La noche del 1 de julio de 2018, cuando se dio a conocer el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, en las urnas, con fuerte apoyo legislativo, no se dejaron esperar las frases de “Ahora sí nos vamos a volver Venezuela”, “este es el fin de México” o “a comprar dólares y sacar el dinero de México”. Sin embargo, con el paso del tiempo esas voces fueron desmentidas y las inversiones que se hicieron fuera de México resultaron relativamente muy perdedoras. A pesar de errores graves –como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), la política de “abrazos, no balazos”, la escasez de medicinas en hospitales públicos, la desaparición de instancias infantiles y el manejo de la pandemia de Covid-19–, la conducción fiscalmente austera, así como el respeto al régimen cambiario y a la autonomía tanto del Banco de México, como del INEGI, permitió a México transitar el sexenio manteniendo el “grado de inversión”, un tipo de cambio resiliente y tasas de interés bajas.
El talentoso y creativo grupo de técnicos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que el presidente se hizo acompañar, pudo llevar a cabo la intrincadísima labor de plasmar los sueños del presidente, sin que esto causara depreciaciones cambiarias abruptas, quiebras de bancos y destrucción de los mercados financieros locales (“México no perderá el ‘grado de inversión’”, 5 de marzo, 2019). La asignación de recursos a proyectos cuyos beneficios económicos y sociales no sobrepasaban los costos, ni estaban acordes a los señalamientos técnicos, permitieron la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, así como la instrumentación de numerosos programas sociales, solo pudo ser posible gracias al buen manejo de las variables macroeconómicas, así como al doble discurso, en el que el presidente le hablaba a sus bases en la conferencia matutina y por otro lado, el dialogo entre miembros del gabinete y miembros del sector privado y participantes de los mercados financieros globales.
¿Qué está pasando hoy? ¿Estamos viviendo un déjà vu de 2018? No creo. En mi opinión, esto es diferente. La situación es mucho peor en el muy corto plazo, aunque hay visos de que puede ser mejor tan pronto tome posesión Claudia Sheinbaum. Lo que comenté la semana pasada en este mismo espacio es que los participantes de los mercados financieros internacionales no temen que Claudia Sheinbaum haya ganado las elecciones presidenciales, máxime que desde la campaña anunció que el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y su equipo, se quedarían en su administración (“Elección: ¿Qué le preocupa a los mercados?”, 4 de junio). Lo que los “asustó” fue la mayoría calificada en ambas cámaras y sobre todo el mes que tiene el presidente López Obrador entre el 1 de septiembre –que inician operaciones los legisladores–, y el 1 de octubre –que toma posesión Claudia Sheinbaum como presidente–, para poder aprobar las reformas que guste.
La mayoría de las reformas que el presidente López Obrador envió a los legisladores el pasado 5 de febrero tienen un potencial tan negativo y hasta ahora tenían una probabilidad de ser aprobadas prácticamente nula, que los participantes de los mercados calificaron las iniciativas como mera retórica política y no les pusieron mucha atención. Una de las que más llama la atención es la iniciativa constitucional para modificar el sistema con el que se nombran a los ministros de la Suprema Corte, reemplazando el riguroso protocolo que lleva a cabo el Senado –apoyado por el Artículo 96 de nuestra Constitución–, por un sistema de elección popular. Puede “sonar” muy bien que ahora el pueblo elija a sus ministros. Sin embargo, lo que provoca directamente es minar la división de poderes de nuestro país al suplantar la racionalidad con la que pueden actuar los ministros con base a derecho, por aspectos meramente políticos. Adicionalmente esto deja desamparada a la población que actúa en el marco de la ley cuando el Ejecutivo actúa en su contra, al ya no encontrar protección en un Poder Judicial autónomo. Las empresas del sector privado invierten sabiendo que dicha protección les va a permitir tener certeza jurídica o en otras palabras, que no les cambien las reglas del juego a medio partido. Esto puede tener un impacto muy negativo para que México pueda o no continuar beneficiándose del nearshoring (“Nearshoring’ en México, una realidad”, 29 de noviembre, 2022). Si bien la reforma judicial es una de las que pueden tener un mayor impacto negativo, hay otras que tampoco son amigables con los mercados. La iniciativa que propone eliminar a varios organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), en donde automáticamente México estaría en falta con el T-MEC (Tratado México, Estados Unidos y Canadá).
Algo muy grave fue que el Presidente haya roto el doble discurso el viernes pasado en su conferencia matutina. Le habló al sector privado y a los participantes de los mercados financieros. Comentó que sabe que la reforma judicial es de la más delicadas para los mercados e inclusive lanzó una frase lapidaria “La justicia está por arriba de los mercados”. Si bien eso está bien en principio, su uso fue para dar poca importancia a los mercados. El apoyo absoluto a estas reformas, así como la aprobación de éstas puede echar a perder los logros del sexenio del presidente, haciendo que su administración termine con una depreciación abrupta y significativa del peso –entre otras consecuencias–, y fraguando un inicio muy complicado para la siguiente administración. Por el momento observo mucha complacencia de los mercados, apuntalada por las altas tasas de interés que probablemente cueste trabajo bajar a Banxico, así como por el pragmatismo pasado del presidente o que la primera mandataria, Sheinbaum, no las instrumente, a pesar de haber sido aprobadas.
