Pocos son los cayucos que desembarcan en Canarias sin jóvenes a bordo. Pese al aumento de niños y niñas en la ruta más mortal del mundo, la comunidad arrastra lagunas en la identificación y atención de los menores. La saturación de los recursos de acogida, que asisten ya a más de 5.500 personas, pone en riesgo los derechos de la infancia migrante. “Cuando las ratios no son adecuadas es imposible evaluar cuál es el interés superior de cada niño”, advierten desde Unicef España. El ingreso de adolescentes en prisión o la acogida de niños en centros de adultos también han dejado ver las costuras del sistema. Ahora, el reparto obligatorio entre regiones se presenta como respuesta, pero aunque el pacto esté a punto de cerrarse, se enfrenta a las objeciones de la derecha política.
El Gobierno de Canarias cuenta con 78 dispositivos de acogida repartidos por las islas. La situación de emergencia declarada por el Ministerio de Migraciones permite abrir nuevos centros con agilidad en función de las necesidades. La comunidad tutela, con datos del 21 de mayo, a 5.512 niños y adolescentes, según la Consejería de Bienestar Social. Fuentes del Ejecutivo autonómico han respondido a esta redacción que “en breve” se cerrará el acuerdo entre el Estado y Canarias para el reparto obligatorio de menores entre autonomías.
El pacto pasa por la reforma del artículo número 35 de la Ley de Extranjería. La modificación permitirá al Estado intervenir cuando la solidaridad entre las comunidades no funcione, como ha pasado hasta ahora. Según ha podido saber este periódico, si este cambio sale adelante, serán reubicados cerca de 2.500 jóvenes y se aplicará en momentos de llegadas excepcionales de menores. La distribución se hará sobre unos parámetros acordados con las comunidades, que recibirán fondos para la acogida. Para salir adelante, la reforma legislativa necesita el apoyo del PP en el Congreso y en el Senado. El partido, igual que Vox, ya ha mostrado su rechazo en otras ocasiones al traslado de migrantes adultos a la Península.
“En esta situación, es indispensable un traslado a la Península para poder salvaguardar el interés superior de los niños y que no se generen vulneraciones de derechos de la infancia”, ha señalado en declaraciones a este periódico Sara Collantes, especialista en migraciones de Unicef España. “Son niños y niñas que necesitan, primero, que se entienda bien qué hacen aquí, si necesitan protección internacional, si han sido víctimas de trata, si tienen problemas de salud mental, familiares en España, si han sufrido episodios traumáticos en la patera…”, añade.
Para ello, son claves las entrevistas profundas e individuales, imposibles de realizar en un sistema de acogida “que no reúne los estándares mínimos en protección de la infancia”. “Esta crisis, como cualquiera que se produce en la frontera sur, no es una crisis de Canarias, es una crisis de España y Europa, y tiene que ser abordada como tal”, indican desde Unicef.
La fiscal superior de Canarias, María Farnés, también ha expresado su preocupación por la situación que viven los centros de acogida. “No es que estén desatendidos ni mucho menos, pero no tienen la atención adecuada que se les podría prestar si hubiera menos, si la Dirección General no tuviera que preocuparse por dónde va a dormir un menor una noche y pudiera preocuparse por la atención que se les pueda prestar”, dijo en declaraciones a los medios tras unas jornadas sobre migraciones celebradas en Lanzarote.
El diagnóstico realizado por Unicef tras su visita a Canarias en 2021 revela las diferencias en la atención entre los centros con poca capacidad y los dispositivos de emergencia, que llegan a acoger a más de 150 menores. “Las condiciones en diversos recursos de emergencia mostraban centros con habitaciones compartidas hasta por 20 niños, otros con condiciones de higiene con importantes deficiencias, recursos ubicados en zonas alejadas de centros urbanos o en lugares caracterizados por bajas temperaturas”, señala el informe Canarias: niños y niñas migrantes en una de las rutas más peligrosas del mundo.
Errores en la identificación
Los flecos en la acogida de menores no empiezan en los centros. La identificación policial en las primeras 72 horas tras la llegada de la embarcación es clave. El registro erróneo de los supervivientes ha llevado entre 2023 y 2024 a 965 menores a centros de adultos. Tal y como explicó la fiscal superior, en algunos casos fueron los propios jóvenes quienes manifestaron en los campamentos tener menos de 18 años. En otros, los trabajadores de las ONG llevaron los perfiles a la Fiscalía para que se revisara su edad.
