La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), quiso ayer desvincularse por completo de la propuesta «con tintes electoralistas» lanzada el miércoles por el vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, ambos de Vox -su socio de Gobierno- para la detección de «empadronamientos ilegales de inmigrantes irregulares» . Tras dejar claro que «ni el Grupo Popular ni yo misma estamos de acuerdo» con una iniciativa que ambos ediles detallaron como si ya estuviera aprobada por el Consistorio, la regidora explicó que será el próximo martes cuando las dos formaciones hablen de su contenido durante la reunión de coordinación que celebran cada semana. En todo caso, y en otra muestra de su rechazo a lo anunciado por Vox, destacó que, según la normativa básica de la Ley de Coordinación de Policías Locales y la Ley de Bases de Régimen Local, «la alcaldesa es la máxima autoridad con capacidad para dar instrucciones a la Policía Local». La iniciativa de los dos ediles, que Ayala recordó que iba a ir al pleno pero fue descartada por falta de tiempo al entender que «no era algo urgente», incluye «inspecciones periódicas» y «visitas domiciliarias» para comprobar «la veracidad de la información y detectar posibles casos de empadronamiento ilegal» , así como la apertura de un canal «de denuncias anónimas» por parte de ciudadanos que observen este tipo de irregularidad que, según el vicealcalde, son cada vez más habituales en la ciudad, pese a no aportar datos. Sin entrar el fondo del asunto -lo hará la semana que viene-, la alcaldesa se limitó a subrayar que la Policía Local ya regula los empadronamientos y que el resto de las competencias corresponden a Policía Nacional. Mientras, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, se mostró en «completo desacuerdo» con la propuesta del vicealcalde y del concejal de Seguridad Ciudadana. Aunque afirmó que «no quiero entrometerme mucho en estos asuntos» debido al momento electoral, sí detalló que se mantiene en contacto con el Ministerio del Interior ante lo que podría ser «una intromisión» del Ayuntamiento de Burgos en competencias propias de la Policía Nacional y no de la Local, «con una finalidad completamente xenófoba». En este sentido y ante la intención de Vox de identificar en la ciudad a los inmigrantes irregulares, insistió en que «es imposible a simple vista saber si una persona está en situación irregular y es xenófobo hacerlo atendiendo al color de su piel». Esos contactos con Interior, según Sen, tratan de «poner en valor los derechos humanos de todos los ciudadanos». «Como gobernantes públicos, todos debemos velar por el cumplimiento de la ley sin criminalizar a ninguna persona por razones de raza, origen o color de piel », continuó antes de reincidir en que el control de los inmigrantes «nada tiene que ver con la Policía Local sino con la Nacional». Por su parte, el portavoz municipal socialista, Daniel de la Rosa , pidió a la alcaldesa que «desautorice con claridad» a los dos concejales de Vox que lanzaron la propuesta sobre inmigración. En el caso de que no lo haga, De la Rosa anuncia que su grupo llevará una propuesta sobre este tema al pleno municipal del 21 de junio para que «se retraten todos los concejales del PP». Insiste en que el padrón de habitantes es un registro obligatorio, independientemente del estatus jurídico de cada persona, y lo que plantea Vox supondría criminalizar a personas por su raza u origen, lo que está tipificado como un delito de xenofobia. «Cumplir la ley» El presidente provincial del PP de Burgos, Borja Suárez, reclamó por su parte «no convertir lo anecdótico en una causa general». Durante la visita que realizó ayer a la ciudad el candidato de los populares al Parlamento Europeo, Raúl de la Hoz, apuntó a que «en un contexto electoral, lo que ha decidido el Partido Socialista y lo que ha decidido Vox es atacar al PP» y señaló que su formación entiende que lo hacen «porque saben claramente cuál es la formación hegemónica en estas elecciones europeas en Burgos». Noticia Relacionada estandar No Vox quiere inspecciones en Burgos para detectar «empadronamientos ilegales de inmigrantes irregulares» Pedro Sedano Desde las filas del PP aseguran que el plan propuesto por su socio de gobierno municipal se debatirá «cuando se presenten ante el Pleno» y ya avanzan que «no comparten el mismo criterio» en alguna de las medidas incluidas Suárez defendió que el acuerdo de Gobierno PP-Vox en el Ayuntamiento de Burgos es «sólido, fuerte y está generando políticas importantes para que sigan transformando la ciudad». En su opinión, «no tenemos que hacer un problema de donde no lo hay». Por último, CCOO Burgos calificó de «persecutoria e intimidatoria desde una raíz xenóba» la política que promueve Vox en el Ayuntamiento de Burgos hacia los inmigrantes. Así lo indicó en un comunicado recogido por Ical donde manifestó su «más profundo rechazo desde el hartazgo y la indignación».
