Este jueves, 41 diputados del Plenario Legislativo aprobaron en primer debate un proyecto de ley que ordena a las instituciones trasladar sus fondos de los bancos comerciales públicos al Banco Central de Costa Rica (BCCR), con el objetivo de procurar un manejo más eficiente de los recursos.
El proyecto, planteado por la Contraloría General de la República (CGR), pretende acabar con la actual dispersión de los recursos públicos. La concentración del dinero en el BCCR generaría un ahorro equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB) anual para las arcas estatales, producto de la reducción en el pago de intereses, costos operativos y comisiones bancarias.
El plan establece un plazo de cinco años para el traslado de los recursos de las instituciones al BCCR. Una vez centralizados los recursos, el Banco Central funcionará como cajero de las instituciones públicas.
Con este cambio, la Tesorería Nacional de Hacienda podrá monitorear los ingresos y egresos de las instituciones, a fin de estimar técnicamente el nivel mínimo de liquidez requerido para cumplir con las transferencias de recursos a las instituciones. Esta herramienta reducirá presión sobre las finanzas públicas.
Además, se evitaría que una institución con superávit tenga recursos ociosos que termina prestando al mismo Gobierno, mediante la compra de bonos de deuda, cobrando tasas de interés.
Con los recursos centralizados en el BCCR, las instituciones deberán realizar los pagos de manera planificada mediante una plataforma electrónica administrada por la Tesorería.
La Contraloría General de la República (CGR) había indicado que la plataforma tecnológica estable y robusta, capaz de soportar el volumen de transacciones de todas las instituciones públicas, es el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe), creado por el BCCR.
Se exceptúan de este proyecto los ingresos públicos originados en las actividades que se realicen bajo régimen de competencia y que tengan como propósito la generación de lucro, así como los fondos de pensiones, las cuotas obrero-patronales y cuota estatal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los ingresos públicos generados por los entes públicos no estatales (como los colegios profesionales) y las municipalidades.
También, se exceptúan los ingresos públicos del Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade), el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y otros ingresos generados por las instituciones de educación superior universitaria estatal, al igual que los recursos de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape).
Estos fondos podrán ser incorporados de forma voluntaria por las entidades al Sistema.
La diputada de Liberación Nacional (PLN), Paulina Ramírez, presidenta de la comisión de Hacendarios, afirmó que el proyecto procura una modernización financiera.
Carlos Felipe García, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y secretario de Hacendarios, añadió que la aprobación del plan es un paso en la dirección correcta para la consolidación fiscal.
Gilberto Campos, subjefe de bancada del Partido Liberal Progresista (PLP), señaló que este tipo de iniciativas serían innecesarias en el Estado costarricense si el gasto fuera eficiente.
Campos añadió que la necesidad de generar protecciones para que no se gaste más de la cuenta y se mantenga una fiscalización sobre la ejecución presupuestaria. “Cuando uno ve este tipo de proyectos de ley, se pregunta por qué no se ajusta el presupuesto reduciendo duplicidades, eliminando o fusionando instituciones y generando ahorros”, dijo.
