El fondo de garantía de depósitos cubriría ¢47.883 millones de los ahorrantes de Coopeservidores en caso de que el desenlace de esta entidad financiera, intervenida desde el pasado 13 de mayo, sea un proceso de resolución que requiera la activación del mecanismo. La suma equivale a menos de una décima parte de los depósitos totales, pero alcanzaría a una porción relativamente amplia de pequeños ahorrantes.
Según un documento del Fondo de Garantía de Depósitos, administrado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), del cual La Nación tiene una copia, hasta enero del 2024 se requerían ¢47.883 millones para lograr la cobertura de hasta ¢6 millones para el caso concreto de Coopeservidores.
El Banco Central confirmó a La Nación que este monto está compuesto por todos los depósitos menores a ¢6 millones en la entidad intervenida, así como por la cobertura parcial, de una suma de hasta ¢6 millones, de todos aquellos ahorros que son mayores a esta cantidad.
El monto cubierto por el fondo en el caso de Coopeservidores equivale al 9,7% de los ¢494.320 millones depositados a la vista o a plazo por clientes en la cooperativa. De ese total, ¢471.684 millones estaban a plazo y ¢22.636 millones eran a la vista, según los estados financieros de la entidad, a marzo del 2024.
La cifra de ahorros depositados excluye los intereses, ya que el mecanismo solamente cubre el monto principal y no los rendimientos. También es relevante destacar que, si bien el fondo cubre solamente ¢6 millones, no quiere decir que el resto de los ahorros estén perdidos para aquellos que tengan más de ese monto.
Justamente, el proceso de resolución lo que busca es una liquidación ordenada de la entidad que resulte inviable. El fondo cubre todos los depósitos de las personas físicas y jurídicas en las cuentas que mantienen en las 41 entidades registradas y supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Según los datos del Fondo, publicados el 5 de febrero pasado, la cantidad de depositantes a enero ascendía a 165.653. Por otro lado, en su estimación más reciente, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) informó que la cooperativa intervenida tiene alrededor de 131.500 personas asociadas.
De acuerdo con información suministrada por el Banco Central, aproximadamente el 90% de los ahorrantes en el sistema financiero nacional tienen montos por debajo de los ¢6 millones, con lo cual mantienen una cobertura total de sus ahorros por medio del fondo.
El 10% restante tiene una cobertura parcial de sus ahorros de hasta ¢6 millones, según indicó la autoridad monetaria. Vale la pena señalar que en el fondo de garantía de depósitos no se incluyen el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) ni las mutuales.
Las entidades financieras participantes en el fondo de garantía son los dos bancos estatales, el Banco Popular, los bancos privados, sucursales de bancos extranjeros, las cooperativas de ahorro y crédito, financieras, asociaciones solidaristas y la Caja de ANDE.
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Ernesto Solano, abogado de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), explicó que el fondo se puede utilizar únicamente si la entidad intervenida debe someterse a un proceso de resolución tras el periodo de intervención. Este camino se refiere al desmantelamiento o liquidación ordenada de la entidad.
El abogado de la OCF añadió que el proceso de resolución de la entidad financiera y la utilización oportuna de los recursos del fondo de garantía, en caso de que sea necesario deben ser aprobados por el Conassif.
El fondo administrado por el Banco Central tenía un patrimonio total de ¢11.517 millones al cierre de abril del 2024, según la información suministrada por el ente emisor. Los recursos se dividen en tres compartimentos: bancos públicos y el Banco Popular; bancos privados y financieras y, por último, el de cooperativas, asociaciones solidaristas supervisadas por Sugef y Caja de ANDE.
Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central, explicó que cuando hay alguna situación con una entidad, los recursos acumulados del compartimento respectivo del fondo son los que responden si se opta por la activación del mecanismo tras la intervención.
El ente emisor explicó que la normativa establece otros mecanismos de financiamiento en caso de que los recursos propios del fondo no sean suficientes para atender las obligaciones del seguro de depósitos. El fondo podría tomar dinero del encaje mínimo legal o la reserva de liquidez, de ser necesario. Adicionalmente, se pueden gestionar créditos o líneas contingentes.
“El monto faltante que sea necesario cubrir, lo que el seguro de depósitos deba cubrir a los depositantes de la entidad que falla, eso se toma de esos instrumentos (EML o reserva de liquidez) de las entidades que están en el compartimento. Por supuesto que las entidades tienen que restituirlo y tienen un plazo para hacerlo”, explicó Cubero.
A finales de 2023, los estados financieros del fondo mostraban que la mayoría del patrimonio, que en ese entonces era de ¢9.050,8 millones, lo acumulaban las entidades estatales y el Banco Popular (alrededor de ¢5.528 millones), mientras que el compartimento de las cooperativas tenía en torno a ¢1.113 millones. El resto era de las entidades privadas.
En tanto, los recursos de contingencia del encaje mínimo legal y la reserva de liquidez al final del año anterior ascendían a ¢557.614 millones, de los cuales ¢60.977 millones son del compartimento de las cooperativas, solidaristas supervisadas y Caja de ANDE.
El fondo de garantía se nutre de las contribuciones de las 41 entidades supervisadas que lo conforman, multas a los participantes en caso de que las hubiese, aportes voluntarios, donaciones y las utilidades del mismo fondo cuando decide invertir los recursos.
