La Dirección General de Aduanas decidió esta semana eliminar las garantías que debían pagar los exportadores para garantizar que liquidarían las divisas.
Lo hizo a través de la Instrucción General 7/2024 y que aclara sobre una resolución anterior que eliminó las penalidades que podía aplicar la Aduana contra los exportadores que no liquidaran.
La instrucción actual aclaró que, a partir de la entrada en vigencia de la Instrucción General 6, que derogó la posibilidad de que la entidad aduanera aplique sanciones a los exportadores que no liquiden divisas, se deberán liberar todas las garantías que fueron constituidas a partir de la Instrucción General 7 de 2022, la cual ya no está en vigencia.
En síntesis, la instrucción libera a los exportadores de pagar una caución para garantizar que ingresará los fondos obtenidos por lo vendido.
La garantía cumplia la función de asegurar ante la Aduana que el exportador liquidaría las divisas. Esto se hacía para evitar la penalidad que aplicaba este organismo en caso de que no ingresaran las divisas. La penalidad consistía en la suspensión del cuit en el registro aduanero que permitía participar en el intercambio comercial, el cual fue derogado por el el DNU 70/2023.
A través de la Instrucción General 7, que complementa a la 6 publicada el 21 de mayo, se determina que "las áreas competentes deberán proceder a la liberación de las garantías que hubieran sido constituidas en cumplimiento de lo dispuesto por la abrogada Instrucción General N.° 7/22 DGA y su complementaria".
La decisión, que se informó a raíz de un pedido de aclaración de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), se traduce en un menor costo para el exportador porque afecta la relación económica y disminuye los potenciales pasivos. Vale aclarar que la garantía se calcula sobre el monto total por liquidar y además contemplaba el riesgo de cada exportador.
Sin embargo, las garantías se mantienen vigentes en el caso de las controversias que tramitan en la justicia aduanera: muchas veces, estas son utilizadas para permitir la salida del producto del país mientras que en paralelo se tramita el juicio. Las eventuales demoras en la resolución pueden representar un costo elevado en seguros para las garantías de los exportadores.
