La amnistía se ha encontrado los primeros obstáculos para su puesta en práctica a los pocos minutos de su entrada en vigor. El Tribunal de Cuentas ha sido la primera instancia encargada de aplicar la amnistía que ha planteado abiertamente la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas que, según el ente fiscalizador, genera la norma ante el Derecho de la UE.
En una providencia, el Tribunal de Cuentas (una instancia administrativa y no penal) ha dado diez días a la Fiscalía y a las defensas de la veintena de dirigentes soberanistas encausados en la causa sobre los gastos del procés y la acción exterior de la Generalitat –entre ellos, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas– para que se pronuncien sobre el planteamiento de una cuestión prejudicial.
En la misma resolución, el ente fiscalizador también deja en suspenso el plazo para dictar sentencia sobre la causa contable de los gastos del procés hasta resolver si eleva al TJUE sus dudas sobre la amnistía.
Según el Tribunal de Cuentas, hay varios artículos de la ley de amnistía sobre los que pedir “interpretación” al TJUE. La norma de olvido penal del procés, argumenta el ente fiscalizador en una nota de prensa, podría afectar a la “lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE”, al “principio de cooperación leal”, a los “principios de igualdad y de no discriminación” y a los “principios de seguridad jurídica y confianza legítima” y al “principio del Estado de Derecho”.
Cualquier juez encargado de aplicar la amnistía y que tenga dudas sobre su constitucionalidad o sobre su encaje en el Derecho de la UE pueda plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el TJUE. Ello deja en suspenso la aplicación de la norma y las sentencias pendientes. De media, el TJUE tarda 16 meses en resolver una cuestión prejudicial.
La publicación de la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha comportado un goteo de resoluciones judiciales este martes para empezar a aplicar la norma. Tal y como marca la ley, el primer paso de los jueces es preguntar a la Fiscalía y al resto de partes de un caso sobre la aplicación de la norma. Así lo han hecho el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y el TSJ catalán, pero, a diferencia del Tribunal de Cuentas, no han explicitado ninguna intención de llevar la norma al TJUE.
Los que sí anticiparon su intención de pedir que la amnistía acabe en el TJUE fueron los cuatro fiscales del caso del procés en el Supremo, los mismos que acusaron de rebelión a los exconsellers. En un informe que todavía no se ha presentado, los fiscales consideraron que el Supremo debía preguntar al TJUE si es compatible con el derecho de la UE negociar una amnistía con quien resulta “beneficiado” de ella.
