No eran gratuitas las advertencias que alertaban sobre las consecuencias de la ley de Vivienda con que el Gobierno, hace ahora un año, trató de intervenir 'de facto' un mercado inmobiliario que en un movimiento reactivo, más que previsible, no ha dejado de reducir su oferta e incrementar sus precios. El balance provisional –50.000 pisos menos en régimen de alquiler, con una subida media del 10 por ciento– pone de manifiesto los riesgos que para la seguridad jurídica y la libertad de mercado representa cualquier intromisión pública, por bienintencionada que resulte. No es el caso de una normativa sobre cuyos efectos avisó el sector inmobiliario, mediador entre propietarios e inquilinos, y que el dogmatismo del Gobierno impuso sobre la lógica de la oferta y la demanda. Con las cifras en la mano, resulta oportuno reflexionar sobre los efectos perversos que la demagogia tiene en el libre mercado. Que pregunten a «los más vulnerables», aquellos a los que el Ejecutivo decía proteger.
