Ni Zelenski, hoy de visita en Madrid, ni el presidente argentino Javier Milei ni tampoco la crisis en Gaza y el conflicto con Israel tendrán la fuerza suficiente este jueves como para poner sordina al tumultuoso Pleno en el que se aprobará definitivamente la Ley de Amnistía, para que, a continuación, se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entre en vigor.
A partir de ese momento, el Gobierno de coalición perderá el control sobre este proyecto, que quedará en manos de los tribunales que llevan causas abiertas por el "procés", y que son los que tendrán que decidir sobre la aplicación de la amnistía.
El jueves, una vez que sus Señorías den luz verde al proyecto, salvo sorpresa de última hora, el presidente del Gobierno pasará a "valer cero" para sus dos socios independentistas, ERC y Junts, con las consecuencias que de ello se deriven en la gobernabilidad.
Valdrá "cero", según un análisis coincidente en los dos partidos, porque las sensaciones que les llegan desde los tribunales y, sobre todo, desde el Tribunal Supremo, son muy pesimistas en cuanto al talante con el que recibirán esta medida de gracia amparada por Sánchez. Tan fuerte es el rechazo que quizás tengan razón los independentistas que sostienen que, una vez que se ha llegado a este punto, lo mejor sería un Gobierno del PP porque, con la derecha en el poder, quizás los jueces se mostrarían más colaborativos en rematar la faena impulsada por el actual presidente del Gobierno.
De esos "tanteos" en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y en ello están también los socialistas, lo que les llega es que pueden encontrarse con la decisión de que se considere que por razones técnicas no es posible aplicar esta ley a determinados delitos, como el de la malversación agravada o el terrorismo. Y Puigdemont puede quedarse sin la seguridad en su regreso a Cataluña y Junqueras con su pena de inhabilitación intacta, de momento.
El Supremo va a plantarle cara a la norma, en un choque institucional sin precedentes, y, carambolas de las fechas, en este contexto tendrá que rematarse la negociación para que el ex ministro Salvador Illa sea el nuevo presidente de la Generalitat.
Junts y ERC han echado cuentas y empiezan a pensar que quizás ya no les es rentable seguir protegiendo a Sánchez. Es un presidente "pato cojo", que no podrá legislar, y si no tienen el control de la Generalitat, tampoco pueden confiar en avances en sus negociaciones bilaterales con Moncloa, de las que Madrid excluyó al PSC.
Estas claves justifican que para el presidente Sánchez sea tan importante sacar un resultado bueno en las elecciones del domingo que le deje la puerta abierta incluso a una convocatoria adelantada de las generales en otoño. Porque las visitas internacionales, como la de Zelenski, y los conflictos en política exterior también se agotan como recurso para que no se preste atención al desgobierno.
Por cierto, la hipótesis de las elecciones generales en otoño la están haciendo circular los socios con más énfasis que el que ayer puso el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para reclamar la convocatoria de elecciones y que los españoles se pronuncien sobre la amnistía, los pactos con Puigdemont, y la política del Gobierno y de la oposición.
