Más de doscientas sentencias condenatorias están pendientes de ejecutar en el Juzgado de lo Penal 6 de Córdoba especializado en Violencia sobre la Mujer desde hace más de dos meses con el peligro que supone para algunas víctimas el que no se haya iniciado la imposición de una orden de alejamiento, una prohibición de tenencia de armas o un dispositivo de control telemático sobre su maltratador. Lo ha denunciado el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ), Antonio España a ABC calificando la situación de «tormenta perfecta para la impunidad de estos delitos». Antonio España ha negado que ahora esté funcionado como tal un Juzgado Bis de Violencia en la capital -presentado el pasado año por el presidente de la Audiencia-, y ha lamentado que de momento sólo un magistrado sustituto se encuentre al frente de este Penal 6 especializado mientras la otra plaza de juez está por cubrir. «Los dos LAJ sacamos trabajo adelante, el doble que antes pero existe un embudo, un cuello de botella porque la oficina judicial no está completa y los que hay están desmotivados y se querrán ir, como ya ha ocurrido con algunos», ha explicado este LAJ. Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno silencia a Andalucía en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer Soraya Fernández El presidente, cuatro ministros y dos secretarios de Estado toman la palabra durante un acto en Moncloa en el que sólo intervienen Asturias, Navarra y Aragón Desde hace dos meses falta un funcionario de los cuatros que se dedican a la ejecución de sentencias de Violencia -«previsiblemente no vuelva por una baja- y otro cuya plaza ha salido a concurso que falta y el que se incorpore de la bolsa habrá que enseñarlo porque no tendrá formación en esta materia . Esto supone que faltan dos de cuatro en ese área sin que la Junta de Andalucía haya contestado a nuestros requerimientos, haya subsanado o repuesto con algún funcionario o interino», denuncia este LAJ. «Este Juzgado de Violencia sobre la Mujer está desbordado. La falta de compañeros hace que sólo puedan ir a la ejecución de los casos urgentes o los que precisan de medias de prisión pero se puede dar el caso de que haya expirado la condena y sigan con ella impuesta o que no se hayan iniciado y estén 'in albis'», ha denunciado el responsable de esta oficina judicial. Falta de funcionarios en los órganos judiciales De la falta de funcionarios en Penal 6 se le ha dado traslado a principios de esa semana al secretario coordinador en Córdoba , José Antonio Guerra, mediante un escrito que que a su vez ha elevado a la Delegación de Justicia de la Junta de Andalucía sin que hayan obtenido respuesta hasta el momento. «Hemos recordado al secretario coordinador la necesidad de que se dote de refuerzos a este órgano porque se está dando una tormenta perfecta para la impunidad de estos delitos de Violencia sobre la Mujer», ha lamentado España. Por su parte, en declaraciones a ABC, el secretario coordinador, José Antonio Guerra, ha señalado que efectivamente la situación es complicada en el Juzgado de lo Penal 6 pero con un funcionario que está de vacaciones y luego previsiblemente se de baja por enfermedad habrá que esperar otros 45 días de máximo para que se cubra. «Es una situación complicada que o no dista mucho de la que padecen otros órganos judiciales como son la Sección Segunda de la Audiencia o el Juzgado de Aguilar, entre otros... la Junta de Andalucía tiene unos parámetros y unos tiempos que no coinciden con las necesidades reales de los órganos judiciales ya sí se lo hemos expuesto para que cuanto antes de una solución real», ha explicado el secretario coordinador. ABC se ha puesto en contacto con la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía que ha constatado que hubo una baja de uno de estos funcionarios meses atrás, que se tardó en cubrir 45 días como está estipulado, pero que ahora o hay oficialmente una baja por cubrir sino unas vacaciones por lo que no pueden iniciar el proceso para sustituirlo. El problema está, según fuentes de Justicia, «en que la plantilla para este Juzgado de Violencia es reducida, pero debe ser el Ministerio de Justicia el que apruebe la ampliación de la misma y luego la Junta la dote de personal».
