La Fiscalía solicitará que se eleve a juicio el expediente por la muerte de Arelys Rodríguez Rojas, orientadora del Colegio de Puerto Jiménez, Golfito, quien acudió a realizarse una liposucción el 12 de octubre de 2020, pero falleció debido a una aparente sobredosis de lidocaína, un anestésico utilizado para bloquear las terminaciones nerviosas de la piel.
Los imputados en esta causa son un médico de apellidos Sánchez Bagnarello, de 69 años, y su hija de apellidos Sánchez Calvo, de 30. A ambos se les acusa del delito de homicidio culposo en la modalidad de mala praxis médica, previsto en el artículo 117 del Código Penal.
La Fiscalía confirmó que desde el 17 de mayo finalizó la acusación contra el médico y su hija. El lunes 20 de mayo, el abogado de la parte ofendida, Juan Carlos Peralta, presentó la querella y la acción civil resarcitoria, es decir, el derecho de la familia a realizar un cobro a los responsables por el daño causado. La acusación y la solicitud de apertura a juicio se remitirán al Juzgado Penal en los próximos días, según informó el Ministerio Público.
Arelys Rodríguez Rojas era madre de una joven de 23 años y de otra de 14. Vivía en Aguabuena de Coto Brus, un cantón fronterizo con Panamá.
Aquel 12 de octubre, Rebeca Rodríguez, hermana de Arelys, la acompañó a la cita a las 9 a. m., junto con una amiga a quien le habían realizado una cirugía en ese sitio.
Rebeca indicó que a su hermana ni siquiera le realizaron la operación, ya que se complicó desde el inicio. Según su relato, Arelys comenzó a convulsionar desde que empezó el tratamiento estético y no había un anestesiólogo ni un especialista que la asistiera, ni siquiera oxígeno.
Añadió que vio cuando Arelys abría los ojos como diciéndole que ya no podía más, y agonizó durante dos horas, pues alegó que la llamada al sistema de Emergencias 9-1-1 fue tardía. La ambulancia llegó a las 3 p. m. y la trasladaron al Hospital de Ciudad Neily, donde falleció.
Arelys Rodríguez Rojas era la tercera de siete hermanos y la mayor de las mujeres. Desde hacía varios años había valorado hacerse una liposucción y decidió buscar un lugar cercano para evitar los contratiempos causados por bloqueos en las calles durante esos días. Su intención era regresar sin problemas a casa y comenzar su recuperación.
El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica confirmó que la fiscalía de esa entidad tiene un proceso abierto contra el agremiado Sánchez Bagnarello. Expresaron que, por estar activo el caso, no se pueden dar más detalles al respecto. Asimismo, al dirimirse el caso en el ámbito judicial, la fiscalía interna pone en pausa el asunto hasta que se resuelva en sede judicial.
El abogado de la familia de Arelys Rodríguez Rojas, Juan Carlos Peralta, informó que la intención es demostrar en el juicio lo que la ampliación de la autopsia reveló: una sobredosis de lidocaína provocó la alteración en Arelys, lo cual, aunado a la falta de pericia al decidir el momento para trasladarla al hospital, resultó en su muerte.
Peralta explicó que Arelys llegó a las 9 a. m. a la clínica y media hora después comenzó el tratamiento. Luego del procedimiento, le administraron lidocaína y la dejaron en una supuesta sala de recuperación en esa casa, que no es una clínica y no tenía permiso para realizar esas operaciones, sólo para asuntos ambulatorios.
Según Peralta, la paciente se complicó y, en lugar de gestionarle un traslado inmediato al hospital mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1, Sánchez intentó estabilizarla, lo cual tomó mucho tiempo. Cuando ya no pudo manejar la situación, llamó al 9-1-1 y gestionó el traslado al Hospital de Ciudad Neily, donde llegó a las 3 p. m. Poco después, la doctora que la recibió la declaró fallecida.
Peralta afirmó que los elementos de prueba recabados son contundentes. Añadió que la hija del médico fue incluida en la acusación fiscal porque asistió a su padre y porque la clínica tenía los permisos a su nombre. Según Peralta, ella no tiene capacidad para manejar anestesia, ni siquiera en enfermería, y menos para maniobras en caso de complicaciones médicas.
Recalcó que Sánchez es médico general en el Hospital de Golfito y el 12 de octubre de 2020 estaba incapacitado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por lo que no debía realizar una operación de ese tipo. A pesar de su incapacidad, realizó esas labores privadas sin contar con una especialidad en cirugía plástica, correctiva ni estética.
“Sánchez llevaba meses incapacitado, lo que le impedía ejercer, y esa incapacidad fue aportada como prueba. No podía atender a personas y mucho menos operar”, dijo Peralta.
Afirmó que la complicación se generó al suministrar más anestesia de la debida, debido a la falta de un experto, y que esa impericia resultó en un delito culposo por faltar al deber objetivo de cuidado. Los elementos de prueba fueron claros y contundentes, lo que permitió redactar la plataforma acusatoria que presentó la Fiscalía junto con la querella de la familia, alegó el abogado.
Hay una acción civil resarcitoria contra Sánchez Bagnarello y su hija. Ahora, la familia espera que la Fiscalía remita el caso al Juzgado Penal para que convoque a audiencia preliminar y se determine si va a juicio y a partir de cuándo.
La Nación solicitó una reacción al correo del abogado Erick Martínez Trejos, quien en 2021 representaba al médico Sánchez, pero no se obtuvo respuesta. En diciembre de ese año, cuando no se tenía la ampliación de la autopsia, había dicho que los resultados aún no eran concluyentes, al estimar que, si bien es cierto hubo una intoxicación por lidocaína, no se establecía que hubiera sobredosis.
Afirmó que la paciente tomaba un medicamento (fentermina) que bloqueó un sistema enzimático del hígado encargado de procesar la lidocaína, y que no existía registro de cómo fue adquirido por la educadora ni que el Dr. Sánchez Bagnarello tuviera conocimiento de que ella se lo estuviese administrando.
