La Academia de la Magistratura (AMAG), el organismo que durante los últimos 29 años se ha encargado de la capacitación de los jueces y fiscales a nivel nacional, a través de un comunicado público, se pronunció en contra de los proyectos de Ley aprobados por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso que proponen crear la Escuela Nacional de la Magistratura y el Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia.
"(...) entre otros, que propone la reforma constitucional para crear la Escuela Nacional de la Magistratura y el Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia que ha sido aprobado con fecha 05 de junio del presente, por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República", señala la AMAG, presidida por el juez supremo Manuel Luján Túpez.
La AMAG muestra su oposición por dos motivos. La existencia la Academia de la Magistratura, que desde su creación ha capacitado a 268,220 magistrados, aspirantes a magistrados y operadores de justicia a través de los Programas de Aspirantes a la Magistratura, Programa de Capacitación para el Ascenso y Programa de Actualización y Perfeccionamiento. La vulneración de la separación de poderes al pretender centralizar en una sola entidad la capacitación de magistrados y la selección y nombramiento de jueces y fiscales.
El comunicado precisa que la reforma que plantea el Congreso es inviable, primero, porque "el Perú reconoce constitucionalmente a una entidad que capacita, perfecciona y actualiza a los magistrados el cual es la Academia de la Magistratura, y no es recomendable que desaparezca; sino más bien que, se fortalezca y se le asigne un presupuesto autónomo, que permita mejorar las funciones encomendadas constitucionalmente".
En segundo lugar, considera que la reforma que se pretende realizar "vulnera el principio fundamental de la separación de poderes, porque busca desacertadamente, centralizar en una sola entidad las funciones y competencias que son diferentes, por un lado, de la selección y nombramiento, y por otro lado, la de capacitación y formación que requieren de especialidades diferenciadas, y se pretende fusionar en un solo organismo constitucionalmente autónomo, a la Junta Nacional de Justicia con la AMAG, esta última cuya misión constitucional es únicamente la capacitación de magistrados.
"Confiamos que los señores parlamentarios del Congreso de la República quienes están identificados con los valores democráticos, el fortalecimiento institucional y el de garantizar una justicia eficaz, ante esta propuesta normativa, , que coadyuvaran en la atención al clamor de justicia de los ciudadanos del Perú y se genere ese valor público que se requiere en las instituciones con independencia de los operadores de justicia y la separación de poderes", concluye el comunicado público.
