan, según Bustinduy, es una “brújula” para caminar hacia un modelo “más eficiente, racional y humano”, con más recursos para la teleasistencia, la ayuda a domicilio o los centros de día frente al actual paradigma de las “macrorresidencias, cuyas deficiencias quedaron de manifiesto durante la pandemia”.
Entre 4,2 y 6,5 millones de personas en España necesitan que las cuiden. Son alrededor de un 10% de la población y, de ellas, 350.258 viven en residencias (288.765 son mayores de 65, 32.934 son personas con discapacidad y 17.061 son niños, niñas o adolescentes en acogimiento y 11.498 personas sin hogar).
Los datos están recogidos en el plan que ha pasado este martes por el Consejo de Ministros y que nace con una inversión inicial de 1.300 millones de euros hasta 2030 procedentes del fondo europeo de recuperación, fundamentalmente. No obstante, el presupuesto y las medidas concretas se irán acotando cada dos años en unos planes más a corto plazo negociados con las comunidades, que tienen las competencias en servicios sociales. El primero se presentará durante el verano, según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, que ha impulsado y coordinado la estrategia.
El proceso principal que vertebra el plan es la “desinstitucionalización”. Una palabra larguísima que significa, simplificando mucho, pasar de cuidar en entornos aislados y segregados (a los que se llama instituciones) a dar apoyos “centrados en las personas, que respeten sus elecciones, voluntad y preferencias y promuevan la participación social y la inclusión en la comunidad”.
Hasta aquí la teoría. Pero, ¿cómo se puede poner en práctica en un país en el que todavía cuesta garantizar el modelo primario que el Gobierno quiere abandonar? Con un “cambio cultural”, nuevas leyes y normas y más dinero repartido de manera diferente, según el plan, aunque en el Ministerio de Derechos Sociales admiten que se trata de un proceso “largo, de quizá décadas” que requiere cambios muy profundos. “Lo que antes dábamos por el buen cuidado, que era satisfacer las necesidades básicas (dormir, comer y el aseo), ya no es así. Tenemos otro concepto de cómo nos gustaría ser cuidados”, dicen fuentes del Ministerio.
Para organizar la transición, el equipo que dirige el ministro Pablo Bustinduy la ha articulado en siete “focos estratégicos”. Entre ellos está la “concienciación social”, ampliar la cartera de servicios y “reorientarla para la promoción de la autonomía” con recursos “que se parezcan lo más posible al hogar de las personas”, la mejora de la condiciones laborales del trabajo de cuidados –a través de un plan específico para mejorar salarios y disminuir ratios– y “más vivienda ”asequible, estable y accesible“. El documento identifica como un ”detonante de los procesos de institucionalización“ que no se pueda acceder o mantener una casa en las condiciones que se necesita, según el grado de dependencia.
En España hay 381.514 plazas en residencias de mayores distribuidas en 5.188 centros. Una de cada diez personas que tienen alguna prestación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) vive en estas instituciones, frente a al 20,8% con teleasistencia o el 18,7% que cuenta con ayuda a domicilio. La prestación para contratar un asistente personal, por ejemplo, es testimonial (0,52%) y la mayoritaria sigue siendo la que se ofrece para “cuidados familiares” (29,93%).
“El sistema no está dando la respuesta que necesita la gente”, sostiene Rafael de Asís, investigador principal de un estudio realizado por un equipo de la Universidad Carlos III de Madrid que ha servido para apoyar la estrategia. Los trabajos empezaron en el anterior mandato, cuando Ione Belarra estaba al frente de la cartera. Según Derechos Sociales, el 70% de personas en situación de dependencia son atendidas únicamente por algún integrante de la familia. Mayoritariamente por mujeres. Los expertos sostienen que el riesgo de vivir en una institución depende más de la red que tengas y de tus recursos económicos que de la propia dependencia.
¿El nuevo modelo pretende, entonces, prescindir de todas las residencias? “Que haya cero instituciones residenciales es un poco una utopía y no toda institución es mala de por sí. Es decir, no se trata de ir en contra de toda institución sino de una manera de enfocar que prioriza la organización sobre las personas. Por ejemplo, comer, cenar y dormir a una hora obligatoria. Por ahí tenemos que empezar”, aclara De Asís, que es catedrático en Filosofía del Derecho en la Uc3M.
La estrategia, en este sentido, pretende acabar con que las personas “vivan aisladas y segregadas” y con “la falta de control sobre sus vidas y decisiones cotidianas” por el “trato uniforme y despersonalizado”. “Hay estudios que nos señalan que esto impacta negativamente en la calidad de vida, limita la autonomía y supone dificultades para desarrollar un proyecto digno de vida”, apuntan desde Derechos Sociales. El investigador Rafael de Asís asume que esto tiene más riesgo de suceder en macrorresidencias con muchas plazas que en recursos más pequeños: “El tamaño no lo es todo, pero es un indicio”. Casi uno de cada cuatro centros en España tiene más de 100 plazas, según el primer censo oficial sobre estas instituciones, publicado hace dos meses.
El Gobierno ya avanzó en el anterior mandato en la senda que toma el actual equipo: firmó con las comunidades autónomas un acuerdo de acreditación que obligaba a las residencias nuevas a cumplir una serie de requisitos (habitaciones individuales y plazas limitadas). El Ministerio de Derechos Sociales va a evaluar en los próximos meses el nivel de cumplimiento de ese acuerdo. A fin de cuentas, son las comunidades autónomas quienes tienen las competencias en el sistema de atención a la dependencia, aunque una parte importante de la financiación procede del Estado.
Con ellas tendrá que negociar el Gobierno esa transición hacia la desinstitucionalización. “Hay acuerdo en pasar de un modelo de macrorresidencias a ámbitos más hogareños, aunque cada comunidad decidirá cuánto de rápido quiere virar hacia este sistema con sus presupuestos”, aseguran desde Derechos Sociales. También con los proveedores de los servicios, que en el caso español son, en muchos casos, grandes empresas –e incluso fondos buitre– que vieron en estos centros un nicho de negocio a costa de precarizar la atención. La pandemia mostró la peor cara de esa realidad. Solo un 14% de las residencias en España son completamente públicas. “Sin duda esto plantea desafíos porque muchas de estas medidas chocan contra grandes grupos de inversión que se benefician de todo esto y ponen pegas en dar pasos adelante”, dice De Asís.
Al final, el Ministerio de Derechos Sociales resume la estrategia así: “se trata de dar la posibilidad a las personas de mantenerse en su domicilio si lo desean o ir a un recurso que responda a un modelo de hogar”. “No queremos –añaden a renglón seguido– reforzar el mensaje de que la única solución es la residencia cuando sabemos que no lo es”.
