Una decisión del gobierno redujo “drásticamente” la capacidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para brindar atención médica a las personas en condición de pobreza y pobreza extrema, alertó la Auditoría Interna de la CCSS. Esta situación podría traducirse en limitaciones en los servicios de salud para esta población vulnerable.
La Auditoría se refiere al “cambio sustancial” que ejecutó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en relación con los recursos que el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) transfiere a la CCSS, para cubrir el programa de Asegurados por Cuenta del Estado.
Hubo una disminución significativa del 97%. Para el 2024, solamente se incluyeron ¢1.000 millones en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República. La cifra difiere de los ¢36.715 millones que se dispusieron en el plan de gastos del 2023, aunque estos recursos no fueron transferidos a la CCSS del todo.
Para la Auditoría Interna de la Caja, existe un riesgo directo para la salud pública. El informe AFINPE-0105-2023, del 11 de diciembre de 2023, señala que la carencia de estos fondos dejaría descubierto a un grupo importante de personas “que no podrían acceder al servicio médico otorgado por la institución debido a limitaciones económicas”.
La gerente financiera de la CCSS, María del Pilar San Silvestre, indicó a La Nación que la institución ha advertido al Ministerio de Trabajo, en varias ocasiones, sobre el “impacto social” que conlleva el impago de recursos para cubrir el costo de aseguramiento de las poblaciones vulnerables.
“Se han llevado a cabo procesos de conciliación de adeudos, los cuales han incluido, entre otros conceptos, el costo del aseguramiento por el Estado a la población en pobreza y pobreza extrema; no obstante, a la fecha no se han registrado avances en la recuperación de adeudos por este concepto”, expresó San Silvestre.
La gerente financiera indicó que, entre enero del 2018 y febrero 2024, la CCSS ha facturado ¢586.388 millones de servicios correspondientes al programa de Asegurados por Cuenta del Estado, de los cuales se han recibido pagos por ¢126.962 millones, equivalentes a un 21,6% del monto total.
Durante todo el 2023, Fodesaf no suministró dinero para la atención de la población en pobreza, a pesar de que la CCSS le emitió facturas por un total de ¢84.089 millones.
De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República (CGR), la CCSS registró que, para diciembre del 2023, el gobierno le adeudaba ¢3,6 billones, de los cuales ¢567.010 millones corresponden al programa Asegurados por Cuenta del Estado. Este se creó para garantizar la atención de personas en “indigencia médica”.
En el centro del conflicto por el impago de las facturas se encuentra, precisamente, un diferendo respecto al significado del término “indigencia médica”. La Auditoría Interna señaló que la postura de la Desaf es que el programa solamente debe cubrir a personas en condición de calle.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, manifestó a La Nación que el conflicto se debe a que la CCSS cobra a la Desaf “lo que le da la gana”. El jerarca estimó que en el país existen, actualmente, 3.000 personas en condición de calle, pero la institución de seguridad social “definió” el concepto de “indigencia médica”, como cualquier persona que no pague, tenga o no tenga dinero.
Según Acosta, esta definición no se acopla a los objetivos definidos por ley para el Fodesaf sobre atención de personas en pobreza y pobreza extrema. “No es posible que la CCSS cobre por lo que no le pagaron y eso se lo cobra al Estado”, agregó.
Por su parte, la Contraloría General de la República citó, en un informe de auditoría sobre el MTSD, que cualquier diferencia sobre la definición de “indigencia médica” quedó zanjada por la Procuraduría General de la República (PGR) el 18 de noviembre del 2021, cuando evacuó una consulta de la entonces ministra de Trabajo, Silvia Lara Povedano.
En el criterio PGR-C-311-2021, la Procuraduría aclaró que Fodesaf debe financiar los costos de aseguramiento de las personas que se encuentren en “indigencia médica”, según lo define el artículo 10 del reglamento: “Siempre que esas personas estén en una situación de pobreza o de pobreza extrema”.
Luis Ávalos Rodríguez, director de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), alegó que el impago se debe a una suspensión acordada entre el Ministerio de Trabajo y la CCSS, mientras que la institución de seguridad social depura sus bases de datos para verificar que la población cubierta cumple con los requisitos definidos en el programa.
Gobierno suspende pagos a CCSS por atención de personas en pobreza
La Nación remitió consultas a la oficina de prensa de la CCSS para conocer si la institución avaló el acuerdo mencionado por Ávalos, pero no obtuvo respuesta.
La Auditoría Interna de la CCSS también identificó deficiencias a lo interno de la institución, que son importantes de atender por su impacto en la gestión cobratoria.
En este sentido, indicó que la Dirección de Coberturas Especiales tarda, en promedio, 5,5 meses para enviar los registros de Asegurados por Cuenta del Estado a la Dirección Actuarial y Económica, “ocasionando un impacto negativo” en la capacidad de esta oficina para procesar los datos de forma oportuna, ya que los registros tardíos pueden requerir un plazo adicional para ser revisados y procesados, en caso de contener información incompleta o incorrecta.
A la vez, se observaron debilidades con respecto a la información consignada en la herramienta de control en Excel, establecido por las Unidades de Validación y Facturación de Servicios Médicos del hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, Áreas de Salud de Golfito y Coto Brus.
De igual manera, se consignó una falta de claridad sobre la verificación, revisión periódica y seguimiento de los casos a los que se les ha otorgado el beneficio “provisional-definitivo” de Asegurados por Cuenta del Estado, así como, carencia de la fecha en que se efectuó dicha revisión y el cambio del estado o la condición del asegurado.
Colaboró el periodista Josué Bravo.
