El 24 de mayo, la congresista de la bancada Cambio Democrático-Junos por el Perú, Isabel Cortez, presentó ante el Congreso el proyecto de ley 7938/2023-CR, el cual propone que los expresidentes de la República reciban una pensión vitalicia mensual equivalente a la remuneración máxima otorgada por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
En ese sentido, se propone que se modifique el artículo 1 de la Ley 26519 para lograr que todos los ex jefes de Estado reciban una pensión vitalicia equivalente al monto máximo que recibe un afiliado a la ONP. No obstante, en caso de fallecimiento, será el cónyuge o los hijos menores quienes resulten los beneficiados.
"Los expresidentes constitucionales de la República gozarán de una pensión equivalente a la pensión máxima que otorgue la Oficina de Normalización Previsional Provisional (…). En caso de fallecimiento serán beneficiados de la pensión el cónyuge y los hijos menores si los hubiere. Si resultaran beneficiarios ambos simultáneamente, la pensión se otorgará a cada beneficiario (…). Ninguna norma y/o disposición administrativa puede establecer beneficios adicionales a los contemplados en la presente ley", se lee en la referida iniciativa.
El Congreso ratificó la decisión de no otorgar pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo debido a una acusación constitucional que recae en su contra. Esta decisión se tomó después de que el Parlamento rechazara la apelación presentada por el abogado del exmandatario, Walter Ayala, según informó RPP.
En la resolución 133-2024-DGA-CR se establece que el Poder Legislativo declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por el exjefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Los miembros del Parlamento formularon una acusación constitucional contra el expresidente conforme al artículo 2 de la Ley 26519.
El documento también indica que la medida queda en Por lo tanto, el recurso presentado por su abogado y exministro de Defensa ha sido declarado infundado.
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El pasado 6 de mayo, Alberto Fujimori solicitó al Congreso de la República que se le asigne una pensión vitalicia, el pago de un asistente y vales de combustible por sus funciones como expresidente durante los años 90. La bancada de Fuerza Popular ha respaldado este pedido, aunque el exmandatario firmó las directrices que le impiden recibir este pago de por vida.
Durante su gobierno, el Legislativo de aquel entonces, presidido por Jaime Yoshiyama, aprobó la Ley 25619, que establecía pensión para aquellos expresidentes constitucionales. Esta disposición fue publicada el 8 de agosto de 1995 con la firma de Fujimori y de Dante Córdova Blanco, primer ministro del Gobierno.
Este decreto legislativo se desglosa en cuatro artículos esenciales, cuyo segundo punto explica detalladamente por qué no debería hacerse efectiva esta solicitud del exmandatario tras casi 25 años de haber renunciado a través de un fax enviado desde Japón.