Una de las reivindicaciones históricas de Unicef es la incorporación de profesionales de la infancia en el sistema de atención a migrantes. “Nos parece que la presencia de especialistas en infancia en las costas, en la reseña policial, en las pruebas de determinación de la edad y en los centros de atención humanitaria puede ayudar a identificar mejor la presencia de menores de edad”, plantea Collantes.
“Hay niños que han llegado a la Península sin haber sido identificados”, recuerda la experta. Es el caso de A.A., un niño de 14 años que llegó a Canarias y terminó en las calles de Madrid después de haber sido tratado como adulto. Estos fallos también han hecho que migrantes de 16 años entren en la cárcel acusados de ser patrones de pateras. “Es una muestra más de cómo un sistema saturado produce vulneraciones de derechos tan graves como internar en una prisión de adultos a un menor de edad”, apunta la especialista en migraciones.
Hacer las pruebas de edad en la Península
A diferencia de 2020, los trámites para determinar la edad de los migrantes funcionan con agilidad. María Farnés ha señalado que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de las 2.632 personas que esperaban por esta prueba el 31 de diciembre de 2023, solo quedan 68. A esta cifra se suman otros 122 posibles menores rescatados en lo que va de año. El repunte de llegadas de menores entre agosto y diciembre provocó “casi un colapso en las instituciones”. Sin embargo, la incorporación de medios y recursos humanos ha logrado aliviar el tapón.
La Fiscalía concentró sus esfuerzos en Tenerife y El Hierro, protagonistas de la ruta en los últimos meses. En el hospital del sur de Tenerife se creó un dispositivo específico compuesto por médicos forenses, guardias civiles y fiscales. Este operativo intentó replicarse en El Hierro, pero fue imposible por la falta de infraestructuras.
En la provincia de Las Palmas aún hay retos pendientes. La antropóloga y médico forense Diana García Bardeci subrayó en Lanzarote la necesidad de incorporar más medios. “Ahora mismo en la unidad de Gran Canaria somos dos. Cuando tuvimos la crisis de 2020 y 2021 éramos hasta cinco compañeros”, recordó. Además, el Instituto de Medicina Legal de Gran Canaria sigue a la espera de un aparato radiológico para acelerar las pruebas óseas, ya adquirido por el Gobierno canario y que lleva en una caja desde el 25 de enero.
En esta línea, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado su intención de solicitar al Estado que las pruebas de edad se realicen en la comunidad autónoma de destino. “Me parece muy peligroso porque perdemos de vista al menor, máxime cuando se pueden poner medios aquí para que se haga de manera rápida”, ha valorado la fiscal superior de Canarias.
El Ejecutivo autonómico rechaza dar más detalles sobre la propuesta de Clavijo. “El acuerdo político se está negociando y quedan los últimos flecos. Tenemos la confianza de que se cierre en los próximos días y para nosotros eso es más importante que adelantar el contenido”, subrayan.
La especialista en migraciones de Unicef España insiste en que los traslados deben hacerse con todas las garantías. “Si se estima que se refuerza la garantía haciendo determinados trámites en Canarias, habrá que reforzar los recursos humanos de todas las instituciones implicadas para que no suponga un retraso en los traslados”, explica Collantes.
Salud mental
Mientras tanto, los menores sufren las secuelas de un sistema saturado. “Estos niños y niñas afrontan importantes riesgos psicosociales de las circunstancias que viven en los países de origen, en tránsito y en destino”, señalan desde Unicef. La historia de la ruta canaria cuenta ya con decenas de ejemplos de jóvenes que se convierten en no acompañados en el propio cayuco, al ver morir a sus seres queridos en la travesía.
“Los expertos dicen que una situación que puede ser potencialmente traumática no tiene por qué generar un problema grave de salud mental si la primera acogida es correcta”, dice Collantes. Un hogar, cariño y atención pueden ser las claves para evitar problemas a medio plazo. “Cuando ni siquiera podemos identificar si pueden ser víctimas de trata o si han sufrido situaciones traumáticas, porque no lo permite la cantidad de niños por centro, vamos a provocar un agravamiento de su situación psicoemocional”, concluye.
