El lanzamiento de un plan piloto de Uber Moto en Cartago fue recibido con justa preocupación en el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), cuyos funcionarios califican la iniciativa de “desafortunada solución” al problema del transporte público. La inquietud encuentra fundamento en las estadísticas de siniestralidad.
La mitad de los fallecidos en accidentes de tránsito el año pasado eran motociclistas, y el porcentaje de heridos graves es todavía mayor. Entre el 2018 y el 2022, los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros (INS) atendieron a 103.000 víctimas de accidentes en moto.
Además del sufrimiento, los siniestros tienen consecuencias económicas exorbitantes para las instituciones públicas encargadas de restablecer la salud de los pacientes. A falta de una carrocería para proteger a los motociclistas, sus accidentes son más graves y exigen períodos más largos de hospitalización. Entre la CCSS y el INS, el gasto en atención hospitalaria en el lapso citado fue de ¢266.767 millones, es decir, ¢53.353 millones al año, en promedio.
La CCSS sufragó el 36 % de ese monto (¢96.242 millones) y el INS pagó el resto (¢170.525 millones), sin incluir el costo de las incapacidades. Los fondos invertidos por el Instituto salen del seguro obligatorio de automóviles (SOA) y las pólizas adicionales que suscriben un número relativamente reducido de conductores. Cuando el accidente se produce en la jornada laboral, también se utiliza la póliza de riesgos del trabajo (RT).
Todos los viajes de Uber Moto contarán con seguros, explicó la empresa. No obstante, las pólizas se cobran según cálculos de siniestralidad, y si esas estimaciones no están bien equilibradas, los vehículos de menor riesgo subsidiarían a los demás. El INS debe afilar el lapicero para impedir esa posibilidad que, en este caso, también constituiría un subsidio a la plataforma.
Los hospitales de la CCSS son los primeros en recibir a los accidentados. Cuando los estabilizan, los trasladan al Hospital del Trauma, donde permanecen hasta el máximo de la cobertura de sus seguros. Cuando el monto se agota, vuelven a la CCSS para seguir el proceso de recuperación.
Ahora, Uber lanzará a las calles a cientos de motociclistas, con pasajeros inexpertos e incentivados por la naturaleza del servicio a prestarlo con la mayor prontitud, en ocasiones con el cansancio de una jornada ya completa en otra ocupación. La empresa no permitirá a los conductores más de 12 horas en línea, pero no puede controlar el agotamiento previo en otros trabajos.
Uber garantiza el cumplimiento de todas las normas de tránsito y ofrece las medidas de seguridad habituales en el servicio brindado hasta ahora. No obstante, la naturaleza de los viajes en moto es distinta, como lo revelan las estadísticas citadas. Según el Cosevi, tratándose de un servicio no regulado, el campo de acción de las autoridades es limitado.
El INS, por su parte, tiene razones financieras válidas para asegurar el equilibrio entre el pago y el riesgo. Este año, el cobro del SOA incorporado a los marchamos reflejó la mayor siniestralidad de determinadas categorías de vehículos. Las motocicletas aumentaron un 3,68 %, los taxis un 1,96 %, los buses un 2,78 % y el equipo especial un 2 %.
¿Y las motos utilizadas como vehículo para transporte de pasajeros, inexistentes hasta ahora salvo en el reino limitado de la más profunda informalidad? ¿Y la cobertura de los pasajeros? Si nada pueden hacer las autoridades de tránsito, salvo constatar el cumplimiento de las normas de vialidad, el INS puede proteger sus finanzas y a sus usuarios y, de paso, a la CCSS.
