La Misión de Observadores del Parlamento de Cataluña visitó el país entre el 8 y el 14 de julio de 2023 con el fin de conocer la situación política y social del Perú tras la violenta represión que se dio durante las protestas a nivel nacional contra el gobierno de Dina Boluarte, las cuales dejaron 60 personas fallecidas. El informe, que será presentado el próximo 14 de junio de 2024 en Barcelona, concluye que vivimos en medio de una situación de inestabilidad institucional e involución democrática, exigiendo al Ejecutivo que garantice la legitimidad y el equilibrio de poderes.
Con relación a las protestas que se suscitaron entre diciembre de 2022 y enero de 2023, el informe se enfoca principalmente en las masacres de Juliaca, Andahuaylas y Ayacucho, donde comprobó que parte de las movilizaciones fueron más una respuesta ante la violencia por parte de los cuerpos de seguridad hacia las primeras protestas que una convicción estrictamente política. Incluso, se señaló que la primera ola de manifestantes no compartía entre sí un apoyo al expresidente Castillo, sino una reacción a la criminalización individual y/o colectiva.
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Además, el 80% de las muertes ocurridas afectaron principalmente a la población indígena y rural, lo cual pone de manifiesto un claro sesgo racista en la represión por parte de las fuerzas del orden, según el Parlamento Catalán. En las comunidades que visitaron, observaron que los habitantes enfrentan limitaciones geográficas, económicas, legales e incluso de idioma. Estas barreras dificultan aún más la situación de los familiares de las víctimas, muchos de los cuales carecen de representación legal que pueda proteger sus derechos y vulnerabilidades en medio de esta crisis.
En el informe se destaca que el hecho de que en seis meses hasta cuatro fiscales se hayan hecho cargo de la investigación y la hayan abandonado genera preocupación en los familiares de las víctimas, quienes exigen justicia y el fin de la impunidad de los autores materiales o intelectuales de la represión. Estos claman por el fin de la impunidad de aquellos que fueron responsables, ya sea de manera material o intelectual, de la represión sufrida. También cuestionan la eficacia y seriedad del proceso judicial, exigiendo fiscales con preparación específica para atender vulneraciones de derechos humanos, así como peritos judiciales independientes para corroborar, cuando sea necesario, las lesiones y afectaciones de las víctimas.
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El informe presentado por el Parlamento Catalán señala que existe un golpe parlamentario a la institucionalidad democrática, debido a un aumento de poder por parte del Congreso de la República que viene atacando a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Desde mayo de 2023, el Pleno ha logrado remover e inhabilitar a los miembros de la JNJ y, recientemente, aprobó en la Comisión de Constitución el dictamen para reemplazar a la junta por la Escuela Nacional de la Magistratura.
Por su parte, se reconoce una disminución y afectación en la separación de poderes tras un aumento de poder por parte del Legislativo que, en conjunto con el Tribunal Constitucional, viene atacando directamente al Jurado Nacional de Elecciones. Este tema ya ha sido objeto de intervención por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes recientemente manifestaron su preocupación por la interferencia del Congreso en el funcionamiento de diferentes organismos autónomos, exigiendo el actuar del Gobierno para garantizar independencias democráticas.
