En comunidades políticas diversas, como lo son los Estados y especialmente el Perú, sus órganos de gobierno y gestión se ven enriquecidos cuanto más se logra contar con representantes de esa diversidad en los más altos cargos. Números más, números menos, nuestras comunidades son conformadas mitad por hombres, mitad por mujeres.
Sin embargo, las mujeres estuvimos mucho tiempo excluidas de la participación en la toma de decisiones y en el poder político de nuestras comunidades. De hecho, nuestra bicentenaria república nació sin una sola mujer firmando la declaración de independencia. De las heroínas Toledo, Micaela Bastidas o Rosa Campusano empezamos a hablar más tarde, y aún hoy son apenas un puñado de nombres los que conocemos, frente a las larguísimas listas de libertadores.
Y si hablamos de la participación en la democracia moderna, toca recordar que solo hace 68 años, en 1956, adquirimos el derecho a voto y a ser elegidas para cargos públicos, y recién en 1985 pudimos contar con mujeres ministras.
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Relegadas históricamente a lo doméstico y al ámbito privado y familiar, ha costado mucho esfuerzo colectivo, de mujeres diversas en todo sentido, el que hoy se haya normalizado que las mujeres podamos participar de todos los ángulos de la vida pública, política, económica y social y que las tasas de participación electoral y ocupación de cargos públicos se han incrementado cada vez más, hasta contar hoy con el número más alto de mujeres parlamentarias de la historia peruana.
Pero este logro no ha sido espontáneo ni natural. Si bien hay que valorar las grandes capacidades de liderazgo de muchas mujeres que han logrado ganarse a pulso el respaldo ciudadano, es importante reconocer también que los partidos y movimientos políticos son estructuras construidas bajo parámetros y costumbres que hacen difícil el ascenso de las mujeres, lo que se suma a un conjunto de prejuicios y cargas culturales que llevamos aún sobre nuestros hombros.
Por eso es importante reconocer que lo que más ha funcionado para la promoción de la participación política de las mujeres ha sido la implementación de las denominadas “medidas de discriminación positiva”, que son medidas prácticas que buscan dar un impulso para acortar las brechas de participación con mayor velocidad que la que el solo cambio estructural y de cultura política podría tener.
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La primera medida empleada fueron las cuotas, que dieron a los partidos políticos la obligación de contar con un porcentaje mínimo de mujeres en las listas para congresistas, consejos regionales y regidurías municipales: 25% en 1997, 30% en 2001. que, de otro modo, muchas veces era ocupado por el mismo hombre de siempre, incluso si era menos calificado que su compañera de militancia.
Sin embargo, los datos mostraron con el tiempo que las cuotas habían sido insuficientes para garantizar la participación política de la mujer en igualdad de condiciones y que si bien habían permitido un mayor acceso a cargos de elección popular, aún estábamos muy lejos de que las mujeres pudiesen alcanzar la igualdad en estas lides.
Por ello, y con el objetivo de dar otro fuerte impulso hacia una democracia más igualitaria en materia de género, es que se estableció la reforma de la paridad y alternancia en el país.
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Llamamos paridad al principio que se utiliza para garantizar la participación igualitaria entre hombres y mujeres en la competencia electoral por representación política y que en la práctica significa que las candidaturas se compongan por mitad de varones y mitad de mujeres. Sin embargo, los años de aplicación de cuotas nos habían mostrado que, si se deja al libre albedrío de las cúpulas partidarias —que suelen estar compuestas principalmente por varones—, las mujeres terminamos ocupando o los números más bajos de las listas, o las candidaturas en los lugares en que se da por perdida la elección. Es decir, mínimas o nulas posibilidades de elección.
Por ello la relevancia de dos medidas adicionales: la primera, la alternancia, que garantiza que las listas electorales intercalen un hombre-mujer-hombre o mujer-hombre-mujer, con lo cual podremos encontrar mujeres desde los primeros lugares de las candidaturas, teniendo con ello mayores posibilidades de elección. La otra medida importantísima es la denominada paridad horizontal: las listas electorales de un partido deben encabezarse mitad por hombres mitad por mujeres. En nuestro país, la paridad horizontal se reguló únicamente para la participación de los partidos en elecciones regionales: si el partido postula en 12 regiones, 6 tendrán que tener candidato a gobernador y otras 6 candidatas a gobernadora.
Esto es de gran importancia si miramos la realidad del país: en el periodo 2014-2018 solo se eligió a UNA mujer gobernadora en 26 regiones. Del 2018-2022, ninguna.
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¿Es poco? Poquísimo, Pero es el 200% de avance.
Sin embargo, hace tan solo unas semanas el Pleno del Congreso aprobó una reforma electoral en la que, entre otras cosas, se elimina la paridad horizontal para las elecciones regionales. Fueron dos los hombres congresistas que abogaron por esta eliminación.
Innumerables mujeres políticas, muchas de ellas hoy vicegobernadoras en sus regiones gracias a la paridad y alternancia, exigen no ser invisibilizadas con una ley que a todas luces es un retroceso y que demandan que sea observada por el Ejecutivo y corregida en el Parlamento.
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Tantos las cuotas como la paridad y alternancia fueron promovidas y aprobadas por parlamentarias de diversas tiendas políticas. Es decir, los avances en cuanto a mecanismos para la participación política de las mujeres han sido transversales a partidos e ideologías y han sabido incluso dejar de lado conflictos políticos para dar un legado de igualdad para las mujeres del país.
Por eso, es importante que encontremos puentes, esta vez también para garantizar la participación política de las mujeres de las diversas regiones del país, para seguir construyendo legado e igualdad política.
