La Presidencia del Senado anunció, a través de la resolución DPP-35/24, que el próximo miércoles 12 de junio se llevará a cabo una Sesión Pública Especial. Esta sesión, convocada para las 10, tiene como objetivo principal tratar dos proyectos de ley claves.
El primer punto en la agenda, identificado como O.D. N° 37/24, es la consideración del dictamen en el proyecto de ley sobre Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados (CD-1/24).
El segundo tema, bajo el código O.D. N° 38/24, es el dictamen en el proyecto de ley sobre Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes (CD-2/24), que al igual que la Ley Bases también fue aprobado por Diputados.
El 29 de mayo pasado, en el dead line de una accidentada reunión de comisiones, el oficialismo consiguió la cantidad de firmas necesarias para lograr movilizar los dictámenes de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. Esto se dio en las primeras horas de la noche, luego de que el plenario donde se estaba tratando llamara a un cuarto intermedio por falta de acuerdos y, ante eso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asistiera de manera presencial al Congreso para lograr torcer las voluntades de los últimos senadores dialoguistas junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El dictamen que discutirá el pleno del Senado tiene 42 cambios respecto del que se aprobó en Diputados. Por lo tanto, de aprobarse, deberá volver a la Cámara baja.
Se trata del capítulo que más cuestionamientos aglutinaba en términos de transversalidad partidaria. Sobre todo, la restitución de la cuarta categoría de Ganancias abroquelaba a las provincias de la Patagonia.
Por esa razón, el oficialismo incrementó en 22 por ciento en mínimo no imponible para los habitantes sureños. Sin embargo, esto no conformó a otros senadores y gobernadores del centro de la Argentina, que también cuentan con asalariados con altos ingresos.
Con respecto al blanqueo, los dos cambios sustanciales que se sumaron al texto fueron la exclusión de los hermanos de los funcionarios para adherir al régimen. A su vez, tampoco podrán hacerlo aquellos funcionarios públicos que ejercieron un cargo en los últimos 10 años.
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) fue uno de los ejes de discusión que atravesó cada sesión informativa que se desarrolló durante mayo. En ese punto, el Gobierno limó la redacción del artículo 163, que vulneraba algunos aspectos de las autonomías provinciales.
También, agregó la obligación para que las empresas que adhieran al RIGI tengan que presentar un plan de desarrollo con proveedores locales. Equipararon también a las industrias nacionales para ingresar a los beneficios fiscales y cambiarios.
Se trata de una de las concesiones de último momento que realizó el oficialismo, a pedido del senador José María Carambia (Santa Cruz). El representante sureño se llevó una suba en la percepción de las regalías mineras provinciales del tres al cinco por ciento.
"Las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al cinco por ciento sobre el valor 'boca mina' del mineral extraído", indica el texto acordado.
En este punto, el Ejecutivo concedió modificaciones en la amplia redacción del artículo 3 e incluyó a 15 organismo e instituciones públicas que el Gobierno no podrá intervenir para su eventual disolución.
Entre ellas, se encuentran algunas que pidieron los radicales como el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
En esa línea, y también por petición de los correligionarios, se añadió un párrafo para garantizar el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
